Condenan a penas de cárcel al general Espinosa, Bautista y Navarro por la primera pieza del 'caso Mediador'

Pagos en efectivo, viajes y la organización de encuentros formaron parte de la trama por la que Francisco Espinosa, general retirado de la Guardia Civil, junto al empresario del sector fotovoltaico Antonio Bautista y el mediador Marco Antonio Navarro Tacoronte resultaron condenados. Según publicó la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, la sentencia hecha pública este miércoles detalla que Bautista destinó hasta 13.500 euros en efectivo, que distribuyó junto con Espinosa, además de afrontar los gastos de un viaje a Fuerteventura en noviembre de 2020, cuyo valor superó los 750 euros y que realizó con su pareja extramatrimonial. Este caso representa la primera pieza del denominado 'caso Mediador', centrado en una red de sobornos para la obtención de contratos en proyectos solares en Canarias.

De acuerdo con lo reportado por la Audiencia y recogido en la sentencia, tanto Espinosa como Bautista recibieron una condena de nueve meses de prisión, mientras que Navarro Tacoronte fue sentenciado a cuatro meses y medio. Las penas para el general y el empresario quedan suspendidas por un periodo de dos años, siempre que no reincidan, mientras que a Navarro Tacoronte no se le concedió dicho beneficio. El fallo se origina tras el juicio celebrado a finales de enero, en el que un jurado popular determinó la culpabilidad de los acusados por delitos continuados de cohecho.

El medio detalla que la Audiencia considera probado que Navarro Tacoronte contactó con Bautista en agosto de 2020 para facilitar la expansión de su empresa en Canarias. En este contexto, Navarro promovió reuniones con el general Espinosa para que Bautista pudiera acceder a “negocios ventajosos y lucrativos contratos” en el ámbito de la energía solar. La sentencia sostiene que dichos encuentros y transferencias de dinero tenían el objetivo de obtener una posición privilegiada en la adjudicación de contratos públicos.

La resolución judicial subraya que Bautista se aproximó específicamente a Espinosa debido a la posición que este ocupaba, elaborando una relación cercana para “engrasar la relación” y favorecer un entorno en el que la “maquinaria administrativa” se pusiera al servicio de quienes ofrecían regalos o dinero. Según explicó la Audiencia, el general mantenía la condición de funcionario público mediante su cargo en la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIAPP), donde actuaba como director de una misión de cooperación internacional en la zona del Sahel.

Durante el juicio, la existencia de una continuidad delictiva quedó respaldada por coincidencias temporales entre extracciones de efectivo, registros de grabaciones y conversaciones sobre posibilidades de negocio, según publicó la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. En ese sentido, el tribunal consideró probado que Bautista hacía entrega periódica de dinero a Navarro, quien luego transfería parte a Espinosa, a la vez que se mantenían contactos para identificar nuevas oportunidades comerciales relacionadas con proyectos solares en Canarias.

Las conversaciones y registros incluidos en las actuaciones pusieron de manifiesto un patrón en la entrega de dinero y obsequios, que según el tribunal, confirma la existencia de una trama continuada, en la que la relación establecida entre los tres acusados se orientaba a obtener beneficios económicos mediante la concesión de contratos públicos fraudulentos. El texto de la sentencia recuerda que las actuaciones buscaban “favorecer a quien hace los regalos”, lo que permitía la manipulación de procedimientos administrativos en favor del empresario.

La sentencia todavía admite recurso ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, informó la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Este caso es parte de una investigación más amplia sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos vinculados al sector de las energías renovables en el archipiélago canario. El juicio tiene especial relevancia por ser la primera resolución firme derivada del 'caso Mediador', que involucra a figuras del sector público y privado en maniobras de corrupción y soborno orientadas a la obtención de ventajas en la administración de fondos y contratos relacionados con la energía solar.

La sentencia identifica la conexión directa entre el empresario y el general, establecida a través del mediador, y la instrumentalización de cargos públicos y recursos administrativos para favorecer a empresas privadas, de acuerdo con lo consignado por la Audiencia. Las pruebas aceptadas por el jurado incluyen la secuencia de pagos, la documentación de viajes y las grabaciones de conversaciones, todo lo cual sustentó el veredicto de culpabilidad emitido en enero.

Al situar los hechos entre agosto y noviembre de 2020, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife describe la evolución de la relación entre los implicados, el propósito de los pagos y la influencia de la posición oficial del general, que fue determinante para que el empresario buscara sus servicios en la consecución de contratos. El fallo pone de relieve cómo la posición en la FIAPP, organismo dedicado a la cooperación internacional, ofrecía al general una proyección administrativa capaz de influir en licitaciones públicas.

Según las conclusiones señaladas en la resolución, la dinámica de sobornos y la participación activa de los acusados en la gestión y reparto de los fondos entregados por Bautista aseguraron una conducta tipificada como cohecho, según los criterios de la Audiencia. La sentencia hace énfasis en la premeditación y la reiteración de conductas, recalca la motivación económica y la articulación de mecanismos para ocultar los orígenes de los fondos procedentes de los contratos objeto de la investigación.

Con esta decisión, la justicia provincial sanciona a los involucrados e introduce un precedente en la causa sobre corrupción administrativa vinculada a la transición energética en Canarias, de acuerdo con lo expuesto por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.