Condenados a más de tres años de cárcel tres acusados de cultivar más de 180.000 plantas de marihuana

Entre las pruebas clave que motivaron la confirmación judicial, el análisis de las sumidades floridas secas arrojó un contenido de THC superior al 0,3%, lo que excedía en gran medida los límites legales para el cáñamo industrial en España. El medio Europa Press detalló que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificó la condena de la Audiencia Provincial de Cádiz, la cual impone a tres acusados una pena de tres años y nueve meses de prisión y una multa de 16 millones de euros para cada uno, tras demostrarse que facilitaron el cultivo de cannabis en una finca de Setenil de las Bodegas, ubicada en la provincia de Cádiz.

Según informó Europa Press, los hechos se iniciaron en octubre de 2019, cuando la Guardia Civil recuperó 840 kilos de plantas de cannabis desde una furgoneta accidentada en el término municipal de Algodonales. Posteriormente, la investigación determinó que esas plantas provenían de una extensa finca de 20 hectáreas en Setenil, donde dos de los acusados actuaron como empresarios responsables del proyecto y un tercer implicado ejerció como técnico encargado de la supervisión del cultivo y de los operarios. La plantación, presentada bajo la justificación de ser para cáñamo industrial, llegó a albergar entre 176.000 y 191.000 plantas de cannabis sativa sin cosechar, con un peso medio estimado de 800 gramos por unidad.

El medio Europa Press publicó que, aunque en el momento de los hechos no se requería autorización previa para plantar cáñamo industrial dirigido a la producción de fibras textiles y semillas, siempre que se emplearan semillas del catálogo común de variedades de la Unión Europea y no se superara el 0,2% de THC, los análisis determinaron que el cultivo superaba notablemente este límite. Se estableció que la concentración media de THC en las plantas incautadas alcanzó al menos el 4,93%. Además, los investigadores hallaron más de 9.440 kilos de sumidades floridas secas cuya concentración de THC también se situaba por encima del 0,3%, lo que las hacía ilegales bajo la normativa española.

La sentencia, recogida por Europa Press, subraya que la apariencia de legalidad utilizada por los responsables del cultivo no logró ocultar el verdadero propósito de la plantación, ya que el contenido de THC rebasaba ampliamente los parámetros permitidos para su consideración como cáñamo industrial. El precio del kilogramo de marihuana en el mercado clandestino, según estimaciones recogidas entonces, ascendía a 1.495 euros. Este dato permitió cuantificar el valor potencial del material incautado y sirvió como referencia para valorar el impacto económico de la actividad destinada al tráfico ilícito de drogas.

La Audiencia Provincial de Cádiz consideró probado que los tres acusados cometieron un delito contra la salud pública en cantidad de notoria importancia, en virtud de la magnitud del cultivo intervenido, el peso total de la sustancia incautada y la concentración de THC detectada en los análisis practicados. La pena impuesta, que combina una condena privativa de libertad y una multa millonaria, fue recurrida por los acusados ante el TSJA. El tribunal andaluz confirmó íntegramente el fallo previo al concluir que existían pruebas suficientes sobre la responsabilidad penal de los procesados y la finalidad del cultivo.

Europa Press consignó que las autoridades recordaron el marco regulatorio vigente en aquel momento, el cual permitía el cultivo de cannabis sativa con fines industriales siempre y cuando se respetasen los límites de THC y se utilizasen semillas legalmente registradas en la Unión Europea. En este caso, la investigación demostró que el contenido del principio activo delta-9-THC hallado en las muestras no se correspondía con el que hubiera permitido la normativa para considerarse un cultivo industrial, por lo que todo el material intervenido debía tratarse como marihuana ilegal.

La finca objeto de la intervención, con una extensión de 20 hectáreas, se situaba entre las de mayor superficie dedicadas a este tipo de cultivo detectadas en la región en los últimos años. Europa Press indicó que la presencia de una cantidad de plantas tan elevada y el valor de la producción incautada contribuyeron a la calificación de notoria importancia recogida en la sentencia.

La resolución judicial del TSJA, también recogida por Europa Press, descartó los argumentos de la defensa basados en la presunta legalidad de la plantación y la finalidad industrial del cannabis, al considerar acreditado que el conjunto de las pruebas reflejaba una infracción de la normativa vigente y un propósito destinado al suministro en el mercado ilícito. La investigación y las sucesivas decisiones judiciales se desarrollaron en el contexto del control y la lucha contra el cultivo y tráfico de sustancias estupefacientes en el territorio andaluz.

De acuerdo con la información proporcionada por Europa Press, la condena impuesta a los tres procesados por organizar, dirigir y facilitar un cultivo que superaba los límites legales para el cáñamo industrial establece un precedente judicial en relación con la supervisión de estas actividades y la aplicación estricta de la normativa sobre el contenido de THC en las plantaciones.