Un juez levanta el secreto de sumario de la causa de los bonos comercio de Alicante con Baño como único imputado

Una sociedad mercantil supuestamente instrumental se encuentra bajo revisión judicial en Alicante tras el levantamiento del secreto de sumario en la causa que investiga la asignación y justificación de subvenciones del llamado bono comercio, mecanismo dirigido a los municipios de la provincia durante los años 2022 y 2023. La decisión, adoptada por el juez titular de la plaza 4 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, permitirá a las partes acceder a los detalles de la investigación, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

De acuerdo con la información recogida por el TSJCV, la causa se centra en presuntas irregularidades en la gestión de fondos públicos por parte de la Diputación de Alicante, teniendo como único imputado a Carlos Baño, presidente tanto de la Cámara de Comercio de Alicante como de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme). La investigación aborda un posible delito de estafa y/o fraude en subvenciones, con cuantías iniciales calculadas por la Policía en más de 100.000 euros pendientes de justificar.

El procedimiento judicial se remonta a febrero, momento en que el magistrado inició las diligencias previas tras recibir una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. Según detalló el TSJCV, esta fiscalía ya había recibido a su vez una denuncia inicial de la Agencia Antifraude y venía desarrollando las pesquisas en el marco de diligencias preprocesales antes de trasladarlas a la esfera judicial.

La investigación se focaliza en la gestión del bono comercio a través de Facpyme y la citada sociedad mercantil, bajo la presidencia de Baño, examinado por su papel durante los ejercicios analizados. En el curso de las indagaciones, el 13 de marzo, agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de Baño, quien quedó posteriormente en libertad con cargos, tal como publicó el TSJCV. Ese mismo día, cumpliendo un mandamiento judicial, se realizaron varios registros en la sede de la federación en la calle Orense de la capital alicantina y en un trastero vinculado a la entidad.

La retirada del secreto de sumario anunciada este jueves desbloquea el acceso al sumario, lo que permitirá que las partes conozcan las diligencias practicadas, la documentación recopilada y los detalles de los hechos objeto de investigación. El levantamiento se produjo a través de un auto notificado oficialmente, según publicó el Tribunal Superior de Justicia.

En respuesta al avance de las actuaciones, Carlos Baño reiteró públicamente, durante un acto institucional de la Cámara de Comercio celebrado el miércoles, que mantiene su postura de inocencia ante las acusaciones. Según informó el medio, Baño afirmó: “honradez ha habido, aprovechamiento no ha habido”, y recalcó que permanece “a disposición” de la justicia, negando haber percibido remuneración “ni en esa federación ni en la institución cameral”. El presidente empresarial agradeció las muestras de confianza recibidas durante este proceso e insistió en que “no os voy a defraudar nunca", en referencia al respaldo expresado por miembros de las entidades que representa.

Los hechos objeto de la causa se remontan a la gestión de fondos para el bono comercio por parte de Facpyme y la entidad mercantil investigada, mecanismos impulsados desde la Diputación para estimular el comercio local mediante ayudas económicas. La policía, encargada de las labores de investigación, cifró inicialmente en más de 100.000 euros la cantidad cuya justificación está pendiente. Las diligencias judiciales ahora abiertas permitirán analizar la documentación y esclarecer la existencia o no de responsabilidades penales por parte del investigado, según consignó el TSJCV.

La intervención de la Policía Nacional incluyó actuaciones directas sobre la sede de Facpyme, donde se accedió a diferentes áreas administrativas y a un trastero que opera como depósito de documentos y material vinculado a la actividad de la federación empresarial. Las pesquisas policiales tienen su origen en la denuncia canalizada desde la Agencia Antifraude y tramitada por la Fiscalía Anticorrupción, que activó el proceso judicial actualmente en curso.

Según reportó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el proceso avanza en su fase de instrucción, con la finalidad de determinar si los fondos destinados al bono comercio durante los años 2022 y 2023 presentaron irregularidades y si se configuró un delito de fraude o estafa en el reparto o el manejo de las subvenciones públicas concernidas. Con la apertura del sumario, las partes podrán examinar las pruebas, declaraciones y el resto de actuaciones que forman parte del procedimiento.

La exposición pública del caso ha motivado declaraciones de Baño dirigidas tanto al entorno empresarial como a la opinión pública, en las que subraya su disposición a colaborar con la investigación y reclama confianza mientras se desarrolla el proceso judicial. Los próximos pasos previstos en la investigación incluirán el análisis detallado de la documentación recogida, el estudio de la contabilización y destino de los fondos involucrados y la eventual declaración de testigos o responsables administrativos relacionados con la gestión de las ayudas investigadas, conforme a los procedimientos habituales en causas de este tipo, detalló el TSJCV en sus comunicaciones.

Este proceso judicial marca un nuevo episodio en la fiscalización y control del manejo de fondos públicos en la provincia de Alicante, ante la alerta comunicada por la Agencia Antifraude y las actuaciones desplegadas por los organismos judiciales y policiales. El seguimiento del caso continuará ajustándose a las pautas procedimentales y a los plazos judiciales, permitiendo que los agentes implicados revisen el conjunto de actuaciones sobre los hechos imputados y determinen la posible existencia de responsabilidad penal en torno a la figura de Carlos Baño y las estructuras involucradas, según ha publicado el Tribunal Superior de Justicia.