La posibilidad de un golpe de Estado era el tercer riesgo para Defensa dos semanas antes del 23F

El documento semestral elaborado por el Ministerio de Defensa y desclasificado recientemente analiza en detalle el fenómeno de la “involución”, abarcando todo acto que persiga la toma del control del Estado por vías ajenas a las establecidas en la Constitución, motivado por intereses opuestos a los de carácter revolucionario. Según informó Europa Press, el texto reconoce la dificultad para identificar con claridad la magnitud real de la amenaza involucionista, afirmando que existen "dificultades específicas" para delimitar el estado de dicha amenaza en el contexto de comienzos de 1981 en España. A partir de este análisis, el Ministerio de Defensa situó la posibilidad concreta de un golpe de Estado como la tercera mayor preocupación de seguridad interior apenas dos semanas antes del 23 de febrero de 1981.

De acuerdo con Europa Press, el “Informe semestral sobre la amenaza interior”, fechado el 10 de febrero de 1981, coloca al terrorismo en primer lugar como el riesgo más probable, apuntando a una posible intensificación y radicalización de las acciones terroristas. El documento, elaborado por el Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), evalúa en segunda posición la probabilidad de brotes extensos de desobediencia civil separatista, que podrían implicar conductas o declaraciones de carácter oficial a nivel local, y señala que estas podrían combinarse con un repunte de la actividad terrorista orientada a la guerra de guerrillas.

En tercer lugar, el informe aborda el riesgo de involución, señalando que deben considerarse tanto las maniobras políticas extraconstitucionales con apoyo militar como las acciones armadas de escala limitada. El texto subraya la existencia de una conexión entre estas hipótesis, reflejando la compleja situación de seguridad interior en aquellos momentos. Bajo el apartado “involución”, el informe detalla que cualquier acto orientado a la conquista de la estructura estatal por caminos ajenos a la Constitución representa una amenaza. Aquí, se menciona que las Fuerzas Armadas, constitutivamente responsables de la defensa del Estado, también constituían paradójicamente el principal agente potencial para acciones contrarias al orden constitucional capaces de usurpar el poder.

El medio Europa Press especifica que evaluar la amenaza de involución dentro de las Fuerzas Armadas resulta complejo, ya que el CESID no tiene competencia sobre ellas y esa tarea compete a los servicios de información de los diferentes Ejércitos. El informe señala como posible detonante de una acción involutiva el terrorismo de ETA, el separatismo y posibles ataques perpetrados directamente sobre las propias Fuerzas Armadas o los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

El documento también hace referencia a la existencia de una posible “acción psicológica coordinada” o a la proliferación de acontecimientos orientados a aumentar la tensión social para, mediante ese clima, generar un apoyo popular hacia la solución militar de los problemas del momento. Entre las prácticas detectadas, el análisis de Defensa evidencia la presencia de diversas gestiones orientadas a promover compromisos clandestinos entre mandos profesionales tanto de las Fuerzas Armadas como de los Cuerpos de Seguridad del Estado.

En cuanto a los proyectos detectados por el Ministerio de Defensa, el informe recoge la existencia de posturas radicales, algunas de las cuales pretenden restaurar la “legalidad de 1975” mientras que otras proponen la instauración de un “gobierno de gestión” que implique una Constitución más conservadora y de tendencia presidencialista. Según publicó Europa Press, el informe desclasificado subraya la variedad de los modelos planteados entre quienes albergaban intenciones involucionistas y manifiesta la dificultad para delimitar con toda claridad el estado real de tales amenazas, dada la restricción de los ámbitos informativos sobre las Fuerzas Armadas.

El informe del Ministerio de Defensa insiste en que todas estas hipótesis no solo existían de forma aislada, sino que se encontraban ligadas entre sí, formando un escenario con distintos elementos de tensión capaces de reforzarse mutuamente. El texto advierte explícitamente que los intentos involucionistas podían surgir como reacción a episodios de terrorismo o enfrentamientos con los propios cuerpos armados y de seguridad, además de aludir a la posibilidad de que determinados sectores buscaran apoyos clandestinos y coordinación para avanzar en sus objetivos, según reportó Europa Press. El análisis semestral realizado por el CESID y difundido por el Ministerio de Defensa ilustra de manera detallada los factores y dinámicas internas que, en vísperas del 23 de febrero de 1981, identificaban la amenaza de un golpe de Estado como un peligro vigente pese a que no figuraba como la principal preocupación de seguridad.