El PNV lleva al Senado una iniciativa para desclasificar la documentación de la matanza de Vitoria del 3 de marzo

La falta de acceso a la información sobre uno de los episodios más violentos de la Transición sigue generando nuevas peticiones políticas para que salga a la luz la verdad sobre los hechos. Según consignó el medio, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha registrado una iniciativa en el Senado con el objetivo de que se desclasifique toda la documentación relativa a la matanza de Vitoria del 3 de marzo de 1976. En esa jornada, cinco trabajadores perdieron la vida y cientos de personas resultaron heridas como consecuencia de los disparos efectuados por la Policía Armada durante una protesta obrera en la capital alavesa.

De acuerdo con la información difundida por el propio grupo parlamentario, la moción reclama que el Gobierno estatal reconozca expresamente la “responsabilidad directa” de los poderes públicos en estos hechos y que proceda a la derogación de la Ley de Secretos Oficiales, que mantiene oculta la documentación vinculada con la represión ejercida ese día. El texto registrado será debatido la próxima semana en el pleno del Senado.

Tal como reportó el partido ‘jeltzale’, la moción condena enérgicamente la intervención policial de aquel 3 de marzo de 1976 y recuerda que, junto con los cinco fallecidos, centenares de manifestantes sufrieron lesiones de diversa gravedad por los disparos y por la actuación de las fuerzas del orden. Pese a los pasos dados en reconocimiento a las víctimas y a la creación del Memorial en la iglesia de San Francisco de Asís —declarado por el Gobierno como lugar de Memoria Democrática—, el PNV sostiene que todavía no existe un reconocimiento explícito de la responsabilidad estatal por parte de las instituciones.

En el texto presentado, la portavoz del PNV en la Cámara alta, Estefanía Beltrán de Heredia, señala que todavía “falta conocer toda la verdad sobre lo sucedido”, ya que la información relevante permanece oculta bajo la protección de la Ley de Secretos Oficiales. Según publicó el grupo nacionalista, la senadora subraya que “sin verdad no hay justicia ni reparación”, y enfatiza la importancia de que la sociedad y los familiares de las víctimas tengan acceso a toda la documentación sobre estos hechos para poder avanzar en materia de memoria democrática, dignificación y resarcimiento.

Durante la presentación de la iniciativa, Beltrán de Heredia también se refirió al reciente proceso de desclasificación de documentos relacionados con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, para criticar lo que considera una disparidad en el criterio aplicado por el Gobierno central según el asunto tratado: “Misma ley, distinta aplicación”, manifestó la senadora en respuesta a la distinta gestión de los archivos según el caso, difundió el PNV.

La moción presentada en el Senado recoge estas demandas en línea con el reclamo social y de los familiares de las víctimas, que desde hace décadas exigen un esclarecimiento total de las responsabilidades y el acceso libre a toda la documentación oficial que permanece secreta. Según resaltó el medio, el PNV vincula esta demanda con el deber público de preservar la memoria colectiva y reparar el daño sufrido por quienes resultaron afectados por la represión.

El grupo nacionalista ha defendido la necesidad de que el Estado actúe para dignificar y reconocer a las personas que sufrieron las consecuencias directas de la violencia institucional en aquel contexto de protestas laborales. En concreto, la moción solicita que se elimine el blindaje legal sobre la información reservada acerca de los acontecimientos, y que toda la documentación relativa al operativo policial llevado a cabo el 3 de marzo de 1976 sea accesible para los investigadores, familiares y la ciudadanía.

La propuesta trae nuevamente al debate parlamentario la cuestión de la transparencia, la obligación de investigar y la respuesta pendiente por parte del Estado ante las víctimas de la Transición que no han visto reconocidos plenamente sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Según detalló el PNV en su comunicado, la iniciativa busca abrir un proceso que permita esclarecer los hechos, establecer responsables y consolidar el avance en la consolidación democrática a través de una memoria histórica basada en la verdad documentada.

Durante los más de cuarenta años transcurridos desde la matanza, han sido reiterados los llamamientos para que la información clasificada se levante y el país pueda conocer en detalle las decisiones políticas y las órdenes operativas que desembocaron en el saldo letal de la represión de Vitoria. La creación del Memorial y el reconocimiento oficial de la iglesia de San Francisco de Asís como lugar de memoria democrática forman parte de los pasos dados en este sentido, pero el debate acerca de la responsabilidad institucional y la liberación de los archivos fundamentales sigue pendiente, según insistió el grupo nacionalista en el Senado, recogió el medio.

La discusión sobre la Ley de Secretos Oficiales y su vigencia afecta a diversas demandas sociales y políticas para clarificar acontecimientos controvertidos del pasado reciente, y el caso del 3 de marzo de 1976 en Vitoria se ha consolidado, según la información publicada, como uno de los ejemplos más notorios de la necesidad de transparencia y acceso a la verdad histórica en el Estado español.