El requerimiento al exdiputado Francisco Martos y al exasesor de Moncloa Luis Carrero para proporcionar sus domicilios, después de que no fuera posible notificarles personalmente en la Diputación de Badajoz, se suma a la exigencia realizada a David Sánchez Pérez-Castejón de facilitar su residencia. El medio Europa Press informó que la Sección 1 de la Audiencia Provincial de Badajoz comunicó esta decisión a raíz del escrito presentado por el abogado de Sánchez, quien había consignado su propio despacho como domicilio a efectos de notificaciones del juicio.
La Audiencia Provincial de Badajoz estableció un plazo de una audiencia para que David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, aporte la dirección de su residencia real. Según publicó Europa Press, este paso resulta determinante para que la citación judicial relativa al juicio por prevaricación administrativa y tráfico de influencias se pueda tramitar correctamente y de forma directa. Los magistrados subrayaron que el artículo 182 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal requiere que la notificación para la comparecencia del investigado debe realizarse de manera personal y no a través de la dirección de su representante legal.
La importancia de conocer la residencia exacta de los citados, precisó Europa Press, radica en que el Tribunal requiere que tanto David Sánchez Pérez-Castejón como los otros investigados reciban la citación en persona. En caso de que no facilite un domicilio, Sánchez tiene la posibilidad de acudir personalmente a la Secretaría del Tribunal para recibir la notificación, solución también indicada por los jueces en su comunicación formal.
El proceso judicial, según detalló Europa Press, incluye a David Sánchez Pérez-Castejón, al exsecretario general del PSOE de Extremadura Miguel Ángel Gallardo y otros involucrados. El caso investiga posibles delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias relacionados con la contratación del músico en la Diputación de Badajoz. El juicio oral por estos hechos está programado para realizarse del 28 de mayo al 4 de junio en la sede de la Audiencia Provincial de Badajoz.
Los magistrados, de acuerdo a Europa Press, han extendido la petición de aportación de domicilio también a Martos y Carrero, quienes, como Sánchez, no han sido localizados en las dependencias de la Diputación para recepcionar en persona su citación judicial. La obligación de recibir la citación de manera personal deriva de la normativa procesal, que establece que los encausados deben comparecer ante el tribunal tras haber sido notificados en su calidad de investigados.
Esta serie de requerimientos representa el cumplimiento estricto de lo estipulado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo relativo a comunicaciones judiciales en procesos penales. Europa Press puntualizó que el escrito de la Audiencia Provincial remarca la necesidad de respetar el procedimiento para garantizar la presencia de todos los citados en el juicio y evitar posibles dilaciones.
En el contexto del proceso, la exigencia de notificación directa a las personas implicadas busca asegurar que las partes tengan conocimiento efectivo de las fechas del juicio y de los cargos de los que se les acusa. El caso por prevaricación administrativa y tráfico de influencias se centra en la contratación de personal en la Diputación de Badajoz y se desarrolla bajo una estricta observancia de las garantías establecidas por la legislación española, según reiteró Europa Press.
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