El instalador acusado de violar a una clienta en Cantabria dice que fue "consentido: Me dejé llevar y fui infiel"

El acusado explicó en sede judicial que, tras acudir a la residencia de la denunciante para efectuar una revisión técnica, fue sorprendido por la situación que desembocó en la relación sexual. El instalador reconoció su infidelidad y señaló que el acto fue consentido, afirmando: “Me dejé llevar y fui infiel”, cita reproducida por el medio. Según informó el medio, la Fiscalía solicita una pena de diez años de prisión para el inculpado, al considerarlo responsable de un delito de agresión sexual, y la acusación particular reclama la misma condena, además de una indemnización de 16.000 euros para la víctima.

De acuerdo con la publicación, los hechos tuvieron lugar a primera hora de la tarde del 19 de septiembre de 2023 en Cantabria. El trabajador, que llevaba aproximadamente seis meses empleado en la empresa de seguridad, acudió al domicilio de la mujer por tercera vez, esta vez para reparar fallos en los sensores de alarma previamente instalados. El fiscal mantiene que el acusado impidió el paso a la víctima al salir de una de las habitaciones, le realizó comentarios insinuantes, la abrazó con fuerza, la besó en la boca en contra de su voluntad y finalmente la lanzó violentamente sobre la cama. Añade el escrito que siguió un forcejeo durante el cual el acusado le retiró la ropa interior y la penetró vaginalmente.

El procesado, ya desvinculado de la empresa para la que trabajaba en el momento de los hechos, describió ante la Audiencia Provincial de Cantabria un relato diferente al mantenido por la acusación. Señaló que las dos visitas anteriores a la vivienda transcurrieron sin incidentes y se limitaron a la relación profesional entre técnico y cliente. Según su testimonio, la situación varió en la última ocasión, cuando se encontraba colocando regletas junto a la cama del dormitorio y surgió un beso “inesperado”. Relató que preguntó a la mujer qué estaba ocurriendo y le planteó que ese comportamiento no era adecuado durante la jornada laboral, a lo que la denunciante respondió que no pasaba nada y restó importancia al beso.

El hombre detalló que regresó a su trabajo y que la mujer se situó nuevamente a poca distancia de él mientras colaboraba con el cableado. Tras de esto, ambos cayeron al suelo accidentalmente y, según la versión del acusado, la mujer quedó encima de él, girándose después y tomando la iniciativa en la interacción física. Aseguró que tras un intercambio de besos, propuso ir a la cama, momento en el que la mujer se desvistió y se sentó en el colchón. Insistió ante el tribunal en que el encuentro resultó mutuo y exento de coacción: “Fue un acto consentido y mutuo. Está claro”, declaró. El acusado negó haber utilizado la fuerza o la violencia y estimó que la relación sexual fue rápida pero completa.

Después del encuentro, según explicó el acusado, ambos entablaron una breve conversación en la que manifestó que esa situación no debía repetirse, pues consideraba que faltaba al respeto a su propia familia. Tras asearse y comprobar el correcto funcionamiento de la alarma, abandonó el domicilio. Días después, la Policía Nacional acudió a su lugar de trabajo para detenerlo. El medio reportó que el acusado manifestó sentirse sorprendido por los hechos: “Me parecía una película de ciencia-ficción”, expresó.

La defensa del acusado sostiene que durante el proceso no existió ningún tipo de amenaza, fuerza o imposición, y que la interacción fue motivada y consentida por ambas partes. La Fiscalía, no obstante, solicita penas accesorias adicionales: quince años de prohibición de comunicación y acercamiento a la víctima o a su domicilio y lugar de trabajo, así como diez años de libertad vigilada y la inhabilitación durante quince años para cualquier actividad profesional que implique contacto con menores.

La acusación particular, representación de la víctima, añade en su argumentación que el acusado desconectó la alarma del domicilio durante un periodo superior a tres horas y que, dada su familiaridad con la vivienda —por visitas previas—, conocía que la denunciante residía sola. Según la acusación, la víctima sufrió, además de varias lesiones físicas como hematomas, un “gran miedo y ansiedad”, requirió asistencia sanitaria, tratamiento psicológico y medicación ansiolítica. Se le ha diagnosticado un trastorno de ansiedad asimilable a un trastorno por estrés post-traumático de nivel leve a moderado.

Durante la sesión de la vista oral, dos amigas de la víctima declararon que la mujer se había puesto en contacto con ellas tras el suceso para relatarles que había sido violada. Ambas han descrito ante el tribunal el estado emocional de la denunciante, mencionando que se encontraba muy alterada, nerviosa y que tenía dificultades para expresarse. Una de las amigas relató que recibió una llamada de la víctima “gritando y llorando”, solicitándole que acudiera a su casa. Las testigos afirmaron que, días después, la mujer seguía en estado de angustia y que mostraba un comportamiento temeroso, revisando su entorno con inquietud. Añadieron que en la actualidad permanece afectada y continúa en tratamiento psicológico.

Las agentes de la Policía Nacional encargadas de la denuncia, interpuesta en Madrid, aseguraron ante el tribunal que la víctima se encontraba en estado de “shock” y que presentaba lesiones físicas visibles en las muñecas y en el interior del muslo. Las policías rememoraron que, aunque la víctima coordinaba bien sus movimientos y palabras, relató los hechos en tercera persona, como distanciándose emocionalmente de lo sucedido y presentando una afectación psicológica notable por haber sufrido el supuesto ataque en su propio domicilio.

Por otro lado, agentes encargados de detener al acusado relataron que durante el traslado a comisaría, el procesado declaró que la relación había sido “consentida” y añadió que la víctima mostraba señales de insinuación y proximidad física: “Un hombre no se puede resistir, no es de piedra”, expresó según el testimonio policial recogido por el medio.

El juicio continúa su curso con la presentación de pruebas periciales y las conclusiones de las partes, tras lo cual el tribunal decidirá sobre la responsabilidad del acusado y las posibles consecuencias penales y civiles derivadas de estos hechos.