Un juez pide desclasificar datos del CNI por presunto espionaje con Pegasus a exdiputados de la CUP

El magistrado a cargo del Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona ha instado al Consejo de Ministros a reconsiderar la condición de secretos o reservados de ciertos archivos, comunicaciones y datos que podrían esclarecer la posible utilización del sistema Pegasus en teléfonos móviles de los antiguos miembros de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) David Fernández, Carles Riera y Albert Botran. Según informó Europa Press, el requerimiento surge ante la posibilidad de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) recurra a la ley de secretos oficiales como argumento para no facilitar información sobre el presunto espionaje a miembros del entorno independentista. Además, el juez ha tomado esta decisión antes de recabar el testimonio de la directora del CNI, Esperanza Casteleiro.

El interés judicial en la desclasificación de estos datos responde a una querella formulada por los exdiputados de la CUP, quienes acusan a la empresa Osy Technologies, propietaria de NSO Group y Cyber Technologies, de manufacturar y comercializar el programa Pegasus, diseñado para actividades de vigilancia y seguimiento. Según publicó Europa Press, los denunciantes sostienen que sus teléfonos móviles recibieron mensajes de texto que habrían permitido la instalación del software Pegasus, posibilitando al “spyware” monitorizar sus comunicaciones y acceder a información sensible, un hecho que podría derivar en la imputación de un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Europa Press detalló que el magistrado, ante los indicios aportados, considera que la compañía israelí NSO habría asistido “de forma directa” a los usuarios de Pegasus mediante el control de servidores. Por este motivo, el juez ha solicitado una orden europea de investigación para que las autoridades de Luxemburgo colaboren en la identificación de las cuentas bancarias ligadas a estas empresas tecnológicas. Este paso tiene por objeto verificar la existencia de transacciones relacionadas entre 2016 y 2022, y determinar si hubo “posibles pagadores españoles” vinculados a la adquisición o uso del software Pegasus.

El uso de Pegasus ha desatado preocupación en esferas políticas y judiciales, especialmente por su potencial para acceder y monitorizar mensajes, llamadas e información guardada en los dispositivos infectados. Según Europa Press, la investigación trata de determinar el alcance y los responsables de estas actuaciones, que apuntan tanto a la posible implicación de organismos estatales como a la colaboración de empresas tecnológicas internacionales.

Para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, el Juzgado de Instrucción número 32 ha solicitado la desclasificación de cualquier material que pueda estar conectado con el caso o resultar relevante para la indagación penal. Antes de que la directora del CNI declare en sede judicial, el juez busca evitar que la aplicación de la ley de secretos oficiales obstaculice el proceso de esclarecimiento y atribución de responsabilidades.

De acuerdo con Europa Press, la medida adoptada incluye una orden europea de investigación dirigida a las autoridades de Luxemburgo, encargadas de rastrear e identificar los movimientos bancarios asociados a NSO Group, Osy Technologies y Cyber Technologies. El análisis de las transacciones de estas compañías entre los años 2016 y 2022 servirá para identificar a potenciales clientes españoles y determinar la existencia de pagos relacionados con Pegasus.

Dentro de la querella presentada por Fernández, Riera y Botran, se detalla que los ataques se concretaron a través del envío de mensajes de texto a sus teléfonos móviles, los cuales funcionaron como puerta de entrada para la supuesta infección mediante Pegasus. Este software permite controlar de manera remota los terminales afectados, acceder a contenido almacenado e interceptar comunicaciones en tiempo real, lo que, según la denuncia, representaría una vulneración de derechos fundamentales y, en el marco legal, constituiría un delito grave.

El proceso judicial avanza con el objetivo de rastrear la cadena de decisiones y actores implicados en la presunta operación de espionaje. Según informó Europa Press, la solicitud de colaboración internacional y la exigencia de desclasificar documentos claves buscan proporcionar al tribunal los elementos necesarios para determinar responsabilidades y esclarecer si representantes institucionales españoles participaron en la operación o si recurrieron a intermediarios tecnológicos extranjeros.

A la espera de la comparecencia de la directora del CNI, el juzgado centra sus esfuerzos tanto en el análisis de la documentación nacional clasificada como en la obtención de información bancaria internacional. Así, la investigación gira en torno a dos ejes principales: por un lado, establecer la posible vinculación de organismos de inteligencia españoles con el caso Pegasus; por otro, desentrañar el papel de las empresas señaladas en la facilitación y apoyo técnico de la herramienta de espionaje.

De acuerdo con las fuentes judiciales citadas por Europa Press, la apertura de esta línea de investigación europea supone un avance en la cooperación entre estados miembros del continente en materia de ciberdelincuencia y vigilancia electrónica. El resultado de las pesquisas financieras y la eventual desclasificación de archivos serán determinantes para definir los próximos pasos del proceso y la atribución de eventuales responsabilidades penales.

El caso ha generado reacciones dentro de diferentes sectores de la política catalana y estatal, focalizando el debate en los límites legales del espionaje, el uso de tecnología de vigilancia sobre representantes políticos y la necesidad de transparencia sobre las actuaciones de los órganos de inteligencia. Europa Press avanza que el procedimiento continuará articulando diligencias dirigidas a obtener nueva documentación relevante, coordinar requerimientos judiciales internacionales y profundizar en el análisis de los elementos técnicos y bancarios que rodean este caso.