El juez instructor de la causa de Forestalia suspende los plazos procesales hasta el 31 de marzo

Tras detectarse la incorporación, en la tarde del 8 de marzo de 2026, de los anexos que faltaban en la causa Forestalia, el magistrado responsable del Tribunal de Instancia de Teruel consideró que el expediente ya presenta la documentación más reciente que hasta ese momento no había estado disponible para las partes. En ese contexto, el juez decidió interrumpir los plazos procesales hasta el 31 de marzo, con la finalidad de que los involucrados cuenten con tiempo suficiente para revisar toda la información, tal como recogió el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en una nota de prensa y publicó el medio original.

Según informó el TSJA, el juez Juan José Cortés, titular de la plaza número 1 de instrucción del Tribunal de Instancia de Teruel, emitió el jueves una providencia estableciendo que todos los plazos actualmente en trámite quedan suspendidos hasta el 31 de marzo. En la resolución se subraya que este periodo se ha considerado "razonable", dado que busca asegurar que las partes disponen de la oportunidad de analizar exhaustivamente las actuaciones y, a la vez, evitar retrasos innecesarios en la instrucción del caso, detalló el medio.

Con el levantamiento de la suspensión tras el 31 de marzo, los plazos procesales volverán a computarse. Entre los términos que volverán a correr se encuentra el concedido para informar acerca de la posible inhibición de la causa; el destinado a notificar sobre eventuales personas físicas o jurídicas que puedan verse afectadas por posibles medidas cautelares, en aras de que sean llamadas y convocadas a la vista correspondiente; así como el plazo para adherirse o impugnar el recurso de reforma presentado por la representación de los hermanos Pérez Águeda, según reportó el TSJA.

Adicionalmente, la resolución precisa que la reanudación de plazos además contempla los correspondientes a los recursos interpuestos sobre diversas resoluciones dictadas en la causa, aclarando que la suspensión operará sin perjuicio de dichos plazos. El juez argumentó que la instrucción de esta causa reviste una complejidad especial en lo que respecta a su tramitación procesal, debido a la cantidad y extensión de los informes remitidos por la policía judicial, el elevado número de personaciones y la existencia de numerosos trámites pendientes, según consignó el TSJA.

El magistrado remarcó la necesidad de que la garantía de los derechos de las partes, tanto defensas como acusaciones, pase por asegurar el acceso íntegro a todas las actuaciones. A juicio del juez, han existido disfunciones en este proceso, producto de dificultades técnicas y de la propia capacidad del sistema para gestionar una documentación de tal volumen y extensión. Consideró así que antes de cumplimentar cualquier trámite pendiente, debe asegurarse que ese acceso a los documentos sea efectivo y total para todos los implicados.

La providencia recogió además que la incorporación de los anexos pendientes da por concluido el expediente, aunque aclaró que el curso de la instrucción podría provocar la llegada de nuevas actuaciones derivadas de diligencias futuras, según publicó el TSJA.

Esta suspensión temporal de los plazos viene motivada precisamente por los desafíos que supone procesar un expediente de estas dimensiones, con numerosos escritos y la reciente aportación de documentos esenciales, lo que incentiva la decisión judicial orientada a preservar la equidad y el derecho a la defensa y la acusación. Conforme al TSJA, la medida se encuadra en los esfuerzos por evitar que las disfunciones documentales o técnicas perjudiquen el curso del proceso o limiten el acceso de alguna de las partes a información relevante.

La providencia del juez especifica que a partir del 31 de marzo, y salvo error u omisión, los plazos volverán a correr para los trámites pendientes, en particular sobre la posible inhibición, la identificación de personas o entidades potencialmente afectadas por medidas cautelares y la tramitación del recurso de reforma promovido por los hermanos Pérez Águeda, según detalló la nota de prensa del TSJA.

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