Podemos tacha de "racista" a Junts y respalda que el Gobierno vete su enmienda que limitaba la regulación de migrantes

Ione Belarra afirmó que presentar una enmienda contra la regularización de inmigrantes en una ley ajena al proceso constituye un intento de vincular la migración con la criminalidad, una práctica que rechazó tajantemente y atribuyó a determinados sectores políticos. La secretaria general de Podemos detalló que impedir esta maniobra representa un paso necesario y aprobó la decisión del Ejecutivo. Según publicó el medio, la dirigente cuestionó que la restricción de la regularización extraordinaria de inmigrantes se planteara en el contexto de la ley contra la multirreincidencia.

De acuerdo con lo que reportó el medio, Belarra respaldó la decisión del Gobierno de vetar la tramitación en el Congreso de la enmienda presentada por PP, Vox y Junts en el Senado, dentro del debate sobre la ley contra la multirreincidencia. Esta enmienda buscaba limitar el actual proceso de regularización de inmigrantes que Podemos pactó con el Ejecutivo y que fue aprobado mediante decreto. El citado proceso permitirá que más de medio millón de personas migrantes en situación irregular puedan acceder a la regularización de su estatus en España.

El medio detalló que Belarra acusó a Junts de seguir una política discriminatoria y de colaborar en una competición con Aliança Catalana por adoptar posiciones más restrictivas en materia de migración. Según las declaraciones reproducidas por el medio, Belarra afirmó: "Parece que Junts continúa por la senda que ya viene recorriendo desde hace muchísimo tiempo en esa competición con la ultraderecha catalana por ver quién es más racista. Eso es coherente con presentar enmiendas que dificulten y pongan problemas a una regularización que es imprescindible para la gente de este país".

El Gobierno justificó su veto a la enmienda argumentando que la medida supondría una modificación presupuestaria. La aplicación de esa restricción requeriría la contratación de 400 funcionarios adicionales de Extranjería, con un coste calculado de 16,8 millones de euros, según informó el medio. El Ejecutivo optó por ejercer su potestad de veto ante las alteraciones previstas en los presupuestos.

En su intervención recogida por el medio, Belarra defendió la regularización extraordinaria, a la que calificó como una herramienta para reconocer derechos de personas que ya residen y trabajan en España. La líder de Podemos criticó que se haya intentado introducir obstáculos en una normativa que, en origen, no guarda relación con inmigración y consideró que este tipo de prácticas buscan extender actitudes de rechazo hacia los migrantes.

La secretaria general de Podemos enfatizó el rechazo a la vinculación de la migración con la delincuencia en un contexto legislativo. En sus palabras: "Ese ejercicio de asociación entre criminalidad y migración que sabemos perfectamente que no correlaciona, pero ellos insisten para que cale el racismo en nuestro país. Hace bien el Gobierno en no permitir que esa asociación se produzca también", declaró según consignó el medio.

Podemos, que formó parte del acuerdo con el Gobierno para impulsar la regularización extraordinaria, ha defendido públicamente la necesidad de la medida para garantizar derechos fundamentales y condiciones de vida dignas a cientos de miles de personas. La organización manifestó su preocupación por los intentos de utilizar el debate sobre la ley contra la multirreincidencia para entorpecer una política que consideran prioritaria.

El medio indicó que la posición de Podemos contrasta con la de Junts, PP y Vox, partidos que aprobaron en el Senado la enmienda dirigida a limitar el proceso de regularización. El debate se inscribe en un contexto de tensión entre formaciones políticas de distintos signos ante la gestión migratoria y la relación entre la legislación de seguridad y los derechos de las personas migrantes en España.

Los argumentos esgrimidos por el Gobierno y por Podemos apuntan a la necesidad de separar los debates sobre seguridad ciudadana y política migratoria, reclamando que no se instrumentalicen leyes específicas para restringir procesos de regularización ya establecidos y adoptados por decreto. La controversia refleja la pugna entre formaciones políticas en torno a la estrategia de vincular la inmigración con la criminalidad y la distribución de competencias presupuestarias en el ámbito estatal.