Accidente minero de Cerredo: Un año de búsqueda de responsabilidades penales y políticas

Oviedo, 30 mar (EFE).- La mañana del 31 de marzo de 2025 cinco trabajadores murieron y otros cuatro resultaron heridos por una explosión de grisú registrada en el interior de la mina asturiana de Cerredo, y tras un año de actuaciones técnicas, judiciales y políticas la investigación sigue en marcha para despejar interrogantes y determinar si pudo haberse evitado la mayor tragedia de la minería asturiana en tres décadas.

Por el momento, todas las vías abiertas apuntan a que en el interior de esta mina de montaña situada en el límite entre Asturias y León se estaba extrayendo carbón, que la empresa carecía de autorización para hacerlo y que las condiciones de seguridad eran insuficientes e inadecuadas.

No solo el testimonio de algunos de los heridos que sobrevivieron a la explosión lo ha puesto de relieve, también el Servicio de Minas del Principado ha concluido que la actividad era “clandestina”, que no estaba autorizada la extracción de carbón, que se incumplían medidas de seguridad y que no había un sistema adecuado de ventilación.

La sospecha de que Blue Solving, la empresa titular de los derechos mineros de Cerredo, estaba llevando a cabo una actividad irregular y sin seguridad planeó desde los primeros días, e incluso llevó a la entonces consejera de Transición Ecológica de Asturias, Belarmina Díaz -dimitió once días después del accidente- a afirmar que las condiciones de trabajo que había en el interior de la mina no se daban "ni en el peor de los chamizos".

A día de hoy, la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Cangas del Narcea sigue abierta, mientras que en el ámbito político y administrativo se han sucedido inspecciones, comparecencias y la elaboración de informes, algunos de ellos aún inconclusos.

El juzgado, que investiga cinco delitos de homicidio por imprudencia y otros cuatro de lesiones, ha prorrogado la instrucción ante la falta de algunos informes y declaraciones, aunque ha levantado ya el secreto de sumario.

La comisión constituida en el parlamento asturiano para depurar responsabilidades políticas dispone hasta finales de abril para terminar de analizar la documentación recabada y los testimonios de los más de 70 comparecientes que han pasado por ella.

No obstante, a falta del dictamen, PP, Vox y Foro ya consideran que de sus declaraciones se desprende que había graves deficiencias de seguridad que la administración no detectó, y que puede hablarse de negligencia e incluso de fraude de ley en los permisos dados para que se pudiese sacar carbón de la mina.

Precisamente, los proyectos de investigación complementaria (PIC) con los que Minas autorizaba la extracción de carbón que no tuviese destino térmico han estado en el punto de mira de la comisión parlamentaria por si pudiesen haber sido utilizados como 'tapadera' para seguir extrayendo mineral.

También son objeto de controversia el papel que ha jugado la Dirección de Minas y las inspecciones que se llevaron a cabo en Cerredo, una mina que recibió ayudas europeas para su cierre en 2018 y que reanudó su actividad en 2022.

Las actuaciones del Servicio de Minas del Principado también están siendo objeto de un informe encargado a la Inspección General de Servicios de la administración asturiana con el que se pretende aclarar si hubo errores y cómo puede mejorarse, un documento que aún no ha visto la luz. EFE