Marlaska anuncia la revisión el protocolo de acoso sexual de la Policía para saber por qué la víctima del DAO no lo usó

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, subrayó durante su intervención en la comisión del Congreso la importancia de comprender por qué la agente que denunció una presunta violación por parte del ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, no recurrió a los protocolos internos de la policía y optó, en cambio, por acudir directamente a los tribunales. De acuerdo con lo publicado por varios medios, Marlaska anunció que la Secretaría de Estado de Seguridad realizará una “revisión extraordinaria” sobre los procedimientos internos de acoso sexual y violencia de género en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el fin de determinar las causas de esta decisión y corregir posibles deficiencias.

Según consignó el medio en su cobertura, esta medida fue comunicada tras duras intervenciones de portavoces parlamentarios de distintos grupos —entre ellos Partido Popular, Vox, ERC y Unión del Pueblo Navarro—, quienes solicitaron explicaciones sobre el caso que involucra al hasta hace una semana máxima autoridad uniformada de la Policía Nacional. Marlaska reconoció en su comparecencia que la gravedad de los hechos atribuidos al exDAO ha impulsado este proceso de análisis adicional, pese a que los protocolos reciben revisiones y actualizaciones periódicas dentro del Ministerio.

Durante su exposición, el ministro precisó que los procedimientos existentes han demostrado efectividad y que han sido aplicados en casos semejantes ocurridos dentro de la institución. Aun así, justificó la revisión extraordinaria y el liderazgo de la actual secretaria de Estado de Seguridad, Aína Calvo, en este proceso para asegurar que se esclarezcan las razones que llevaron a la denunciante a no activar los mecanismos internos. Marlaska declaró: “Queremos saber con precisión qué ha ocurrido en este caso y detectar posibles carencias en nuestros protocolos de actuación ante situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo, género, orientación o identidad sexual y corregirlas de inmediato para que hechos tan graves no vuelvan a producirse”.

El desarrollo de los acontecimientos en el seno de la policía ha generado fuertes cuestionamientos por parte de la oposición y del propio socio de gobierno, según detalló el medio. El diputado del Partido Popular Ángel Hernández, en su intervención, calificó el asunto como el “ataque más grave que ha sufrido la Policía Nacional en toda su historia”, y exigió que Marlaska aclarase si tenía conocimiento previo de los hechos y cuáles fueron los motivos para mantener a González en su puesto. Hernández sostuvo ante la comisión: “No ha explicado si lo sabía o si lo sabía y lo ocultó, y cómo pudo forzar la continuidad de su íntimo colaborador. Porque después de lo conocido, si usted no lo hubiese mantenido, no hubiera habido tal violación. Y eso implica la asunción inmediata de responsabilidades y dar explicaciones”.

El portavoz de Vox, Ignacio Gil Lázaro, recriminó al ministro tanto por la renovación de la “edad activa” del exDAO —introducida, según expuso, de forma discreta en un decreto de ayudas tras la dana de Valencia— como por la presión institucional que sufrió la víctima. Gil Lázaro calificó la situación como un “hito” en la historia de la democracia española, al tratarse de la primera vez que el DAO de la Policía está siendo investigado por una presunta agresión sexual, y opinó que Marlaska debería haber presentado su dimisión.

Alberto Catalán, representante de Unión del Pueblo Navarro, también solicitó la renuncia del ministro, refiriéndose a la gestión del caso y a la protección que, interpretó, brindó al exDAO. Catalán se refirió al episodio como un “vergonzoso escándalo” y atribuyó al ministro responsabilidades por lo que consideró falta de competencia e indecoro en la gestión del incidente.

Francecs-Marc Álvaro Vidal, diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, interrogó al ministro respecto al impacto social del caso y sus repercusiones sobre la imagen del Ministerio del Interior y los sistemas de control de altos cargos. Según publicó el medio, Vidal recalcó la repercusión pública y la importancia de clarificar la capacidad de respuesta institucional ante hechos que trascienden la vida interna de los cuerpos policiales.

Durante la comparecencia, Grande Marlaska reiteró que la función de la revisión extraordinaria es asegurar que los protocolos internos cubren adecuadamente todos los posibles escenarios de acoso y violencia para garantizar la confianza de los afectados en su funcionamiento. También subrayó que el objetivo final es “corregir carencias para que hechos tan graves no vuelvan a producirse”, una declaración que, según reportó el medio, resume el enfoque de la intervención ministerial.

El caso ha despertado un amplio debate acerca de los procedimientos de gestión de denuncias dentro del ámbito policial y sus límites, especialmente sobre la sensibilización, protección y acompañamiento institucional a las víctimas. De acuerdo con el medio, el análisis al que se someterán los protocolos contempla la revisión de los canales de denuncia, el acompañamiento a la víctima, la garantía de confidencialidad y el tratamiento de expedientes que involucren a altos mandos.

Según las declaraciones recogidas y publicadas, la Secretaría de Estado de Seguridad adoptará un papel protagónico en la coordinación de las tareas de revisión, bajo la gestión de Aína Calvo, quien previamente ocupó la Secretaría de Estado de Igualdad. La intervención de diferentes partidos puso en evidencia la preocupación por las dimensiones políticas y sociales del caso, así como la relevancia de garantizar un marco de transparencia y responsabilidad en el tratamiento de denuncias de acoso dentro de las estructuras policiales.

Los interrogantes sobre la continuidad de altos mandos y la presión institucional percibida sobre la denunciante movilizaron a los diputados a exigir tanto explicaciones sobre las decisiones de personal adoptadas en torno al exDAO como sobre la consistencia y eficacia reales de los mecanismos internos para atender casos de violencia y acoso. De acuerdo con el medio, este proceso de revisión extraordinaria podría traducirse en nuevas directrices, protocolos o mecanismos reforzados dentro del ámbito de la Policía Nacional y los cuerpos estatales de seguridad.