El Constitucional ampara al PP porque el Congreso retrasó 2 años la tramitación de una ley

Madrid, 14 abr (EFE).- El Tribunal Constitucional ha estimado por unanimidad el recurso de amparo que presentó el grupo del PP en el Congreso en la anterior legislatura ante la decisión de la Mesa de la Cámara de prorrogar 71 veces el plazo para registrar enmiendas a un proyecto de ley, que acabó decayendo más de dos años después al convocarse elecciones.

El pleno del tribunal de garantías ha adoptado esta decisión por unanimidad, al entender que la Mesa, presidida entonces por la socialista Meritxell Batet, vulneró los derechos de los diputados a ejercer sus funciones representativas.

La iniciativa en cuestión derivaba de un decreto ley aprobado en 2020 que fue convalidado por el pleno y que se acordó que fuera tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, lo que reduce a la mitad los trámites e implicaba que el plazo debía concluir el 15 de febrero de 2021.

Pero la Mesa del Congreso "procedió sistemáticamente, y sin motivación de su decisión, a autorizar sucesivas prórrogas de ese plazo, lo que a la postre determinó la caducidad del proyecto de ley, al concluir la legislatura el 30 de mayo de 2023 por la convocatoria de elecciones generales", destaca el tribunal de garantías en un comunicado.

El Constitucional recuerda que cuando se aprobó la prórroga 71, el PP pidió que se reconsiderara la decisión, pero la Mesa lo rechazó alegando simplemente que era competente para ampliar los plazos.

Los populares recurrieron al Constitucional, y el pleno de este organismo les da la razón, al estimar que se vulneró el artículo 23 de la Constitución, que recoge el derecho de los diputados a ejercer sus funciones representativas y el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de representantes.

Anula así los acuerdos impugnados, aunque su decisión tiene efectos meramente declarativos porque la legislatura ya acabó.

En la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Enrique Arnaldo, se señala que la Mesa del Congreso hizo un uso "indebido" de sus competencias al obstruir la tramitación de un proyecto legislativo y vulneró el derecho a la participación política de los diputados del PP, que no pudieron presentar enmiendas a la iniciativa legal.

Ampliar el plazo de enmiendas, destacan los magistrados, tiene como objetivo dar tiempo a los diputados para estudiar el proyecto en cuestión y decidir si lo enmiendan, pero esa competencia no puede ser utilizada para impedir que los parlamentarios puedan pronunciarse sobre un proyecto y para dificultar y obstruir su trabajo. EFE