El fallo de la Audiencia Provincial de Cantabria incluye la absolución de una acusada por blanqueo de capitales, ya que, según señaló el ministerio público, no conocía el origen ilícito del dinero que transfirió a uno de los condenados. Este punto fue detallado durante una vista preliminar ante la Sección Tercera del tribunal, en la que la implicada manifestó su falta de conocimiento sobre el trasfondo de los fondos, situación que motivó la retirada de los cargos por parte de la Fiscalía, informó el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).
Durante esa misma audiencia, los siete acusados reconocieron las actividades ilícitas vinculadas a tráfico de drogas y receptación de vehículos robados. La Fiscalía expuso en su escrito los modos de operación del grupo, que incluían la venta de cocaína y hachís conseguida por medio de una plantación de marihuana ubicada en una localidad de Segovia. Dicha plantación albergaba un total de 179 plantas en fase avanzada de crecimiento y estaba equipada con diversos dispositivos de iluminación y herramientas especializadas para el cultivo, según detalló el medio.
El TSJC precisó que el grupo de acusados también participaba en el comercio de automóviles de lujo robados. Con ese objetivo, trasladaban estos vehículos entre Italia y España, alterando sus características antes de proceder a su venta con el fin de encubrir su verdadera procedencia. Para legalizar los automóviles, constituyeron una empresa que intervino en los trámites de titularidad de varios vehículos, entre los cuales se encuentran dos Maserati, dos Toyota, un BMW y un Alfa Romeo, de acuerdo con la información consignada por el TSJC.
En los registros policiales efectuados en viviendas situadas en Castro Urdiales, Baracaldo y Mozoncillo (Segovia), las autoridades hallaron estupefacientes, instrumental para la manipulación y preparación de drogas y una cantidad notable de placas de matrícula. Durante el proceso judicial se acreditó además que uno de los acusados, junto a su hermana, fundó una sociedad dedicada en apariencia a inversiones con la finalidad de dar legitimidad a los beneficios obtenidos por estas operaciones ilícitas, reportó el Tribunal Superior de Justicia.
Las sentencias dictadas corresponden a delitos de tráfico de drogas, receptación, falsedad documental y blanqueo de capitales. El principal encausado recibió una pena de cinco años y ocho meses de prisión, acompañada de una multa de 30.000 euros. El resto recibió sanciones más bajas, ajustadas a la gravedad de los delitos cometidos y a las cantidades de droga incautadas. Así, uno fue condenado a cuatro años de prisión y 6.810 euros de multa tras demostrarse su participación en tráfico de drogas, receptación y falsedad documental; otro recibió dos años y nueve meses de cárcel y una multa de 6.540 euros por delitos análogos.
Otro miembro del grupo fue sentenciado por tráfico de drogas y receptación a cuatro años y tres meses de prisión, además de una multa de 5.200 euros, de acuerdo con la información publicada por el TSJC. Dos individuos fueron castigados exclusivamente por receptación, con sentencias que van desde quince hasta ocho meses de prisión. El séptimo condenado recibió una pena de un año de cárcel y una sanción de 6.000 euros por tráfico de estupefacientes.
El tribunal fundamentó que la gravedad de los hechos, las pruebas reunidas en distintas localizaciones y la confesión por parte de los implicados justificaban las sentencias impuestas, según narró el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Además, la creación de empresas ficticias con el fin de dar un manto de legalidad a las ganancias ilegales quedó probada en autos, lo que permitió atribuir el delito de blanqueo de capitales a algunos de los acusados, detalló el TSJC. La actuación coordinada de la organización en actividades de tráfico de drogas y manipulación de vehículos sustraídos fue considerada por los jueces como un elemento agravante en la valoración de las penas.
La causa, según coincidieron todas las partes durante la vista de conformidad, queda centrada en la sustancia probatoria aportada, los registros domiciliarios realizados y la confesión de los acusados, quienes aceptaron de forma expresa las condenas y sanciones económicas propuestas por el ministerio público. Toda la información consignada por el TSJC revela el entramado delictivo en que se desenvolvía el grupo, con circuitos de venta de estupefacientes y vehículos de alta gama robados dentro y fuera del país.
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