Madrid, 13 abr (EFE).- El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha informado de que el Gobierno trabaja para ultimar el real decreto para la regularización extraordinaria de migrantes tras recibir las observaciones del Consejo de Estado con el objetivo de aprobarlo mañana.
En declaraciones a los medios antes de presentar la convocatoria 2026 de las becas SERÉ para aspirantes a jueces y fiscales, Bolaños ha precisado este lunes que el Ejecutivo ha trabajo en los últimos días el real decreto "sobre la base del dictamen del Consejo de Estado", que ha planteado "algunas observaciones para mejorar el texto".
Bolaños ha defendido la medida, al asegurar que los potenciales beneficiarios son migrantes que hoy viven en España "sin derechos y sin hacer aportación alguna ni a la Seguridad Social ni a la Hacienda pública", por lo que se trata de un acción "de justicia" pero que también va a significar mayores recursos para el estado del bienestar.
Ha subrayado que la patronal, la Conferencia Episcopal Española y el Vaticano apoyan esta regularización y solo están en contra de ella el PP y Vox, esta última fuerza inspirada por la "internacional ultraderechista con postulados xenófobos" que intenta acabar con "los procesos naturales en los países europeos, que tiene que ver con la inclusión de personas que vienen de fuera.
Aunque en términos generales, el dictamen del Consejo de Estado avala la medida por su potencial integrador y los beneficios que supondrá para el conjunto del país, hace algunas observaciones para mejorar el texto, una de ellas relativa a la flexibilidad que ofrece el texto para acreditar la ausencia de antecedentes penales.
Este recoge que, de forma excepcional, si un potencial beneficiario no consigue su certificado de antecedentes penales en el plazo de un mes, lo podrá recabar el Gobierno de España y, si este no lo consigue en otro mes, bastará con aportar una declaración responsable del interesado.
Sin embargo, el órgano consultivo advierte de que esta fórmula, la de la declaración responsable, resulta "inadecuada" para un proceso masivo de tramitación que afectará a un número muy elevado de personas y permite "relajar injustificadamente la diligencia que cabe razonablemente exigir a los beneficiarios de ese proceso". EFE
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