Un año de prisión para el agresor de un inspector de Hacienda en Oviedo por un informe desfavorable

El acusado quedó sujeto a la prohibición de acercarse a menos de cincuenta metros de la víctima, de su domicilio, su lugar de trabajo y los espacios recreativos que frecuente, así como a la restricción de comunicarse con ella, ambas medidas fijadas por un periodo de dos años y seis meses. Con estas imposiciones, la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Oviedo, plaza número 2, dictó una sentencia que también establece una condena de un año de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo mientras dure la condena. La decisión judicial responde a la agresión cometida contra un inspector de Hacienda en la ciudad de Oviedo.

Según presentó la Fiscalía del Principado de Asturias, la agresión se produjo alrededor de las 19:00 del 16 de junio de 2025, cuando el acusado, vecino de Oviedo, se encontró con la víctima en la Pista Finlandesa, donde esta realizaba ejercicio físico. El agresor reconoció al inspector de Hacienda por una previa relación profesional: el funcionario había dirigido una investigación en su empresa, que resultó en diligencias preprocesales ante la Fiscalía y concluyó en la interposición de una querella judicial, detalló la Fiscalía del Principado en declaraciones recogidas por medios locales.

De acuerdo con la información divulgada por la Fiscalía y difundida por varios medios, tras cruzarse con el inspector, el acusado lo insultó llamándolo "cabrón" y se abalanzó sobre él, propinándole un golpe a la altura del hemitórax izquierdo. Como resultado, la víctima cayó al suelo, sufrió un impacto en el costado derecho y tuvo que forzar el cuello para evitar perjuicios mayores en la cabeza. Tras reincorporarse, el inspector increpó al agresor, que respondió con un nuevo ataque. En esta segunda acometida, la víctima permaneció en pie al encontrarse alerta. Las lesiones ocasionadas motivaron la intervención de un único profesional sanitario, reportó la información judicial.

La causa fue evaluada por la Sección Penal del citado tribunal ovetense, según publicó la Fiscalía del Principado, valorando los hechos como constitutivos de un delito de atentado al amparo del artículo 550.1 y 2 del Código Penal, junto con un delito leve de lesiones conforme al artículo 147.2. A propuesta del Ministerio Fiscal, la sentencia incluyó, además del año de prisión y la inhabilitación temporal de derechos políticos, la imposición de una multa de dos meses, calculada en seis euros por día, con la previsión de un día de privación de libertad por cada dos días impagos, en caso de impago de la sanción económica.

El relato judicial presentado por la Fiscalía y recogido por el tribunal subraya que el origen del reconocimiento y posterior agresión se encuentra en la función inspectora previa que desempeñó la víctima frente al acusado y su sociedad, seguimiento que derivó en una investigación y acción penal. La sentencia, que coincide con la solicitud formulada por la acusación pública, pretende conjugar la reparación del daño y la protección a la víctima mediante la restricción de contacto y las medidas económicas y penitenciarias impuestas al agresor.

Durante el proceso judicial, los argumentos y pruebas aportados por la Fiscalía fueron tomados en cuenta en la fundamentación del fallo. El tribunal no solo valoró la gravedad de la intimidación y la violencia ejercida sobre un funcionario en el ejercicio de sus funciones, sino también las consecuencias puntuales para la integridad física del inspector de Hacienda, junto con el contexto en que se produjo la agresión —un encuentro casual, mediado por una relación profesional previa conflictiva.

Este caso aporta a los registros de incidentes en los que la labor inspectora y fiscalizadora de los funcionarios desencadena reacciones violentas por parte de investigados. Según destacó la Fiscalía del Principado al difundir la sentencia, la condena integra medidas preventivas adicionales a la pena privativa de libertad, como la restricción de acercamiento y la prohibición expresa de comunicación, para velar por la seguridad física y psicológica de la víctima a medio plazo.

La resolución judicial y las penas anexas quedarán en vigor durante los plazos especificados en el fallo, de acuerdo con las condiciones recogidas por el medio y reportadas en los comunicados oficiales de la Fiscalía del Principado.

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