La citación a ex altos responsables de los cuerpos policiales y a figuras políticas como Carles Puigdemont, Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría se encuentra ahora en estudio dentro de la comisión parlamentaria que investiga los atentados yihadistas perpetrados en Cataluña el 17 de agosto de 2017. Según informó Europa Press, la comisión del Congreso retoma sus actividades esta semana, después de un periodo inactivo que se ha prolongado ocho meses, sin la comparecencia de ningún testigo desde junio de 2025.
La sesión de este martes está centrada en el testimonio de un agente de la Policía Nacional, identificado con el número de carné 77619, uno de los efectivos que viajó a Marruecos con la tarea de obtener muestras de ADN de familiares de Abdelbaky Es Satty, considerado el organizador principal de los ataques. El objetivo de esta misión fue poder identificar a Es Satty tras su muerte, ocurrida en la explosión de una vivienda en Alcanar, Tarragona. Conforme detalló Europa Press, durante su intervención judicial anterior, los agentes desplazados resaltaron que su participación en territorio marroquí fue meramente testimonial, ya que las autoridades locales realizaron todos los procedimientos necesarios para la obtención de las muestras.
El medio Europa Press consignó que en la misma jornada se planeaba interrogar a Adrián Fernández Ramírez, una persona que tuvo contacto con Es Satty y a quien el propio imán intentó radicalizar. Fernández Ramírez, que declaró en el juicio por los atentados, indicó que coincidió con Es Satty en Castellón, donde este defendía posturas favorables a la yihad, pero aseguró que no llegó a mostrarle videos relacionados con el Daesh ni a invitarle a planear actos violentos. La comparecencia de Fernández Ramírez no se realizará este martes, después de que haya notificado a la Cámara su imposibilidad de acudir en esta fecha, aunque se prevé que la convocatoria se reprograme para más adelante.
El parón en la comisión se remonta a la última comparecencia, que tuvo lugar el 26 de junio del año pasado. Tras la pausa estival, no se recuperaron las sesiones. Parte de este retraso, según publicó Europa Press, responde a la ruptura de relaciones entre Junts y el Gobierno. Junts fue la formación política que inicialmente impulsó la apertura de la comisión como condición para su apoyo al PSOE en esta legislatura. Tras distanciarse del Ejecutivo, la formación no promovió la reanudación de las reuniones.
En este contexto, hacia final de año, el presidente de la comisión, el diputado de Sumar Txema Guijarro, mantuvo consultas con los portavoces de los distintos grupos parlamentarios con el objetivo de recordar las obligaciones del Congreso respecto a las víctimas de los atentados. Según relataron a Europa Press fuentes parlamentarias, Guijarro propuso decidir si continuarían interrogando a testigos o si era el momento de consensuar unas conclusiones.
A medida que avanza este proceso, la comisión parlamentaria enfrenta la elección de citar a los responsables de la Policía y la Guardia Civil que aún no han expuesto su versión ante la comisión, incluidos el exdirector general de la Policía Germán López Iglesias y el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. Entre las posibles comparecencias futuras se encuentran figuras de alto perfil político, como Carles Puigdemont —líder de Junts y expresidente de la Generalitat—, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que tampoco han prestado testimonio en este marco.
Europa Press señaló que la comisión fue uno de los compromisos adquiridos entre Junts y el PSOE al inicio de la legislatura. Este órgano busca esclarecer tanto las circunstancias de los ataques yihadistas en Las Ramblas de Barcelona y Cambrils como la actuación de los distintos cuerpos de seguridad y la gestión política previa y posterior a los hechos. La obtención de testimonios de actores clave, tanto del ámbito policial como del político, ha sido una demanda continua de algunas formaciones representadas en la comisión, que consideran imprescindible contar con una visión integral de los sucesos y de la gestión de la crisis.
El futuro inmediato de la comisión dependerá de la decisión de los miembros sobre el listado de comparecientes. Entre las tareas pendientes destaca la posibilidad de llamar a declarar a responsables cuya versión podría aportar información relevante para el cierre de la investigación parlamentaria, asunto sobre el que aún no hay una resolución definitiva.
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