
La dirigente de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, puso sobre la mesa que en España existen dos millones y medio de horas laborales que ni se pagan ni cotizan, remarcando que la digitalización integral y accesible del registro horario es la vía necesaria para enfrentar el fraude en las jornadas de trabajo. Según reportó Europa Press, la portavoz parlamentaria denunció la postura del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, manifestando su reiterada oposición a propuestas laborales impulsadas desde el Ministerio de Trabajo, como la citada reforma del registro horario.
De acuerdo con Europa Press, Barbero expresó durante una rueda de prensa en el Congreso que Economía remitió al Consejo de Estado varios informes desfavorables hacia dicha iniciativa, incluida una valoración negativa a través de dos dictámenes distintos. Estas posturas, según la parlamentaria, ya se habían dado durante la gestión de la anterior titular de Economía, Nadia Calviño, situación que, en sus palabras, se repite ahora con Cuerpo. Pese a los obstáculos señalados, la medida de digitalización y acceso universal del registro horario fue aprobada por el Consejo de Ministros el 30 de septiembre.
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Barbero argumentó que la intervención del Ministerio de Economía resulta “vergonzosa”, acusándolo de enviar informes adversos “como un loco” al Consejo de Estado con la finalidad de frenar la adopción de la reforma, según publicó Europa Press. En relación a este aspecto, la portavoz parlamentaria insistió en que la actitud obstruccionista frente a medidas clave para los derechos laborales no constituye un fenómeno nuevo, citando casos previos como la reforma laboral, los ERTE, la ley Riders y las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2022, en los cuales Economía expresó también posiciones desfavorables respecto a las propuestas de Trabajo.
La portavoz sostuvo que el registro horario es fundamental no solo para el colectivo de trabajadores, sino también para la economía del país, dado que permitiría controlar y remunerar las horas laboradas, asegurando las cotizaciones sociales correspondientes. Al ser preguntada por la resistencia del Ministerio de Economía, planteó que ninguna “empresa seria” debería oponerse a registrar y pagar las horas efectivas de sus trabajadores, exigiendo que se aborde este asunto con formalidad y rigor. Barbero remarcó que la reforma del registro horario representa una necesidad urgente ante el volumen de horas extra no pagadas y enfatizó que el sistema digital facilitaría el cumplimiento de la legislación laboral, ayudando a erradicar situaciones de fraude.
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Durante la misma comparecencia, Europa Press detalló que Aina Vidal, portavoz adjunta del grupo plurinacional y dirigente de Comuns, calificó la estrategia del Ministerio de Economía de “injustificable”. Vidal acusó a Carlos Cuerpo de incumplir su obligación de desarrollar normas que profundicen y ejecuten de forma efectiva las disposiciones recogidas en el Estatuto de los Trabajadores. En palabras de Vidal, resulta llamativo el uso de “todos sus tentáculos” por parte de Economía para intentar “torpedear” la digitalización del registro horario impulsada por el Ministerio de Trabajo.
La portavoz de Comuns también solicitó conocer la opinión de la titular de Seguridad Social, Elma Saiz, sobre la problemática planteada, remarcando que las irregularidades en el pago de horas extra superan los dos millones y medio de horas semanalmente, implicando importantes consecuencias tanto para los trabajadores como para las cotizaciones a la seguridad social, según consignó Europa Press.
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A lo largo de su intervención, Barbero recalcó la importancia de adoptar con urgencia la digitalización del registro horario y resaltó que la “seriedad” en la aplicación y control de este mecanismo resulta clave para evitar que los trabajadores continúen desempeñando jornadas que no se reflejan ni en nómina ni en las cotizaciones sociales, de acuerdo con la información proporcionada por Europa Press. Además, enfatizó que la aprobación de esta reforma aportaría beneficios tanto al ámbito laboral como a las finanzas públicas, al garantizar el pago adecuado de las horas trabajadas.
Las declaraciones de ambas portavoces se produjeron en el contexto del malestar por la falta de consenso entre los ministerios implicados, luego de que pese al dictamen negativo del Consejo de Estado, la reforma lograra la aprobación del Consejo de Ministros, tal como precisó Europa Press. El debate gira en torno a la efectividad y la necesidad de modernizar el control del tiempo de trabajo en España, en línea con las reiteradas demandas de transparencia y equidad provenientes de organizaciones sindicales y colectivos laborales.
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