Tejero reprochó al Gobierno que le enviara a una celda "llena de humedad" y "a 650 kilómetros" sin orden judicial

El abogado de Antonio Tejero explicó que su cliente tuvo que enfrentar condiciones de encarcelamiento muy diferentes a las de los otros encausados del proceso por el intento de golpe de Estado del 23-F, señalando que el teniente coronel fue trasladado a una prisión militar ubicada a una gran distancia de la capital y que la decisión no contó con autorización judicial previa. Según informó el medio, la defensa del exteniente coronel remitió un escrito al Ministerio de Defensa el 28 de julio de 1981, en el que protestaba tanto por la forma como por el fondo de este traslado, a meses del frustrado golpe militar.

Tal como publicó la fuente, la defensa consideró inaceptable que Tejero fuera enviado al castillo de La Palma, en la comarca gallega de Ferrol, que se encuentra a aproximadamente 650 kilómetros de Madrid. El escrito enfatizaba la carencia de una orden judicial que respaldara esta medida, lo cual, a criterio de los abogados, vulneraba derechos y creaba situaciones de indefensión. El letrado especificó que la decisión fue adoptada por el Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo sin que un juez competente la avalara y criticó la actuación directa del Ministerio de Defensa en un asunto que, de acuerdo al Reglamento de Establecimientos Penitenciarios Militares, debía corresponder exclusivamente a la autoridad judicial competente.

Según consignó la fuente, la defensa de Tejero agregó que las condiciones dentro de la celda agravaron la situación del encartado, afirmando que este espacio presentaba un alto nivel de humedad y que su cliente ya padecía problemas de salud, incluyendo reuma y anemia. Los abogados subrayaron que la distancia entre el penal de La Palma y Madrid dificultaba la labor de defensa, al impedir el contacto frecuente y directo entre letrado y defendido, algo que los otros acusados sí podían garantizar por hallarse en la misma jurisdicción que el tribunal encargado del caso.

El medio detalló también la reacción del Juez Especial Instructor, quien, según el abogado de Tejero, “fue testigo de la sorpresa cuando se enteró del traslado por televisión”, criticando así la opacidad en el proceso. La defensa insistió en el escrito que el traslado representaba una actuación nula de pleno derecho, por tratarse de una decisión tomada por un órgano del Poder Ejecutivo “manifiestamente incompetente”. El mismo documento reflejaba preocupación por la imposibilidad de mantener un flujo adecuado de consultas entre abogado y cliente, un aspecto que se consideraba esencial para la tarea de defensa dentro de cualquier Estado de derecho.

De acuerdo con el texto desclasificado bajo el nombre ‘Traslado de peticiones de los abogados de los condenados’, la defensa de Tejero reclamó, en consecuencia, el retorno de su cliente al Establecimiento Penitenciario Militar de Alcalá de Henares, en Madrid, argumentando que allí debía encontrarse en ese momento. La localización de este centro en la capital permitía, para la defensa, igualdad de condiciones respecto a los otros procesados y garantizaba el acceso al tribunal y a su representante legal.

El documento presentado por los abogados de Tejero aportó también objeciones de fondo al procedimiento, expresando protesta formal por lo que se describió como infracciones procesales. Según reportó la fuente, el letrado señaló que el propio reglamento penitenciario militar limitaba al Ministerio de Defensa en sus atribuciones para efectuar traslados, de modo que solo una autoridad judicial tenía competencia legítima para decidir un cambio así.

Las quejas de la defensa incluyeron además referencias al impacto del encierro sobre su representado, enfatizando tanto su estado de salud como la calidad de las instalaciones donde permaneció recluido. La distancia de más de 650 kilómetros respecto al domicilio del letrado afectó, según la defensa, la preparación de la estrategia procesal. El escrito amplificaba el argumento de que todos los demás encausados se hallaban en Madrid, lo que facilitaba a sus abogados el intercambio de información y la coordinación con el tribunal, a diferencia de la situación de Tejero.

En el mismo texto, los abogados denunciaron que la medida constituía una “total indefensión, aberrante en cualquier Estado de derecho”. Esta afirmación completó una queja donde la defensa restó toda validez jurídica a la decisión ejecutiva, al mismo tiempo que solicitó nuevamente que Tejero fuera trasladado de inmediato a Alcalá de Henares, señalando que esa era la ubicación judicial y penitenciaria procedente conforme a derecho para el proceso penal derivado de los hechos del 23-F.

A lo largo de este proceso, según diferentes apartados del documento desclasificado y según reiteró la fuente, la defensa de Tejero mantuvo la postura de que no solo existía una irregularidad formal en la tramitación de su traslado, sino que las condiciones personales y procesales de su cliente se vieron perjudicadas innecesariamente, generando protestas no solo por la presunta inconstitucionalidad de la actuación, sino también por la posible afectación a la tutela judicial efectiva, eje de la queja expuesta ante las autoridades.