La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) detalló que la jueza sustituta incorporada al juzgado de Montoro desarrollará su labor hasta el 30 de junio, aunque la medida se podrá prorrogar si el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) así lo solicita. Con este refuerzo, el tribunal busca agilizar la tramitación de las diligencias relacionadas con el accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero en Adamuz, un siniestro en el que fallecieron 46 personas.
El medio CGPJ publicó que la magistrada temporal desempeñará funciones tanto en la tramitación ordinaria de los procedimientos asignados al órgano judicial como en el apoyo a la titular, Cristina Pastor, en la instrucción de las diligencias vinculadas al caso Adamuz. El juzgado de instancia número 2 de Montoro lleva la macrocausa del accidente con un equipo integrado por doce funcionarios. Nueve de estos profesionales integran el servicio de Tramitación y los otros tres trabajan en el Registro Civil. El tribunal ya contaba con el refuerzo aprobado por la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, sumando un gestor y un tramitador adicionales antes de este nuevo apoyo.
Tras la tragedia de enero, el órgano de gobierno de los jueces notificó públicamente, solo dos días después del suceso, que su presidenta, Isabel Perelló —quien encabeza también el Tribunal Supremo—, así como los vocales, mantenían comunicación directa con Lorenzo del Río, presidente del TSJA, y con Miguel Ángel Pareja, presidente de la Audiencia de Córdoba y responsable provincial de la Red Judicial de Expertos en Gestión de Emergencias y Catástrofes. Según consignó el medio CGPJ, este contacto tenía como objetivo monitorizar la evolución de la situación y determinar tanto los recursos humanos como materiales necesarios para responder de la mejor manera en el ámbito judicial.
Según indicó el CGPJ en su nota informativa, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro recibió atención prioritaria debido a la complejidad y volumen de la causa. Se avanzó entonces que cualquier solicitud de refuerzo formulada por el tribunal sería tramitada “con la mayor celeridad”. El presidente del TSJA comunicó que la previsión inicial de incremento de personal comprendería “con carácter inminente” a un juez o jueza de refuerzo, un letrado de la Administración de Justicia y varios funcionarios, opción que admitía la posibilidad de futuras incorporaciones si las circunstancias lo requirieran.
El refuerzo decidido por la Comisión Permanente persigue evitar retrasos en la instrucción, dada la magnitud del caso. La instrucción judicial del accidente de tren requiere una atención especial debido al elevado número de víctimas mortales, la cantidad de afectados y la complejidad técnico-legal que implica desentrañar las causas, responsabilidades y consecuencias del siniestro. La magistrada titular y su equipo, ahora ampliado, buscarán completar de forma eficiente y con mayores garantías procesales todas las actuaciones en curso. El CGPJ subrayó en su comunicación los aspectos prácticos de este apoyo, señalando que la jueza sustituta contribuirá a la fluidez del trabajo tanto en lo que respecta al accidente como a otros asuntos ordinarios del juzgado.
El accidente de Adamuz dejó secuelas en el ámbito judicial, administrativo y social, generando un importante volumen de expedientes y reclamaciones de las familias de las víctimas, así como procedimientos vinculados a la investigación policial, informes técnicos y periciales que deben ser evaluados por el juzgado de instrucción. Esto motivó, según publicó el CGPJ, la decisión de mantener una interlocución constante entre los órganos judiciales provinciales y autonómicos con las instancias superiores del poder judicial español, con vistas a asegurar los recursos óptimos para el avance de la instrucción.
La medida tomada por el Consejo General del Poder Judicial responde a la política de reforzamiento en situaciones de emergencia o catástrofe de especial gravedad, permitiendo reasignar personal cualificado en función de las necesidades que presentan los tribunales. El órgano que preside Isabel Perelló reiteró en reiteradas ocasiones su disponibilidad para gestionar recursos adicionales, fomentando la colaboración entre el CGPJ, el TSJA, la Audiencia de Córdoba y la consejería regional responsable del área judicial.
La instrucción penal y civil del caso Adamuz avanza con la integración, hasta el momento, de múltiples equipos de trabajo, con especial hincapié en la coordinación administrativa y judicial. Así lo reportó el CGPJ, que detalló que la jueza sustituta se sumará a las tareas administrativas habituales mientras respalda la labor de la titular del órgano, incrementando la agilidad en la resolución de los procedimientos derivados del siniestro y atendiendo a la exigencia de respuestas eficaces a la ciudadanía afectada.
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