
El Partido Popular ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que exige al Gobierno endurecer la normativa e incrementar las penas de prisión contra la tenencia ilegal de armas blancas, así como un plan integral de actuación para la que consideran un tendencia alcista en España.
La vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha exigido al PSOE "que se deje de bloqueos" y ponga "todos los recursos necesarios al servicio de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad porque proteger a quienes nos protegen es obligación de todas las administraciones".
La responsable popular pide una legislación "moderna e innovadora" para poner fin al "uso indiscriminado de armas blancas" y ha criticado al Gobierno de Sánchez la "falta total" de política de seguridad en España bajo su mandato. Además, instan a que se escuche a los agentes y sindicatos policiales, que consideran que el protocolo y la normativa para hacer frente a estos escenarios es "insuficiente para que su actuación sea eficaz".
UN PROBLEMA CRECIENTE
El PP denuncia que los altercados y agresiones con uso de armas blancas se ha disparado "un 35% en cuatro años, con casos como el de Cataluña, donde las multas por tenencia de armas se han incrementado hasta un 80% desde 2019".
Desde el Partido Popular instan al Gobierno tanto a revisar e incrementar los tipos de armas blancas prohibidas, así como mejorar la normativa aplicable a la compra o acceso a las armas blancas, endureciendo requisitos y controles frente a los distribuidores irregulares para reforzar los mecanismos de identificación de compradores.
Además, aboga por aumentar a falta grave el hecho de portar, exhibir o usar armas prohibidas, así como utilizarlas "de modo negligente, temerario, intimidatorio o fuera de los lugares habilitados".
En este sentido, Gamarra también ha denunciado el bloqueo en el que está instaurado el PSOE en el Congreso, que ha mantenido en el congelador durante más de año y medio las medidas del PP para paliar la multirreincidencia y continúa sin dejar que se debatan leyes como la Ley Antiokupación de Feijóo porque teme que se aprobarían pese al rechazo socialista.
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