
A medida que las redes sociales comenzaron a difundir información falsa sobre la magnitud y consecuencias de la dana que azotó la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024, Paco González, director general de Comunicación y Promoción Institucional de la Generalitat Valenciana, recibió la instrucción directa de la entonces consellera Salomé Pradas de contactar a la televisión pública valenciana para potenciar la comunicación oficial y advertir a la población sobre la importancia de no hacer caso a los rumores. González relató ante la jueza que investiga la gestión de la tragedia que, tras esa conversación, tomó contacto con la cadena pública, la cual difundió de inmediato las actualizaciones oficiales provenientes del servicio de emergencias '112'. Esta acción buscó reforzar las advertencias a la ciudadanía y contrarrestar la propagación de bulos, con el objetivo de preservar la seguridad pública.
Según consignó el medio original, González compareció como testigo ante la magistrada encargada de esclarecer los hechos relacionados con la gestión de la catástrofe, que dejó un saldo de 230 personas fallecidas. Durante su declaración, el responsable de Comunicación explicó que mantuvo comunicaciones tanto con el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, como con la exconsellera Pradas a lo largo de la jornada crítica. A la pregunta de la jueza sobre el contenido y tono de dichas conversaciones, González precisó que tanto Mazón como Pradas mostraron en todo momento un “tono de trabajo”, en el que primaban la responsabilidad y la coordinación ante la emergencia.
González detalló ante la jueza que la mañana de la dana mantuvo un primer contacto telefónico con Salomé Pradas, alrededor de las 11:00 horas. El fin de esa conversación habría sido recabar información de primera mano que permitiera preparar adecuadamente la rueda de prensa de la portavoz del Gobierno valenciano prevista en el Palau de la Generalitat. En ese intercambio, según publicó el medio original, se repasaron distintas incidencias vinculadas al temporal y se reiteraron las recomendaciones de precaución dirigidas a la ciudadanía.
En la segunda comunicación entre González y Pradas, que tuvo lugar a las 18:26 horas, la entonces consellera alertó sobre el inicio de la circulación de bulos y desinformación acerca de la catástrofe. Pradas solicitó explícitamente que desde la dirección de Comunicación se gestionase el flujo de informaciones oficiales a través de la televisión pública autonómica, subrayando la necesidad de ofrecer datos verificados a la población para evitar confusión y exposición a peligros. El propio González confirmó que, tras esa petición, se comunicó directamente con la televisión valenciana, donde encontró total predisposición para difundir los partes oficiales, según relató a la magistrada.
La tarde del mismo día, González también estableció contacto por teléfono con Carlos Mazón, quien entonces era presidente de la Generalitat. El director general subrayó ante la jueza la actitud profesional mostrada en esa llamada, definiendo el tono como propio de una situación de trabajo intensa y con sentido de la responsabilidad. “Hay un tono de trabajo, de responsabilidad, de estar encima de las cosas”, precisó González, de acuerdo con lo consignado por la fuente original. El director general recalcó la similitud en la actitud mostrada por Mazón y Pradas durante las conversaciones, remarcando la coordinación e intercambio constante de información relevante entre los equipos de gestión ante la urgencia de los acontecimientos.
El procedimiento judicial en curso mantiene como investigados a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y a Emilio Argüeso, quien ocupaba el puesto de número dos en la consellería. La instrucción busca determinar el grado de acierto y diligencia en la gestión de la emergencia, especialmente en lo que respecta a la transmisión de información y las decisiones adoptadas para minimizar el impacto del desastre.
De acuerdo con lo reportado por la fuente original, González sostuvo ante la autoridad judicial la importancia de mantener canales informativos claros y oficiales en momentos críticos. La comparecencia tuvo especial foco en el papel de la comunicación institucional y la respuesta que se dio a la proliferación de rumores en redes sociales, un aspecto identificado como factor relevante en el nivel de ansiedad y confusión social tras la riada.
Con las declaraciones de González, el juzgado sigue recopilando testimonios que ayuden a establecer una secuencia precisa de los hechos y evaluar la respuesta institucional ante una crisis sin precedentes en la región. El avance del proceso judicial continuará aportando nuevas perspectivas sobre el operativo y la transmisión de información en aquella jornada marcada por la emergencia y el elevado número de víctimas, según detalló el medio original.
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