El capitán del 'Simione' dice ahora que no le contrató el armador vigués, aunque este sí le ordenó tirar un móvil

El jefe de máquinas del buque ‘Simione’ relató en la primera jornada judicial que sospechó que la operación respondía al transporte de droga al conocer el monto que obtendría por el viaje, que ascendía a 15.000 euros, y afirmó que el armador del barco le dijo que le entregaría unas coordenadas, aunque finalmente indicó que no era su función y que debía entregarlas al capitán. Así se desarrolla el proceso iniciado este lunes en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, en el que se juzga a cinco acusados por trasladar casi 3.000 kilos de cocaína en el pesquero ‘Simione’, interceptado por la Guardia Civil en diciembre de 2022 cuando navegaba rumbo a la costa gallega, según informó el diario El País.

El capitán del ‘Simione’, José Antonio C.R., modificó en sala la versión que había dado previamente ante el juzgado. Mientras en su declaración anterior había señalado al empresario vigués Pablo G.F., armador del barco, como responsable de su contratación para la operación, durante esta primera jornada afirmó que la persona que lo contactó era un tercer individuo. Explicó que no desea desvelar quién era este hombre, alegando “miedo” a posibles represalias hacia su familia. El País reportó que, preguntado por la contradicción, el capitán respondió: “Ahora digo la verdad”. Justificó que inicialmente apuntó hacia el armador debido a ese temor.

Durante el interrogatorio, el capitán admitió que durante la travesía tuvo intercambios diarios con Pablo G.F. aunque indicó que estos contactos se relacionaron supuestamente con “averías” a bordo, calificando al pesquero como un barco que sufrió varios desperfectos en el viaje. También reconoció que, tras hacerse con la carga de droga, recibió de Pablo G.F. la orden de deshacerse de un teléfono móvil y cambiarlo por otro aparato, si bien sostuvo que desconocía los motivos de esta instrucción. El medio El País expuso que José Antonio C.R. atribuyó la entrega de unas coordenadas escritas a mano con destino a Senegal al propio armador vigués, mientras que las coordenadas para efectuar la recogida de cocaína en alta mar se las proporcionó la tercera persona que, según su declaración, gestionó su contratación.

El proceso también desveló la existencia de un motín durante la ruta marítima. El capitán narró que varios miembros de la tripulación, tras percatarse de la naturaleza ilícita de la misión, se rebelaron y llegó a recibir dos puñaladas. Como consecuencia, el grupo debió regresar a tierra para desembarcar a los amotinados, tras lo cual solo quedaron a bordo el capitán, el jefe de máquinas y un tercer tripulante.

Según consignó El País, tanto el armador como el tripulante angoleño han solicitado declarar al final del juicio. Durante la mañana testificaron el jefe de máquinas y el quinto acusado, A.R.E., quien no participó en el trayecto marítimo, sino que presuntamente se habría dedicado al acopio y distribución de la droga en tierra. Esta persona declaró que no conocía previamente al armador, y aseguró que su primer contacto con Pablo G.F. se produjo tras la detención, en los calabozos de la Guardia Civil.

El Ministerio Fiscal solicita penas de cárcel que van de los 11 años y medio a los 13 años para los principales acusados del caso, Pablo G.F. (armador), José Antonio C.R. (capitán) y los otros dos tripulantes, por un delito contra la salud pública con los agravantes de cantidad, uso de embarcación y pertenencia a red delictiva internacional, detalló El País. En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que Pablo G.F. organizó el transporte y salida del barco desde Luanda, Angola, con bandera angoleña, incluyendo en la tripulación a José Antonio C.R. y al angoleño P.M.M.

El recorrido del ‘Simione’ lo llevó hasta Dakar (Senegal), donde Pablo G.F. aguardaba la llegada del buque. Allí coordinó la operación de repostaje y gestionó la incorporación de otro tripulante, José Javier F.V. A continuación, el barco emprendió rumbo a un punto al suroeste de Cabo Verde, donde cargó la cocaína, y puso rumbo a Galicia. Durante el trayecto, la Fiscalía asevera que el armador mantuvo contactos regulares con el capitán, recibiendo reportes constantes sobre los avances de la travesía y los problemas mecánicos del barco.

El operativo culminó el 18 de diciembre de 2022, cuando la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil intervino el pesquero en alta mar. Los agentes inspeccionaron la cubierta principal y la bodega del ‘Simione’ y hallaron 115 fardos que sumaban 2.949 paquetes de cocaína. El cargamento totalizó 2.866,52 kilos de droga, con una pureza del 77,3% y un valor aproximado en el mercado negro cercano a los 107 millones de euros, según el reporte de El País.

La detención de Pablo G.F. se efectuó en tierra. En el registro de su domicilio en Vigo se intervinieron varios dispositivos electrónicos, discos duros, documentación referida al ‘Simione’, así como teléfonos móviles y tarjetas SIM. Además, la Fiscalía señala que los tres tripulantes habrían tenido conocimiento del propósito ilícito del viaje, mientras que dos de ellos aceptaron ante el tribunal que tenían conocimiento de que la travesía era para el transporte de droga.

A.R.E., el quinto acusado, afronta cargos de tráfico de estupefacientes debido a que las indagaciones de la Guardia Civil descubrieron actividades de almacenamiento y distribución en el mercado ilegal. Las autoridades registraron su vivienda en Ponte Caldelas y un almacén en Vilagarcía, incautando cerca de un kilo de cocaína, algo más de un kilo de heroína, además de resina de hachís, teléfonos, tarjetas SIM, básculas de precisión, libretas con anotaciones y 6.280 euros en efectivo.

De acuerdo con los datos recabados por El País, las solicitudes de condena del ministerio público se concretan en 13 años de prisión para Pablo G.F., 11 años y nueve meses para José Antonio C.R., y 11 años y medio para José Javier F.V. y P.M.M., junto al pago de multas para cada uno que ascienden a 636 millones de euros. Para A.R.E., la petición de la Fiscalía implica una pena de 8 años y medio de prisión y una multa de 940.000 euros.

Durante la jornada de declaraciones prestó testimonio también el responsable policial de la investigación, aunque, según reportó El País, los problemas acústicos en la sala impidieron a la prensa comprender con claridad su exposición. A preguntas sobre por qué se consideró que el destino del cargamento era la costa gallega, el agente indicó que la decisión se fundamentó en los vínculos de los acusados con personas involucradas en descargas de drogas en Galicia.

El juicio continúa por varias jornadas, y se espera que tanto el armador como el tripulante angoleño declaren en los turnos finales, aportando nuevos datos sobre el desarrollo y organización de la operación de tráfico de drogas en la que resultaron incautadas casi tres toneladas de cocaína.