PNV cree que Sánchez cumplirá la promesa que hizo a Esteban de reformar la Ley de secretos oficiales

Durante la conmemoración de medio siglo desde los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, fecha en la que cinco trabajadores murieron y cerca de cincuenta resultaron heridos durante una intervención de la Policía Armada en una asamblea laboral, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi, reafirmó que el Estado debe reconocer su implicación en esos hechos y asumir las consecuencias históricas, según reportó Europa Press. Díez Antxustegi también se refirió a la exigencia de reformas legislativas y una mayor transparencia respecto a acontecimientos históricos que han marcado a la sociedad vasca, recalcando que el Gobierno central tiene responsabilidades pendientes que la ciudadanía sigue reclamando.

Tal como publicó Europa Press, el dirigente del PNV insistió en la importancia de que el Ejecutivo estatal cumpla los acuerdos adoptados en el Congreso, entre ellos la reforma de la Ley de secretos oficiales. Esta iniciativa fue impulsada y presentada por el PNV, y actualmente sigue bloqueada en la Cámara Baja. Díez Antxustegi subrayó que la gente tiene derecho a conocer lo que ocurrió, motivo por el cual reiteró la necesidad de que se desbloquee la reforma prometida por el presidente Pedro Sánchez al actual presidente del EBB, Aitor Esteban. Según puntualizó, “cuando alguien se compromete a algo, tiene la responsabilidad de cumplirlo”, y expresó su confianza en que Sánchez finalmente cumplirá la promesa de modificar esta normativa.

En el marco de transparencia y acceso a la información, Díez Antxustegi celebró que se haya realizado la desclasificación de documentos relativos al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Según consignó Europa Press, el portavoz aseguró que “todo lo que sea transparencia, todo lo que sea que la ciudadanía tenga la oportunidad de conocer la información, de conocer los documentos oficiales que indican qué es lo que realmente ocurrió, es bueno y va en la buena dirección”. Consideró igualmente necesario que se conozca el papel desempeñado por todas las personas involucradas, incluyendo al entonces rey Juan Carlos I.

Además, el portavoz del PNV reclamó que el mismo criterio de desclasificación se aplique a otros episodios históricos pendientes, como la masacre del 3 de marzo en Vitoria-Gasteiz, los sucesos de Sanfermines de 1978 y el caso Zabalza, entre otros. “Si se ha podido hacer con los documentos del 23 de febrero, también se puede hacer con los de otro tipo de momentos históricos”, remarcó, en declaraciones recogidas por el citado medio.

En cuanto al debate actual sobre el 3 de marzo, cuando se cumplen cincuenta años del acontecimiento, Díez Antxustegi reiteró que el Estado debe asumir el papel que desempeñó en aquellos hechos. Expresó que, si bien el Estado actual no es el mismo que entonces, resulta imprescindible reconocer esa responsabilidad por tratarse de una intervención de la Policía Armada de un Gobierno estatal que causó la muerte de trabajadores en Vitoria-Gasteiz. Propuso que no debería existir inconveniente en reconocer esto y en pedir disculpas tanto a los afectados directos, sus familias y a la ciudadanía de Gasteiz.

Respecto a la moción impulsada por EH Bildu y Sumar que se debatirá en el Parlamento vasco, la cual pide que el Gobierno del Estado asuma su responsabilidad directa por los hechos del 3 de marzo, el portavoz del PNV señaló que aún no está decidido si su formación apoyará la medida. Según publicó Europa Press, precisó que su partido mantiene negociaciones con el PSE-EE, socio en el Ejecutivo autonómico, aunque ambos han presentado enmiendas separadas. Reiteró, no obstante, que el PNV intentará hasta el último minuto alcanzar un acuerdo que permita reconocer el papel del Estado y expresar un compromiso firme hacia las víctimas y sus familias.

Díez Antxustegi reiteró que la posición del PNV exige no solo el reconocimiento institucional, sino también una declaración explícita de condena respecto a las acciones del Gobierno estatal de la época, según detalló Europa Press. Destacó además la importancia de trabajar por una actuación parlamentaria unitaria que evite la dispersión de votos en un tema que afecta directamente a la memoria y a los derechos de las víctimas.

El dirigente vasco planteó que la reforma de la Ley de secretos oficiales avanza de la mano del principio de transparencia y del derecho ciudadano a acceder a información relevante sobre la historia reciente. Considera que estas demandas sociales siguen vigentes y requieren respuestas concretas del Ejecutivo central, en materia tanto de legislación como de reconocimiento de responsabilidades históricas.

En este contexto, la sociedad vasca y los colectivos vinculados a las víctimas han insistido durante años en la importancia de que el Estado español asuma su papel en acontecimientos como los del 3 de marzo de 1976, los Sanfermines de 1978 o el caso Zabalza, reclamaciones que, según reportó Europa Press, ahora reciben nuevos impulsos en la agenda política mediante iniciativas de debate en el Parlamento vasco y a través de la presión sobre el Gobierno central para que avance en la desclasificación de los documentos correspondientes.

El escenario parlamentario se presenta con enmiendas presentadas por diferentes partidos y negociaciones abiertas entre PNV y PSE-EE para consensuar una postura común ante la propuesta apoyada por EH Bildu y Sumar. La decisión final y el resultado de la votación dependerán de la capacidad de los grupos para alcanzar un acuerdo que permita expresar, en términos institucionales, un reconocimiento y una condena por los hechos acontecidos hace cinco décadas, expresó Díez Antxustegi en las declaraciones recogidas por Europa Press.