Ignacio Garriga, en su rol de vicepresidente y secretario general de Vox, expresó que considera la iniciativa del Gobierno de publicar los archivos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 como una estrategia política diseñada para distraer a la opinión pública de recientes escándalos que involucran a figuras cercanas al Ejecutivo y altos cargos policiales. En una intervención ante la prensa en la sede de Vox en Madrid, Garriga sostuvo que el presidente Pedro Sánchez apuesta por la desclasificación de estos documentos no por motivos de transparencia, sino con el fin de desviar la atención de acusaciones graves surgidas en las últimas semanas, según reportó el medio que cubrió la rueda de prensa.
De acuerdo con la información difundida por el medio, Garriga señaló que, detrás del anuncio presidencial sobre los documentos del 23-F, existe la intención de eclipsar la atención pública frente a la denuncia de agresión sexual que pesa sobre el ex director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, quien ocupaba el puesto número dos en la cadena de mando policial. El portavoz de Vox calificó la medida como “una auténtica tomadura de pelo” y cuestionó la oportunidad de la noticia, interpretando que responde a un interés político y no a una voluntad de esclarecer hechos históricos.
La intervención de Garriga también abordó la controversia sobre la adjudicación de fondos vinculados al rescate de Air Europa. Según detalló el dirigente de Vox, existen interrogantes sobre la destinación de más de dos millones de euros a una persona allegada a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en el marco de la operación de rescate de la aerolínea, asunto sobre el que no se han ofrecido explicaciones satisfactorias, afirmó Garriga según consignó el medio. Además, puso de relieve que el exDAO José Ángel González habría, en sus palabras, utilizado su puesto para acosar a mujeres y silenciar a mandos policiales que daban alertas sobre hechos delictivos presuntamente relacionados con inmigración ilegal.
El secretario general de Vox, en la conferencia reproducida por diversos medios, calificó la respuesta del jefe del Ejecutivo como una “huida hacia adelante”. Garriga opinó que, tras esta maniobra en relación con la desclasificación, el presidente podría recurrir a otras decisiones con alto perfil mediático, como la anunciada reforma del Valle de los Caídos, con el objetivo de desplazar el debate público y que no se trate “lo que ha robado la panda de corruptos que le rodea”, según su declaración recogida por la prensa.
En su postura, Vox expresó que no participará en iniciativas que, según su parecer, buscan neutralizar la atención pública ante acusaciones de corrupción y mala gestión. Garriga reiteró que su formación política continuará denunciando, ante la opinión pública, hechos que vincula con prácticas corruptas en el seno del Gobierno y actuaciones administrativas que, a su juicio, han tenido consecuencias directas sobre la ciudadanía, como la atención prestada a la crisis sanitaria en Valencia, donde, según señaló, se tomaron decisiones que resultaron en la pérdida de vidas.
Durante su intervención, Ignacio Garriga mencionó que considera “muy gracioso” el contenido que puedan ofrecer algunos de los expedientes históricos sobre actuaciones de miembros destacados del PSOE en el contexto del 23-F, pero insistió en que dicha desclasificación es instrumentalizada por el Ejecutivo como una “cortina de humo”, de acuerdo con su declaración publicada por el medio. El secretario general de Vox marcó distancia con la agenda del Gobierno y sostuvo que la atención debe permanecer sobre las actuaciones judiciales y los procedimientos administrativos que afectan a altos cargos vinculados al Gobierno, en especial aquellos que, según afirmó, han aprovechado sus posiciones para el beneficio personal o para obstaculizar investigaciones sobre problemáticas como la inmigración ilegal o el uso de fondos públicos.
La rueda de prensa, según el medio citado, dejó claro que la estrategia política de Vox se orienta a contrarrestar las medidas mediáticamente relevantes anunciadas por La Moncloa y se enfoca en la denuncia constante de casos que, a juicio de dicha formación, afectan de manera directa la confianza pública en las instituciones y en la acción de gobierno.
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