El fiscal ve probado que Villarejo filtró a periodistas información de Dina y mantiene la petición de 5 años de cárcel

La existencia de dos carpetas denominadas Dina 2 y Dina 3, creadas en 2016 y localizadas en el domicilio de José Manuel Villarejo durante un registro, ha permitido a los investigadores vincular la tenencia y procesamiento de información personal y reservada de Dina Bousselham con el excomisario. Según detalló el medio, en esos archivos digitales se hallaba material de índole privada, datos bancarios, fotografías y registros de comunicaciones de la exasesora, aspectos que para la Fiscalía Anticorrupción constituyen prueba documental de que Villarejo accedió y conservó información extraída ilegalmente de un teléfono móvil sustraído.

De acuerdo con lo reportado por diversos medios, entre ellos el texto fuente, la Fiscalía sostuvo durante la exposición de conclusiones finales en la Audiencia Nacional su petición de cinco años de prisión para Villarejo. El Ministerio Público lo acusa de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, dado que Villarejo, en su calidad de comisario en activo, habría recibido y posteriormente difundido a terceros, concretamente a periodistas, información protegida que fue extraída del aparato robado a Bousselham mientras esta trabajaba como asesora de Pablo Iglesias en Bruselas, en 2015. La Audiencia Nacional, tras concluir las sesiones del juicio, ha dejado la causa vista para sentencia.

El fiscal afirmó ante el tribunal que la cadena de custodia de los archivos probaba el traspaso ilegal de datos personales: los dos periodistas, en cuya redacción fue recibida la microtarjeta SD robada a Bousselham, hicieron una copia del contenido y se la entregaron a Villarejo en un restaurante madrileño el 3 de febrero de 2016. "Dos periodistas de una redacción están entregando información de una microtarjeta SD, que ha sido sustraída, a un comisario en activo sin ningún tipo de cobertura y sin ningún tipo de garantía", manifestó el fiscal, interpretando estos hechos como un delito de descubrimiento, utilización y modificación de datos personales, familiares o reservados.

Tal como publicó el medio fuente, el fiscal recalcó que la entrega del material se realizó "sin carta de naturaleza, sin cobertura, obviando la Constitución y las leyes", afectando de forma directa al derecho a la intimidad de Bousselham. El Ministerio Fiscal subrayó que la totalidad de información personal, familiar y profesional almacenada en el móvil quedó expuesta a terceros fuera de cualquier respaldo judicial o legal.

Villarejo declaró que actuaba en el marco de tareas de "inteligencia" al investigar una supuesta financiación ilegal de Podemos y una presunta reunión de integrantes del partido con agentes del servicio secreto venezolano y miembros de ETA. No obstante, según consignó el medio, tanto el fiscal como las acusaciones particulares desestimaron la existencia de indagaciones oficiales que respaldasen el acopio y posterior cesión de los archivos de Bousselham. Para el fiscal, Villarejo no contaba con autorización judicial ni otra habilitación legal que avalara su acceso y distribución de datos, lo que refuerza el cargo de revelación de secretos con difusión a terceros.

El relato de las pesquisas se vio refrendado, según explicó el fiscal, por las declaraciones testificales y las periciales, así como por la documentación incautada en el domicilio de Villarejo. El Ministerio Público consideró "verosímil" la versión de los dos periodistas, quienes comunicaron al tribunal que cedieron el 'pendrive' al excomisario por petición de este, sustentando la tesis de la Fiscalía sobre el traspaso ilícito de información protegida.

En su argumentación, el fiscal insistió en que independientemente de si los periodistas ofrecieron o Villarejo solicitó la información, el mero hecho probado de la recepción, almacenamiento y posterior redistribución de los archivos constituye una acción delictiva. El excomisario admitió haber recibido el material de los periodistas, aunque defendió que sólo lo examinó durante un breve periodo para determinar si albergaba indicios de supuesta financiación ilegal o de la referida reunión en Venezuela, siempre con la versión de que su actuación se mantuvo dentro de una supuesta investigación.

El Ministerio Fiscal solicitó indemnizaciones de 5.000 euros a favor de Bousselham y de 1.000 euros para Pablo Iglesias. En este contexto, el fiscal señaló la falta de justificación en el retraso de seis meses por parte de Iglesias en devolver la tarjeta sustraída a su exasesora, tras recuperarla a través de directivos de un medio, indicando que esa dilación afectó la condición de perjudicado de Iglesias ante el procedimiento judicial y debió haberse producido una devolución inmediata.

Según detalló el medio fuente, las representaciones legales de Bousselham e Iglesias coincidieron con la Fiscalía al denunciar la "inexistencia" de una investigación policial real encabezada por Villarejo, lo que, a su juicio, invalidaba cualquier justificación para el apoderamiento, selección y entrega de la información contenida en el dispositivo de la exasesora. Ambas defensas fundamentaron su argumento en los testimonios recabados y en el contenido de las pruebas documentales y periciales presentadas durante el juicio oral.

Por su parte, la defensa de Villarejo expuso en el tribunal que su representado no solicitó el material, sino que fueron los periodistas quienes lo ofrecieron; puntualizó que la revisión del dispositivo fue breve y limitada a detectar supuestos delitos. Se negó que Villarejo filtrara información a medios, reclamando su absolución.

El juicio celebrado en la Audiencia Nacional ha centrado su atención en el recorrido de la tarjeta telefónica de Bousselham, robada en 2015, hasta la posterior publicación parcial de sus contenidos en varios medios. La vista ha contado con el testimonio de investigadores, periodistas y peritos, así como con el análisis de la documentación incautada y las versiones antagónicas de las partes, quedando pendiente el dictado de sentencia por parte del tribunal.