Maíllo ve insuficiente desclasificar documentos del 23-F y urge a Sánchez a aprobar la nueva Ley de Secretos

Mientras el debate sobre la apertura de documentos gubernamentales ha cobrado fuerza en los últimos años, Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida (IU), insistió en la urgencia de renovar la legislación sobre secretos oficiales y rechazó que la mera desclasificación de los archivos del 23-F sea suficiente. Según informó la agencia Europa Press, Maíllo remarcó que la prioridad es aprobar una nueva Ley de Secretos antes de que finalice la legislatura, señalando que la ley actual proviene del periodo franquista y no responde a las necesidades democráticas actuales.

De acuerdo con Europa Press, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este 23 de febrero, coincidiendo con el 45 aniversario del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, que el Consejo de Ministros aprobará la desclasificación de los documentos oficiales del intento golpista. Maíllo valoró este anuncio como positivo, aunque lo calificó de insuficiente, ya que, en su opinión, España requiere una reforma estructural que supere lo que denominó “la ley infame de secretos oficiales del franquismo de 1968”. Añadió que, de haber ocupado el cargo de presidente, ya habría hecho públicos estos documentos.

El portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, también expresó acuerdo con la apertura de los archivos y celebró que “ya era hora que se desclasificara esta documentación”. Al mismo tiempo, sostuvo que la política de desclasificación debe afrontarse con criterios claros y sin arbitrariedad: “IU no comparte que las desclasificaciones se vayan haciendo por trozos, aleatoria o arbitrariamente”. Europa Press consignó que, en su declaración, Santiago insistió en que la reforma legislativa resulta indispensable para asegurar transparencia y facilitar tanto investigaciones judiciales como el acceso público a información relevante.

En los últimos años, distintos partidos han abogado por una nueva normativa, una demanda que, según detalló Europa Press, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha trasladado en las últimas legislaturas al presentar iniciativas en el Congreso. Sin embargo, las sucesivas ampliaciones de los plazos de enmiendas han impedido hasta ahora que se avance en la reforma. Actualmente, el Consejo de Ministros ya ha aprobado un proyecto propio de Ley de Información Clasificada, una propuesta impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que fue remitida al Congreso, donde de momento permanece paralizada.

El borrador presentado por el Ejecutivo establece el deber del Estado de clasificar información que pueda perjudicar la defensa nacional o la seguridad ciudadana, pero articula este principio con el derecho a la información y la transparencia. Europa Press subrayó que el proyecto de ley prevé que la clasificación tendrá carácter excepcional, debe estar motivada y no se podrá aplicar a documentos referentes a graves violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Además, establece un sistema de desclasificación automática con plazos según la categoría del secreto: los archivos etiquetados como “Secreto” quedarán liberados después de treinta y cinco años, prorrogables solo en situaciones justificadas hasta un máximo de diez años adicionales, por lo que el periodo total no podrá superar los 45 años.

Interrogado sobre las expectativas en torno a la información contenida en los archivos sobre el 23-F, Enrique Santiago afirmó para Europa Press que investigadores e historiadores siempre han advertido sobre la implicación de altos funcionarios estatales en la intentona golpista. Destacó la actuación del ahora rey emérito, Juan Carlos I, quien, según recordó, “tardó aproximadamente seis horas en salir a oponerse al golpe de Estado”. Santiago consideró que conocer los detalles de la conspiración militar constituye “una necesidad democrática” para el país, aunque reconoció que, cuatro décadas y media después, la posibilidad de exigir responsabilidades judiciales resulta remota debido tanto al fallecimiento de posibles implicados como a la prescripción de numerosos delitos.

Según publicó Europa Press, Santiago recalcó que la reforma de la ley vigente no puede mantenerse en suspenso y llamó a que todas las formaciones políticas democráticas impulsen su tramitación de forma inmediata. Argumentó que la falta de acceso a ciertos archivos limita las investigaciones judiciales y resta calidad a la democracia. En su análisis, si la nueva Ley de Información Clasificada se hubiera aprobado en la legislatura pasada, la totalidad de los documentos del 23-F estarían hoy accesibles.

El proyecto legislativo impulsado por el Ejecutivo pretende dotar de claridad y rigor al proceso de clasificación de información, asegurando que solo situaciones justificadas permitan restringir el acceso y ofreciendo garantías sobre la revisión y desclasificación periódica de los archivos. Entre sus puntos clave incluye la consideración del derecho a la transparencia, la obligación de motivar las excepciones y la exclusión de la clasificación para casos relacionados con graves atentados a los derechos humanos.

El debate sobre la reforma legal y la desclasificación de archivos no solo se limita al caso del 23-F, sino que responde, según las fuentes consultadas, a una reivindicación histórica de mayor acceso a la información en España y una revisión de las normativas heredadas del régimen anterior. Con el 45 aniversario del golpe de Estado como telón de fondo, la presión de representantes de Izquierda Unida y de otras formaciones políticas se intensifica para que el Congreso no demore más una reforma paralizada desde hace varias legislaturas y que, según sus impulsores, permitiría afrontar tanto el pasado reciente como futuros desafíos con mayor transparencia institucional.