Bolaños reafirma su "compromiso" en derogar la Ley de Secretos Oficiales y pide el apoyo de los grupos

Entre los aspectos destacados del debate parlamentario reciente, la desclasificación de los documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 ha centrado la atención sobre la política de secretos oficiales en España. La publicación de estos papeles, según explicó el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, da cuenta de que el Estado ha hecho públicos todos los documentos relativos al 23-F que obran en su poder. Este proceso de transparencia ha reabierto la discusión sobre la necesidad de avanzar hacia una nueva regulación, sustituyendo la actual Ley de Secretos Oficiales.

De acuerdo con lo publicado por diversos medios, Bolaños reiteró ante el Senado el compromiso del Gobierno liderado por Pedro Sánchez para derogar la Ley de Secretos Oficiales vigente, recordando que ya se remitió al Congreso un proyecto de ley sobre información clasificada. El ministro enfatizó que el éxito de esta iniciativa requerirá el respaldo de una mayoría suficiente, apelando a las distintas fuerzas parlamentarias para sumar su apoyo al texto que ya se encuentra en tramitación.

Tal como reportó la prensa, el grupo parlamentario de Geroa Bai y representantes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) demandaron avances concretos sobre la derogación de la Ley de Secretos Oficiales. Sus representantes expresaron inquietud por la posibilidad de que la tramitación parlamentaria se demore hasta agotar la legislatura sin haberse aprobado la nueva norma, a pesar de que reconocen la voluntad del Ejecutivo de modificar el marco legislativo actual.

El medio detalló que el proyecto enviado al Congreso establece que los documentos catalogados como alto secreto se desclasificarán automáticamente una vez transcurridos 45 años desde su clasificación. Bolaños explicó que la elaboración de la nueva ley no resultó sencilla y que detrás de la propuesta ha habido un proceso exhaustivo, que incluyó el análisis del Derecho comparado y consultas tanto a organismos extranjeros como nacionales. Según planteó el ministro en el Senado, la intención del Gobierno consistió en garantizar que la propuesta cumpla con los estándares considerados entre los más elevados de Europa.

En cuanto al trámite legislativo, Bolaños recordó que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con 121 escaños en el Congreso, necesita el respaldo de otras formaciones para alcanzar la mayoría mínima de 176 votos requerida para la aprobación definitiva del texto. Según señaló durante su intervención, el llamamiento para sacar adelante la ley debe dirigirse a todos los grupos parlamentarios, y no solamente al PSOE, subrayando que los acuerdos y el diálogo resultan fundamentales para progresar en la reforma.

La discusión sobre la transparencia en la gestión de documentos clasificados ha cobrado relevancia tras la reciente publicación de la documentación sobre el 23-F. Bolaños sostuvo que no existen más papeles del Estado sobre el golpe de 1981 por difundir, y descartó la existencia de una conspiración u ocultamiento de información: “Siempre será fácil seguir en cualquier tipo de conspiración y decir que los documentos que acreditan mi tesis no se han publicado. Bueno, pues ya le digo que es que no existen o no existen en poder del Estado porque hemos publicado todo”, afirmó el ministro, según consignó la prensa.

El medio reportó que Bolaños consideró que la documentación revelada ha permitido valorar el papel de diversas instituciones durante la crisis del 23 de febrero, afirmando que hubo organismos que estuvieron "a la altura" de las circunstancias, aunque reconoció que no todos comparten esta opinión.

En conclusión, la aprobación de la nueva ley sobre información clasificada depende de la construcción de mayorías parlamentarias y el acuerdo entre diferentes grupos. El proyecto busca actualizar la normativa vigente en España y garantizar una mayor transparencia estatal, en línea con los contextos legislativos europeos y con demandas sociales existentes en materia de acceso a la información pública.