
El testimonio del hijo menor de Juana Rivas, programado en un nuevo proceso judicial en Italia, se enmarca dentro de una disputa legal prolongada por la custodia y el contacto familiar tras su regreso al país alpino con su padre, Francesco Arcuri, luego del periodo navideño pasado. Según publicó Europa Press, la intervención del menor responde a la denuncia que el equipo jurídico de su madre presentó hace unos meses. En ella se acusa a Arcuri de impedir cualquier comunicación tanto entre el menor y Juana Rivas como con su hermano mayor desde el 25 de julio, fecha a partir de la cual el niño se encuentra residiendo en Italia.
De acuerdo con Europa Press, este procedimiento es independiente del juicio que actualmente enfrenta Francesco Arcuri en Cagliari, donde es investigado por supuestos malos tratos físicos y psicológicos hacia sus hijos. Durante la reciente sesión judicial, celebrada el 26 de marzo, se presentaron como testigos dos psicólogas y una enfermera propuestas por la Fiscalía. Una de las psicólogas afirmó que el hijo menor, Daniel, le proporcionó relatos contradictorios sobre los presuntos malos tratos, retractándose en algún momento de las acusaciones contra su progenitor. Aunque la profesional no pudo determinar la veracidad de los hechos narrados por el menor, precisó que algunos elementos citados escapan a su memoria actual, según reportó Europa Press citando las declaraciones registradas en el tribunal.
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La segunda psicóloga compareciente siguió el caso del hijo mayor, Gabriel, durante el periodo en el que residía en Italia siguiendo indicaciones del juzgado. Europa Press detalló que la especialista otorgó "total credibilidad" a los episodios relatados por Gabriel sobre presunto maltrato físico y psicológico sufridos, según declaró ante la autoridad judicial. Entre los episodios descritos, Gabriel mencionó agresiones directas recibidas, tales como golpes en zonas vulnerables de la cabeza contra estructuras del hogar y amenazas, sumado a casos en los que su padre le sujetó bruscamente por el cuello. En su testimonio ante el tribunal, reproducido por Europa Press, Gabriel sostuvo: "Situaciones en las que, al ser una persona pequeña y vulnerable, crees que tu vida puede acabar ahí".
Los relatos también incluyeron episodios referidos a su hermano menor, Daniel, quien habría sido arrastrado por las escaleras, según el mayor de los hermanos, recibiendo golpes que le dejaban llorando indefenso en el suelo. Además, una enfermera también testificó ante el tribunal sobre incidentes en el hospital de Cagliari. Europa Press relató que la profesional indicó haber solicitado la intervención del personal de seguridad del hospital tras sentirse amenazada por Arcuri durante un ingreso de los niños debido a la actitud del italiano.
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La comparecencia del hijo menor de Juana Rivas, anunciada para este jueves, ha suscitado solicitudes de medidas de protección por parte del entorno de la madre, quien pide que el menor disponga de garantías para declarar sin temor. El entorno jurídico de Rivas lamenta que el niño no haya podido comunicarse con ningún miembro de su familia desde su retorno a Italia y subraya la necesidad de salvaguardar su bienestar ante el tribunal.
Según agregó Europa Press, la causa abierta en Italia respecto a los acusaciones de maltrato físico y psicológico contra Arcuri continúa de forma paralela a la investigación que se sigue en España. En ese país, el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada mantiene activa una causa penal contra Juana Rivas, quien fue denunciada por presunta sustracción de menores después de que el hijo pequeño no regresase a Italia en el plazo establecido tras las vacaciones navideñas. Europa Press especificó que Rivas prestó declaración por este asunto el 30 de octubre pasado, sin que a la fecha el juzgado haya decidido sobre la petición de archivo solicitada por su defensa.
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Juana Rivas —oriunda de Maracena— había sido previamente condenada por un caso similar. Europa Press recordó que, en 2016, Rivas trasladó a sus dos hijos a España desde Italia sin el permiso del padre, alegando que escapaba de un contexto de violencia doméstica. Tras un mes en paradero desconocido en 2017, el Tribunal Supremo de España redujo su condena de cinco años a dos años y medio de prisión, sanción que luego fue objeto de un indulto parcial por parte del Gobierno español en 2021, condicionado a que no reincidiera en el mismo tipo de delitos durante un periodo de cuatro años.
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