PACMA solicita cautelares contra el 'vampiro de Humanes' para evitar que estudie veterinaria

El equipo legal del Partido Animalista ha solicitado que el Juzgado de Instrucción número 6 de Fuenlabrada amplíe las medidas cautelares para impedir la presencia de Luis Miguel V., conocido como el ‘vampiro de Humanes’, en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, después de que se conociera su matrícula en dicha institución. Según informó PACMA, la petición responde a la preocupación sobre el posible riesgo de reincidencia en el maltrato animal y la vulneración de las sanciones judiciales previas que le impiden ejercer actividades vinculadas con animales.

De acuerdo con PACMA, el caso salió a la luz pública en 2022 tras la investigación sobre prácticas presuntamente ilegales asociadas a Luis Miguel V., quien, según el partido, habría extraído y comercializado sangre de animales criados para tal fin. Estas acciones se habrían dirigido a la venta de sangre a clínicas veterinarias, sin cumplir los requisitos de seguridad y control sanitario exigidos por la normativa vigente, lo que también supondría un riesgo para la salud pública.

La investigación judicial sobre Luis Miguel V. se inició después de que un empleado de un horno crematorio presentara una denuncia tras recibir semanalmente una cantidad elevada de cadáveres de animales, todos ellos bajo la responsabilidad del acusado. Según detalló PACMA, la intervención posterior permitió el hallazgo de más de 250 animales en condiciones de deterioro físico y ambiental, hechos por los cuales se dictaron resoluciones judiciales que le prohíben participar en cualquier actividad relacionada con el trato animal.

Además, PACMA señaló que la nueva matrícula de Luis Miguel V. en Veterinaria representa un riesgo directo, dado que la carrera implica la manipulación y el cuidado de animales, lo que podría facilitar la repetición de conductas objeto de investigación penal. En respuesta, el partido animalista solicitó la adopción urgente de nuevas restricciones, además de la evaluación por parte del juzgado de un posible delito de quebrantamiento de condena, como prevé el artículo 468 del Código Penal.

El Refugio también participa en la causa como acusación popular. Tal como publicó PACMA, las organizaciones personadas insisten en la necesidad de evitar cualquier acceso de personas investigadas o condenadas por maltrato animal a ambientes donde puedan interactuar con animales, a fin de salvaguardar la protección y el bienestar de estos.

En comunicaciones recientes, el Partido Animalista reiteró su intención de seguir involucrado judicialmente en el proceso y recordó la importancia de que las decisiones judiciales en materia de maltrato animal se acaten en su totalidad. De acuerdo con el relato de PACMA, la causa pone en relieve los desafíos asociados al seguimiento y aplicación de medidas restrictivas, así como el papel de las entidades en la vigilancia de la protección animal en entornos educativos y profesionales.