San José responde al PP sobre 'Txeroki': "Estoy aquí para cumplir la ley y no para juzgar de nuevo a las personas"

María Jesús San José, consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, ha precisado que Garikoitz Aspiazu, conocido como 'Txeroki', cumplirá su condena en julio del próximo año, y ha aclarado que, a pesar de las cifras mencionadas por representantes del Partido Popular (PP), el tiempo efectivo de cumplimiento lo determina el órgano judicial según el Código Penal, que en este caso establece una condena de 25 años. San José respondió a las críticas que argumentan que las decisiones sobre la semilibertad de presos de ETA suponen beneficios o privilegios indebidos, señalando que su función es aplicar la ley, no juzgar las sentencias ya impuestas, y remarcó que tales decisiones administrativas están bajo control judicial. Según informó el medio Europa Press, la responsable del área justificó el procedimiento seguido tras el pase a semilibertad de Aspiazu, insistiendo en la estricta aplicación de la normativa vigente.

De acuerdo con información publicada por Europa Press, la comparecencia de San José en el Parlamento vasco se produjo por una pregunta formulada por el parlamentario popular Santiago López, quien cuestionó las razones que llevaron a conceder la semilibertad a Aspiazu y denunció lo que consideró como un trato privilegiado hacia los presos de ETA desde que el Gobierno Vasco gestiona las prisiones en el territorio. López expuso que desde la transferencia de las competencias penitenciarias, más de 110 terceros grados se han otorgado a miembros de la banda, y que el 85% de las aplicaciones del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario corresponderían a esos internos, cifras que, a su entender, evidenciarían una política laxa motivada por acuerdos políticos a nivel estatal.

En su intervención, San José argumentó que la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite medidas de flexibilidad en la condena como la semilibertad, responde a la normativa vigente y no supone un privilegio ni un beneficio penitenciario especial. Señaló que dicha figura se refiere a la clasificación penitenciaria y al principio de flexibilidad, lo cual habilita que, para determinados presos que cumplen con los requisitos, el equipo técnico pueda recomendar un modelo de ejecución que combine aspectos de distintos grados si así se justifica en un programa específico de tratamiento. Europa Press detalla que, para su ejecución, esta medida requiere la aprobación del juez de vigilancia penitenciaria, lo que a juicio de San José refuerza el control y la legalidad del proceso.

San José puntualizó que este sistema contempla salidas y permisos que pretenden facilitar la reinserción laboral y social de los internos, mediante actividades como el voluntariado o el trabajo fuera del centro penitenciario, en el marco de programas diseñados para reclusos con condenas prolongadas. Rechazó la existencia de criterios arbitrarios y subrayó que el personal funcionario trabaja conforme al ordenamiento jurídico, sin aplicar apreciaciones personales ni ceder a presiones políticas, añadiendo que cada caso se evalúa de manera individual por el equipo técnico.

Durante el debate, el parlamentario Santiago López preguntó directamente a la consejera por otros internos a quienes se ha concedido el tercer grado, mencionando específicamente a Asier Arzalluz Goñi, condenado por el asesinato del periodista José Luis López Lacalle, cuya semilibertad fue recurrida por la Fiscalía, y a Juan Jesús Narváez Goñi, quien ha recibido dos veces el tercer grado pese a una condena acumulada de 400 años. López formuló preguntas sobre la frecuencia con la que se otorgan estas medidas a presos de ETA en comparación con internos condenados por otros delitos y denunció el acercamiento de más de 400 miembros de ETA a prisiones vascas, según especificó Europa Press.

En su réplica, San José rebatió las acusaciones de aplicación sesgada del Reglamento Penitenciario, defendió la regularidad del procedimiento y cuestionó a los populares sobre su postura si estuvieran en el Gobierno, preguntando si optarían por no aplicar la ley cuando un interno reúne los requisitos, y si los funcionarios deberían incurrir en prevaricación para negar ese derecho legalmente establecido. Además, remarcó que como Administración de Ejecución Penitenciaria sólo puede operar dentro del marco que fijan los tribunales y que los plazos de cumplimiento de condena son una determinación judicial, no discrecional.

San José hizo alusión a la etapa de Gobierno de José María Aznar, recordando que durante ese periodo se excarceló a más de 300 internos vinculados a organizaciones terroristas, 64 de ellos con sentencias superiores a 20 años, y se facilitó el acercamiento de 135 presos a prisiones cercanas a Euskadi. Sostuvo que tales decisiones no generaron entonces críticas dentro del propio Partido Popular, y mencionó el caso de Iñaki Bilbao, uno de los excarcelados que cometió un asesinato poco después de su puesta en libertad, para destacar la dificultad inherente a la gestión penitenciaria bajo las normas legales establecidas.

La consejera afirmó: "Estoy aquí para cumplir la ley y no para juzgar de nuevo a las personas", una declaración que Europa Press recogió como eje principal de su defensa institucional. La titular vasca de Justicia subrayó que todas las operaciones relativas a la clasificación y el régimen penitenciario se enmarcan en la legislación vigente, supervisada por la autoridad judicial, y enfatizó que cualquier diferencia en el trato entre internos resultaría de los requisitos individuales contemplados por la normativa y no de factores externos o políticos.

A lo largo del debate, López defendió que la concesión de la semilibertad a presos de ETA transmite un mensaje equivocado de impunidad anticipada, y lanzó críticas al Gobierno central por supuestamente mantener acuerdos con formaciones afines a la antigua banda. Reprochó que, en su opinión, las medidas implementadas supondrían “olvido” de los delitos cometidos y cuestionó el significado de la reinserción tal como se aplica, según consignó Europa Press.

La exposición de San José en el Parlamento vasco no solo respondió a las acusaciones relacionadas con Aspiazu, sino que concluyó con una invitación al debate sobre la responsabilidad de quienes gobiernan frente a las normas vigentes y la necesidad de separar la aplicación de la administración penitenciaria de los intereses o discursos políticos coyunturales. Destacó que el seguimiento de la ley y la supervisión judicial sobre cada medida proporcionan las garantías de legalidad requeridas por el Estado de Derecho, según expuso Europa Press.