Defensa tacha de "irresponsable" al PP por ver "antisemitismo" en el Gobierno por rescindir contratos con Israel

El debate sobre la adquisición de material de defensa a Israel cobró intensidad tras la sustitución del sistema de misiles Spike R2 por el europeo Mells, un sistema producido por el consorcio Eurospike, en el que la empresa israelí Rafael cuenta con participación, y cuyo contratista principal en España es PAP Tecnos, filial de ese mismo consorcio. Según informó Europa Press, este cambio ha servido como ejemplo para el Partido Popular (PP), que señala la existencia de vínculos tecnológicos e industriales que perduran a pesar de la anunciada ruptura de acuerdos con Israel. La noticia principal radica en las críticas del PP hacia el Gobierno por la rescisión de contratos de defensa con el Estado israelí y las acusaciones de antisemitismo dirigidas al Ejecutivo, que rechaza categóricamente tales señalamientos y defiende que todas las decisiones adoptadas se ajustan al marco legal tanto nacional como internacional.

Durante una sesión de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional, el senador del PP José Antonio Monago cuestionó el impacto sobre la seguridad nacional de la revocación de contratos con Israel. Explicó que la preocupación del PP está centrada en las capacidades operativas reales, la seguridad de los militares españoles y la capacidad efectiva de defensa del Estado, más allá de lo que describió como “gestos políticos”. De acuerdo con Europa Press, Monago advirtió que adoptar medidas con consecuencias estructurales sin informar adecuadamente sobre el impacto real sobre las capacidades militares representa una acción grave, y subrayó que los sistemas de defensa no pueden sustituirse instantáneamente ni rescindirse sin consecuencias operativas, económicas y estratégicas.

El senador incidió en que la decisión del Ejecutivo de reemplazar determinadas tecnologías de origen israelí por otras de consorcios europeos no elimina del todo los lazos tecnológicos y empresariales con proveedores israelíes. Como ejemplo, Monago apuntó la sustitución del Spike R2 por el sistema Mells, incidiendo en la implicación de la empresa Rafael en el consorcio fabricante del nuevo sistema, lo que, según su perspectiva, mantiene conexiones con la industria israelí a pesar de las posiciones políticas anunciadas. Asimismo, preguntó de manera explícita si el Gobierno había efectuado un análisis exhaustivo de las repercusiones de estas medidas y si podía garantizar que no habría brechas operativas, sobrecostes significativos o problemas de interoperabilidad con los aliados. A juicio del parlamentario, la gestión en este ámbito requiere rigor y responsabilidad y no puede recaer en medidas impulsivas ni declaraciones simbólicas, según consignó Europa Press.

En respuesta, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, defendió la posición del Ejecutivo subrayando su compromiso con la seguridad y la defensa nacionales, así como el refuerzo de la autonomía estratégica de España y la Unión Europea. Sostuvo que todas las actividades del Gobierno en este ámbito se encuentran enmarcadas por un plan destinado a eliminar dependencias tecnológicas, recalcando que España no adquirirá “ninguna tecnología que tenga origen o destino en este país”, en referencia expresa a Israel. Valcarce mencionó el real decreto sobre la tramitación de adquisiciones y destacó que el Ministerio de Defensa está desarrollando iniciativas con la industria nacional para erradicar cualquier dependencia tecnológica relativa a Israel, promoviendo especialmente la participación de pequeñas y medianas empresas en proyectos de defensa europeos.

Europa Press reportó que, en su réplica, Monago criticó la falta de respuestas concretas acerca de cifras, cronogramas o evaluaciones de riesgo detalladas, e interpretó las decisiones del Ejecutivo como motivadas por “razones ideológicas” con el objetivo de asegurar la gobernabilidad de la coalición. Incluso insinuó un “sesgo, claramente antisemita”, aunque aclaró que atribuía esa impresión a “lo que pudiera pensar alguno”.

Valcarce rechazó ese tipo de acusaciones y caracterizó como irresponsable la vinculación de las decisiones del Gobierno en materia de defensa con el antisemitismo. “Mi más enérgica condena al antisemitismo”, expresó, agregando que España posee un severo sistema de control de exportaciones e importaciones de material de defensa que garantiza el respeto a la legalidad nacional, europea e internacional. Insistió en que la suspensión o rescisión de contratos con terceros países, incluido Israel, responde a la defensa de los intereses legítimos de España y no a consideraciones ideológicas o arbitrarias que puedan menoscabar la seguridad nacional.

El diario también detalló que la polémica persistió después con la intervención del diputado popular Rafael Hernando, quien reiteró la acusación de antisemitismo en el Gobierno al declarar que “desgraciadamente el antisemitismo existe en España y está en el Gobierno”. Añadió una referencia al lema palestino “Desde el río hasta el mar”, frecuentemente invocado por representantes de Sumar para cuestionar políticas israelíes. En respuesta, Valcarce mantuvo su postura de condena al antisemitismo y volvió a recalcar la gravedad de mezclar este fenómeno con las decisiones del Ejecutivo en lo relativo a la contratación y la seguridad nacional.

El medio Europa Press profundizó en que, según Valcarce, las acciones y decisiones del Gobierno obedecen siempre a criterios objetivos, bajo una política exterior independiente y con un marco legal riguroso. Reiteró que ninguna de estas iniciativas tiene como motivación intereses partidistas y defendió la transparencia y legalidad de todo el proceso de contratación y adquisición de sistemas de defensa. Valcarce también insistió en la relevancia estratégica de fortalecer la base industrial y tecnológica del sector defensa nacional y en la importancia de la colaboración con la industria europea, estratégia que, según explicó, tiene como objetivo reducir la dependencia de proveedores externos y garantizar las capacidades de seguridad y defensa del país a largo plazo.

Tal como mencionó Europa Press, este intercambio en el órgano parlamentario coincidió con el endurecimiento de la política española respecto a las relaciones comerciales y tecnológicas con Israel, motivado por los bombardeos sobre la población palestina. A raíz de estos acontecimientos, el Gobierno español decidió revisar y suspender acuerdos relacionados con defensa, una medida que ha suscitado intensos debates políticos sobre sus implicaciones en la autonomía tecnológica del país, la seguridad nacional, y el respeto a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y control de armas.

Según las declaraciones recogidas por Europa Press, el Ejecutivo insiste en el cumplimiento de los tratados y normas internacionales en la supervisión de exportaciones y en el mantenimiento de sus capacidades estratégicas a través de una base industrial ampliada y diversificada. El PP, en cambio, continúa exigiendo explicaciones concretas sobre los riesgos y costes que puede suponer esta nueva política, mientras acusa al Gobierno de priorizar la agenda política sobre los intereses operativos y estratégicos de España, una afirmación que representantes gubernamentales rechazan de manera reiterada.

El foco del debate, según lo narrado por Europa Press, se mantiene en la legalidad de las actuaciones del Gobierno y en la discusión sobre la autenticidad del desacoplamiento industrial anunciado, frente a la persistencia de relaciones tecnológicas e industriales que, a juicio del PP, podrían contradecir la decisión política manifestada en público.