El PP presenta un plan de emergencia para las presas españolas con una inversión de unos 100.000 millones hasta 2035

El documento del Partido Popular sobre infraestructuras hidráulicas estima que el déficit de inversión para la conservación y seguridad en presas hasta 2033 podría acercarse a los 5.000 millones de euros, una cifra significativamente superior a los fondos comprometidos en años recientes. Según publicó el PP en un informe distribuido por su Vicesecretaría de Economía y Desarrollo Sostenible, la diferencia entre las necesidades identificadas por expertos y lo realmente invertido en preservación de estas instalaciones señala riesgos crecientes asociados a desastres naturales y a la protección de bienes económicos y vidas humanas. En ese contexto, el partido presentó un plan nacional de emergencia orientado a modernizar las presas españolas, aludiendo al estado de deterioro que presentan muchas de ellas y a la falta de actualización de protocolos en la mayoría de los embalses del país.

De acuerdo con el texto difundido por el PP, la inversión global propuesta asciende a unos 100.000 millones de euros hasta 2035, de los cuales al menos el 10 % se orientaría expresamente a la modernización del parque de presas. El documento precisa que el presupuesto incluye una partida específica de entre 400 y 500 millones para las presas que dependen directamente del Estado y un programa extraordinario de 4.000 millones destinados a intervenciones en las cuencas mediterráneas, incluyendo actuaciones en barrancos. Según detalló el medio, la principal medida inmediata sería la ejecución de una auditoría técnica completa de todas las presas estatales, comenzando por las de mayor antigüedad y las que ya muestran indicadores de debilidad estructural, con el propósito de establecer un orden de prioridad en las inversiones en función de criterios exclusivamente técnicos y científicos.

El informe, según señaló el PP, advierte que la inversión anual media dedicada a la conservación y seguridad de presas entre 2023 y 2025 no alcanza los 80 millones de euros. Esta cantidad queda muy por debajo del rango de entre 250 y 500 millones anuales que establecen los estándares técnicos recomendados, los cuales sugieren dedicar entre el uno y el dos por ciento del valor total estimado de las presas, cifrado en 25.000 millones. El documento también alude a los daños medios anuales ocasionados por inundaciones en España, que se sitúan en torno a los 800 millones de euros, según recuerda el informe respaldado por la formación.

En el ámbito de la gestión y el capital humano, el PP describe la situación de las Confederaciones Hidrográficas y los recursos a su disposición como “crítica”. Tomando datos del más reciente Plan Estratégico de Recursos Humanos, el informe apunta que aunque estaba prevista la incorporación de 381 nuevos efectivos, en la práctica se registró una reducción neta de 250 personas. A la luz de este contexto, el documento solicita reforzar los equipos responsables de la explotación y vigilancia de estas infraestructuras, así como garantizar la atención presencial y continua las 24 horas en instalaciones catalogadas como críticas para la seguridad.

El plan del Partido Popular también contempla una revisión de la Ley de Aguas. Según detalló el PP, la intención es introducir nuevas directrices poniendo en primer plano la prevención, la protección y la preparación frente a los riesgos naturales, tanto de inundaciones como de sequías, dentro de la política hídrica estatal. El texto insiste en que la toma de decisiones en materia hidráulica debe basarse sobre tres principios: la planificación hidrológica orientada a evitar daños, la prevención de riesgos apoyada exclusivamente en parámetros técnicos y científicos y la prevalencia del criterio técnico sobre cualquier otro elemento en la asignación de recursos y toma de decisiones.

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, informó que presentará este plan a representantes de las principales asociaciones de ingenieros y entidades vinculadas al sector. Según consignó el PP, el objetivo de la reunión es recabar opiniones de los especialistas y actores implicados sobre el estado de las infraestructuras y la validez de las propuestas formuladas en el documento.

En su valoración, Nadal remarcó que “la escasa ejecución presupuestaria, la infrautilización de los instrumentos financieros europeos y la falta de planificación estructural reflejan una política hídrica debilitada institucionalmente en la que la seguridad de las presas no ha ocupado la importancia necesaria”. Según detalló el medio, el informe del PP encuadra la seguridad hidráulica como una cuestión transversal a las políticas estatales, en la que están implicados la protección de vidas, la estabilidad económica y la resiliencia nacional frente a fenómenos climáticos extremos.

España dispone de más de 2.400 presas en todo su territorio, de las que 375 son de titularidad estatal y más de 1.000 se clasifican como grandes presas porque regulan más de 2.300 embalses, de acuerdo con el Inventario Nacional de Presas y Embalses citado por el PP. La capacidad total de almacenamiento en embalses españoles supera los 61.000 hectómetros cúbicos, un recurso estratégico para el abastecimiento, la producción energética y la actividad agrícola. Asimismo, el valor patrimonial calculado de este parque de infraestructuras se sitúa en torno a los 25.000 millones de euros, generando una actividad económica que supera los 35.000 millones al año, según indica el informe.

El análisis realizado por el PP subraya que una parte considerable de las presas carece de planes de emergencia actualizados y que esa falta de protocolos y mantenimiento implica un aumento de los riesgos asociados a fenómenos como inundaciones o sequías, que impactan directamente sobre la economía y la seguridad. La formación política sostiene que la política hidráulica y la gestión de los recursos estratégicos requieren de una respuesta coordinada, articulada mediante inversiones, reforma normativa y refuerzo técnico y humano, para afrontar los desafíos que plantea el cambio climático y la evolución de las demandas sociales y económicas.