Los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid han puesto el foco en la naturaleza de los correos electrónicos intercambiados entre responsables de la Universidad Complutense de Madrid y la asesora de la esposa del presidente del Gobierno, señalando que estos mensajes contienen información oficial relevante para esclarecer la participación de Cristina Álvarez en tareas ajenas a sus funciones como asistente de Begoña Gómez. Esta valoración sostiene la decisión judicial de requerir dichos correos en el marco de la investigación, y constituye el corazón de la resolución ante el recurso presentado por la defensa de la asesora. Según consignó Europa Press, los jueces sostienen que esta medida no supone una invasión en el ámbito privado de las personas involucradas, ya que los mensajes proceden de direcciones oficiales vinculadas a la Moncloa y a la propia universidad.
La defensa de Cristina Álvarez había solicitado una aclaración a la Audiencia Provincial de Madrid, argumentando que Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, no había ofrecido voluntariamente entregar dichos correos electrónicos durante su declaración como testigo ante el juez Juan Carlos Peinado. El abogado de Álvarez aseguró en un escrito que "como puede comprobarse en la grabación en vídeo de las declaraciones prestadas por el testigo, lo cierto es que Doadrio no ha ofrecido nunca, en ningún momento de sus declaraciones, la aportación voluntaria a la causa de esos correos electrónicos", conforme recoge el medio Europa Press.
Ante este planteamiento, los magistrados rechazaron la petición de aclaración al considerar que lo solicitado buscaba un nuevo pronunciamiento sobre asuntos previamente resueltos en el recurso de apelación. Según detalló Europa Press, en el auto se aclara que, durante su testimonio, Doadrio señaló que poseía alrededor de un centenar de correos electrónicos, y que la interlocución inicialmente mantenida con Begoña Gómez pasó posteriormente a ser con Cristina Álvarez, lo que la Audiencia considera un aspecto de relevancia para la instrucción del caso.
El tribunal enfatizó que los correos en cuestión proceden de canales institucionales, tanto del Palacio de la Moncloa como de la Universidad Complutense, desligándolos de cualquier carácter estrictamente privado. Además, la Audiencia subrayó que estos mensajes reflejan datos oficiales y resultan pertinentes para examinar el rol de Cristina Álvarez fuera de sus funciones formales dentro del marco de la investigación. Según publicó Europa Press, los magistrados concluyeron que requerir tales correos "no constituye una intromisión en la esfera privada del individuo".
La defensa de Álvarez había cuestionado el procedimiento seguido por el juez instructor Juan Carlos Peinado, quien solicitó el envío de los correos mediante una providencia. A juicio de la defensa, esta solicitud debió haberse realizado mediante un auto, ya que la reclamación afectaba –según alegaron– los derechos fundamentales de Álvarez, incluidos la intimidad y el secreto de las comunicaciones. Contra esta decisión, presentaron el recurso que ahora ha sido desestimado por la Audiencia de Madrid, que respaldó la forma en que el juez instructor actuó y validó la obtención de los mensajes.
El caso en el que se solicita la entrega de estos correos se enmarca en una investigación judicial de gran relieve mediático y político. Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aparece como investigada por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación. Según informó Europa Press, la investigación se articula en torno a cuatro líneas principales: el presunto tráfico de influencias a favor del empresario Juan Carlos Barrabés (también investigado), la gestión por parte de Gómez de la cátedra y los dos másteres que codirigía en la Universidad Complutense, la supuesta apropiación indebida de software vinculado a la cátedra y el nombramiento de Álvarez como asesora en la Moncloa.
El medio Europa Press puntualizó además que Álvarez figura como una de las tres personas investigadas en la causa, junto a Gómez y al empresario Barrabés. La causa comenzó a raíz de distintas actuaciones en las que se plantea si el uso de recursos y nombramientos dentro de la Universidad Complutense y su entorno pudo suponer actuaciones irregulares con impacto político y académico.
En los argumentos de la Audiencia Provincial de Madrid se afirma que la naturaleza de los correos analizados trasciende el ámbito personal y aporta elementos de interés directo para valorar la implicación de una asesora dentro de contextos fuera del estricto marco de sus competencias laborales. La resolución judicial detalla que la información intercambiada en las direcciones institucionales reviste carácter oficial, y que los correos pueden ofrecer datos relevantes para el avance de la investigación.
El procedimiento seguido por el juez instructor ha sido objeto de discusión desde la defensa de las partes investigadas, según reportó Europa Press, quienes consideran que la obtención de los correos afecta a derechos constitucionales. Sin embargo, la Audiencia de Madrid se mantiene en la postura de que el acceso a estos documentos está justificado dentro del marco de la investigación, siempre que se trate de comunicaciones relacionadas con el ejercicio de funciones públicas.
El debate sobre la frontera entre la vida privada y el uso de recursos institucionales cobra especial relevancia en este contexto judicial, dado que la instrucción pone bajo escrutinio la relación entre actividades oficiales y gestiones vinculadas a altos cargos y sus entornos cercanos. Los magistrados sostienen que su actuación persigue únicamente esclarecer posibles irregularidades en la gestión de cargos públicos y recursos universitarios, como consta en la documentación judicial examinada por Europa Press.
La continuidad de la investigación sobre Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés se sostiene sobre una amplia revisión documental y testimonial referida tanto a la gestión académica y los vínculos empresariales, como a los nombramientos y el empleo de bienes y servicios universitarios. Según Europa Press, el contenido de los correos permitirá determinar la posible existencia de actuaciones ajenas a las funciones protocolarias y administrativas encomendadas oficialmente a quienes figuran en la causa.
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