Consuelo Ordóñez pide a Zapatero "respeto y reconomiento" a las víctimas de ETA y no "elogio a los verdugos"

La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, sostuvo que el coste de la paz tras el final de ETA recayó principalmente en las víctimas, quienes afrontan una convivencia bajo una persistente impunidad y una falta de reconocimiento real a su dolor. En una carta dirigida a José Luis Rodríguez Zapatero, denunció que presentar a los dirigentes de EH Bildu como referentes de compromiso democrático representa, en sus palabras, una afrenta para quienes sufrieron el terrorismo y una muestra de indulgencia ante quienes, según afirma, ni han condenado ni han roto con el pasado violento de ETA. La misiva, sobre la que informó Europa Press, insta al expresidente a evitar elogios hacia la formación abertzale y a expresar un reconocimiento claro, sin suavizar ni minimizar, del daño sufrido por las víctimas.

Según publicó Europa Press, la dirigente de Covite criticó las recientes declaraciones de Zapatero en el Senado, donde el exmandatario puso en valor la contribución de EH Bildu a la paz en Euskadi y defendió la necesidad de avanzar hacia el perdón y la reconciliación. Ordóñez respondió asegurando que cualquier evolución hacia una convivencia real y democrática requiere, como punto de partida, el rechazo expreso del terrorismo y la condena de la trayectoria criminal de ETA; condiciones, a su juicio, que los líderes de la coalición soberanista no han cumplido. Alertó de que una “actitud de prudencia, respeto y reconocimiento” hacia las víctimas es lo mínimo exigible a una figura como Zapatero, en contraste con lo que consideró un “elogio a los verdugos”.

La presidenta de Covite, según informó el medio, subrayó que resulta improcedente invitar a la sociedad al olvido o mostrar indulgencia con quienes, afirma, no deslegitiman los actos de terrorismo pasado. En su misiva, Ordóñez recordó a Zapatero que “una convivencia pacífica y democrática no puede edificarse sobre el blanqueamiento de ETA, ni sobre la desmemoria de sus víctimas”. Asoció sus críticas directamente a los argumentos esgrimidos por el exmandatario, quien reivindicó el derecho de EH Bildu a estar presente en la vida institucional y recalcó el derecho de sus votantes a la representación política en democracia. Ordóñez replicó que “ser una formación legal no equivale automáticamente a legitimidad democrática” y añadió que “su calidad democrática sigue siendo, como mínimo, profundamente cuestionable mientras no condene y deslegitime de manera inequívoca la trayectoria criminal de ETA”.

En ese sentido, explicó que la prioridad de EH Bildu continúa orientándose hacia la excarcelación de los denominados presos políticos, y que la ruptura con el pasado violento no ha ocurrido en términos explícitos, visibles tanto en la estrategia política como en los discursos y gestos de la formación. Como ejemplo citó la figura de Arnaldo Otegi, a quien vinculó con la continuidad y la simbiosis de dicho espacio político con ETA.

Ordóñez señaló en su comunicación que reconocer derechos políticos conforme a la ley no puede significar ignorar la responsabilidad histórica ni moral de quienes ofrecieron cobertura o justificación a la organización terrorista. Reprochó que conectar el compromiso democrático de EH Bildu con un ejemplo a seguir resulta, a su entender, “indigno e inmoral”. La presidenta de Covite insistió en que, aunque ETA ya no comete asesinatos y no existe una amenaza latente de atentados, la influencia del terrorismo persiste en la vida pública de Euskadi y Navarra. Mencionó que la libertad continúa limitada por sectores sociales que, según afirmó, durante años legitimaron o encubrieron el terrorismo.

El medio detalló que Consuelo Ordóñez describió en su carta cómo las calles de algunas localidades vascas y navarras siguen siendo escenarios de homenajes a antiguos miembros de ETA, de mensajes que reclaman impunidad y de una normalización política y social de quienes no han realizado una autocrítica sobre los delitos cometidos. Apuntó que, si actualmente resulta posible hablar de paz y convivencia, ello obedece a la actitud de las víctimas, que optaron por no responder a la violencia con más violencia y defendieron el Estado de Derecho incluso cuando convivían “con quienes querían asesinarnos o habían asesinado a nuestros familiares”.

Recordó, según Europa Press, que “nuestro país tiene una deuda infinita con las víctimas, que hemos sido –y seguimos siendo– los principales referentes de paz y convivencia”. Recalcó que el modo en que finalizó ETA puso el peso de sus consecuencias sobre las víctimas y atribuyó a la responsabilidad política e histórica de Zapatero parte de esa situación. Señaló específicamente la etapa posterior a la llegada del socialista a la presidencia del gobierno en 2004, cuando, según expuso Ordóñez en la carta, “se optó por negociar con la propia ETA” las condiciones de su final, lo que llevó a acuerdos plasmados posteriormente en el Acuerdo de Gernika de 2010 y, con gobiernos sucesivos, en la consolidación de una paz basada en, lo que consideró, amplias dosis de impunidad para los responsables.

Para Ordóñez, la legalización de los brazos políticos de ETA y la narrativa de “final sin vencedores ni vencidos” contribuyeron al blanqueamiento del terrorismo, evitando la imagen clara de derrota policial y judicial de la banda y favoreciendo lo que califica como humillación para los afectados. Alertó sobre “excarcelaciones fraudulentas de terroristas y decenas de prófugos de la justicia a los que no se ha detenido desde el cese definitivo de 2011”, lo que en su opinión refuerza la percepción de impunidad y vulnera el derecho de las víctimas a la justicia.

El medio consignó que Consuelo Ordóñez consideró especialmente doloroso que Zapatero eleve el discurso del olvido y elogie públicamente a EH Bildu como artífices de la paz, mientras –según remarca– no haya reconocido ni agradecido públicamente el sufrimiento de los afectados directos por la violencia de ETA. Advirtió que esa actitud representa una ausencia total de consideración hacia quienes perdieron familiares o resultaron heridos de por vida a causa del terrorismo.

Para la presidenta de Covite, la consolidación de una convivencia democrática sólida exige tres pilares: la verdad sobre lo ocurrido, la preservación de la memoria de quienes fueron víctimas y una deslegitimación absoluta del terrorismo en cualquier manifestación. Sostuvo que cualquier desviación de estos principios lejos de ayudar en el proceso de superación del conflicto social prolonga el sufrimiento y el debate público sobre la memoria y la justicia pendientes tras el final de la violencia.