Suspendida la declaración de exjefe de UDEF en Madrid procesado por colaborar con el narco

El juez Francisco de Jorge incluyó a más de veinte personas físicas y jurídicas en el procesamiento vinculado con una red internacional de tráfico de cocaína, entre ellas el considerado líder del grupo, Ignacio Torán, y Alejandro Salgado, conocido como "el Tigre". Según informó la Agencia EFE, Alejandro Salgado tiene vigente una orden de detención y ha sido ubicado en Dubái (Emiratos Árabes), localidad donde Torán habría acumulado un patrimonio inmobiliario que superaría los 20 millones de euros. Este entramado judicial es el contexto de la comparecencia suspendida de Óscar Sánchez, exjefe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en Madrid.

El lunes estaba prevista la declaración, por videoconferencia, de Óscar Sánchez desde la prisión madrileña de Soto del Real. Tal como consignó EFE, Sánchez permanece en calidad de preso preventivo tras su detención en noviembre de 2024. La finalidad de la citación era recibir su testimonio luego de ser procesado por presunta “colaboración estrecha” con la organización dedicada a introducir decenas de toneladas de cocaína en España. Sin embargo, la diligencia no avanzó después de que la defensa del exjefe policial objetara la falta de tiempo para analizar el auto judicial emitido el viernes anterior.

El magistrado Francisco de Jorge, responsable de la causa en la Audiencia Nacional, decidió postergar la declaración de Sánchez sin establecer una nueva fecha, como precisaron fuentes jurídicas a EFE. La defensa del acusado rechazó que la comparecencia adoptase la forma de declaración indagatoria al argumentar la necesidad de estudiar más detenidamente la resolución del juez. La declaración indagatoria es el procedimiento mediante el cual se comunica formalmente al investigado los hechos por los que se propone su enjuiciamiento.

Sánchez había solicitado declarar voluntariamente meses atrás. De acuerdo con la información publicada por EFE, pretendía exponer supuestas irregularidades ocurridas durante la obtención de información que posibilitó la incautación de uno de los cargamentos de cocaína, intervención que resultó determinante para el avance de las pesquisas en marcha.

El auto judicial por el cual Sánchez fue procesado cuantifica en 32,6 millones de euros el supuesto beneficio económico que habría recibido por su cooperación con la red. Las investigaciones permitieron localizar más de 20 millones de euros ocultos en distintas localizaciones de sus viviendas y oficina. La resolución señala que existen “indicios racionales” de que Sánchez trabajó en colaboración directa con Ignacio Torán para facilitar la entrada en España de aproximadamente 73 toneladas de cocaína, utilizando 39 contenedores desde el año 2020.

El juez también procesó a la esposa y a la cuñada de Sánchez por sospechas de blanqueo de capitales. Según detalló EFE, los investigadores consideran que parte de las operaciones de lavado de dinero se desarrollaron a través de una estructura internacional extendida hasta Panamá. Para profundizar en esta línea, el magistrado citó a declarar a un abogado presuntamente implicado en esas maniobras financieras, a quien se vincula como testaferro de Torán.

Además de la familia de Sánchez, entre los procesados figuran otros integrantes del grupo, así como empresas y asociaciones sospechosas de haber servido de pantalla para los movimientos económicos derivados del tráfico de drogas. Torán, señalado como el cerebro de la estructura delictiva, ya fue procesado y permanece bajo nuevas investigaciones que buscan rastrear activos y conexiones en el extranjero.

Por su parte, la detención de Sánchez supuso un fuerte impacto en las estructuras policiales encargadas de la lucha antidroga. Durante su etapa al frente de la UDEF madrileña y como inspector jefe de Delitos Económicos en la Brigada de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de Madrid, acumuló reconocimientos profesionales. La imputación y encarcelamiento han abierto interrogantes sobre los mecanismos de control interno en cuerpos de seguridad.

Las pesquisas sobre la red continúan abiertas, y los próximos pasos judiciales estarán marcados por nuevas comparecencias y el posible aporte de información por parte de los procesados. Tal como detalló EFE, la resolución y el desarrollo de los procedimientos seguirán determinando el alcance y las ramificaciones de las operaciones ilegales descubiertas, que abarcan países y responsables en distintos niveles jerárquicos.