Valladolid, 26 mar (EFE).- La Junta de Castilla y León ha pedido al Gobierno central que reconsidere la decisión de cerrar la estación de esquí de Navacerrada, después de que el Tribunal Supremo haya ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que obliga a desmantelarla, y ha defendido que la sostenibilidad ambiental no es incompatible con la creación de riqueza y empleo.
El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha reconocido a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno autonómico que la sentencia deben cumplirla, lo que no impide que mantengan su posición en defensa de la actividad del estación de esquí de Segovia.
"No encontramos ninguna razón para que la estación de esquí de Navacerrada sea la única de España que el Gobierno quiera cerrar", ha apuntado, y ha lamentado que entre todos los proyectos del país se haya "fijado exclusivamente" en uno que beneficia a Castilla y León, y también a la Comunidad de Madrid.
Por ese motivo, la Junta le pide al Ejecutivo central que "reconsidere la decisión", un posicionamiento político, dentro del "sentido común y la razón", que evidentemente va al margen de la cuestión administrativa y legal, ya que "la justicia tiene otros cauces", ha apuntado Fernández Carriedo.
"La sentencia es de obligado cumplimiento, pero tiene más que ver con la forma que con el fondo", ha insistido el portavoz, y ha reclamado al Gobierno que al menos dé explicaciones sobre si considera "malas" todas las estaciones de esquí o solo las que benefician a Castilla y León y Madrid.
Ha explicado que ahora estudiarán la sentencia, después de que el Tribunal Supremo haya acordado no admitir a trámite los recursos de casación presentados por Castilla y León y la empresa concesionaria contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que condena a la Junta a declarar la caducidad de la estación, confirmándola.
La Junta va a buscar las vías que permitan encontrar una solución "dentro de sus competencias" a lo que plantea la sentencia del TSJCyL, que en 2024 ordenó a la Junta resolver la liquidación, la retirada de las instalaciones y la restauración de la zona, así como la liquidación de la indemnización si procede. EFE
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