Familia del joven golpeado mortalmente por un portero de discoteca pide un juicio "completo" por el crimen

Los padres de Kerman Villate exigen que el máximo tribunal revoque la calificación de homicidio imprudente, denuncian irregularidades judiciales y administrativas y advierten sobre el peligro de normalizar agresiones perpetradas por empleados de vigilancia en locales nocturnos

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En el marco de la investigación judicial sobre la muerte de Kerman Villate, la familia del joven ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo para que la calificación de homicidio imprudente, adoptada por la Audiencia Provincial de Álava, sea revocada y se retome la acusación inicial de asesinato u homicidio doloso. Según informó la agencia Europa Press, el padre y la madre de Kerman expusieron este miércoles ante la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco los motivos de su desacuerdo con la resolución judicial y solicitaron la intervención de la institución para garantizar procesos judiciales exhaustivos, así como el cumplimiento de las normativas sobre seguridad en locales nocturnos.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, los padres del joven, Arantza Beitia y Roberto Villate, sostienen que hubo irregularidades graves tanto en el procedimiento judicial como en la supervisión administrativa del local donde ocurrieron los hechos. El 23 de febrero del año pasado, Kerman Villate falleció después de recibir un golpe de un portero de la sala de fiestas Mítika, ubicada en Vitoria-Gasteiz. La familia sostiene que los registros de las cámaras de video muestran que el joven fue interceptado de forma arbitraria por uno de los empleados de seguridad mientras intentaba entrar en la discoteca.

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Los progenitores detallaron ante la comisión parlamentaria que, minutos después del primer incidente, la misma persona golpeó a Kerman de manera sorpresiva y mortal, utilizando a dos transeúntes como obstáculo visual antes de propinarle el golpe. Según detalló Europa Press, el golpe fracturó los dos pómulos del joven y los padres subrayaron que el agresor contaba con experiencia y fuerza física muy superiores, señalando que había sido campeón nacional en pruebas de fuerza y que ya había participado antes en episodios de violencia en la misma sala, a veces con la colaboración de otro portero.

La instrucción judicial, según consignó Europa Press, inició con la calificación del caso como asesinato u homicidio doloso. Sin embargo, esa tipificación se rebajó después, acogiéndose a los argumentos de la defensa y del Ministerio Público, hasta situar los hechos en la esfera del homicidio imprudente. La familia recurrió esta decisión por entender que reduce la gravedad del delito y limita el alcance del juicio, ya que, bajo esa figura penal, aspectos como la intencionalidad, el dolo, el ataque sorpresivo y la alevosía quedarían fuera de consideración. Los padres de Kerman advirtieron que esta interpretación “convierte a la víctima en parte activa del conflicto”, pese a que las imágenes recogidas en las cámaras, según afirmaron, contradicen esa visión.

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Además de expresar su rechazo a la decisión judicial, los padres solicitaron al Parlamento Vasco mayor vigilancia respecto al cumplimiento de la normativa que regula la actuación del personal de seguridad en discotecas, y criticaron tanto al Gobierno municipal de Vitoria-Gasteiz como a la administración local por, según relataron, limitarse a “evitar responsabilidades” pese a constatar la existencia de múltiples actos violentos y reiteradas infracciones por parte del personal de seguridad del establecimiento nocturno, tal como recogió Europa Press.

La familia de Kerman destacó que la administración, tras el fallecimiento del joven, endureció la regulación del sector, permitiendo aumentar inspecciones y aplicar sanciones administrativas que incluyen cierres temporales, suspensión de licencias o la retención de bienes, medidas que, según su análisis, pueden ayudar a prevenir nuevos episodios violentos en locales de ocio. No obstante, insistieron en que esas medidas resultan insuficientes si no existen mecanismos efectivos de implementación y supervisión.

Durante su intervención, la madre y el padre de Kerman subrayaron que en el caso de su hijo se demostró, a su juicio, un incumplimiento sistemático de normas tanto por parte de la empresa de seguridad como de los responsables del local y las autoridades públicas encargadas de inspeccionar su actividad. Mencionaron la ausencia de planes de autoprotección adecuados, la falta de acreditaciones exigidas, insuficiencia de pólizas de seguros y la inacción del gobierno local, según Europa Press.

Los padres también criticaron la “tolerancia con las agresiones” cometidas por los porteros y la permisividad con las empresas que gestionaban el local. Solicitaron al Parlamento Vasco un papel más activo en la supervisión del proceso judicial y en la defensa del derecho a una justicia efectiva y proporcional para las víctimas de violencia ejercida por empleados encargados del resguardo de la seguridad en locales nocturnos.

En su comparecencia, también alertaron del riesgo de que se “normalicen” agresiones cometidas por porteros, al justificar estos episodios por la conflictividad típica del ambiente nocturno y el consumo de alcohol. La familia manifestó que las imágenes del caso descartan que existiera una actitud provocadora por parte de Kerman y compararon la situación a hipotéticos casos de violencia por parte de personal de seguridad en otros contextos, como el de un cine. Ante quienes sostienen que el joven falleció tras caer accidentalmente por el golpe, los padres respondieron que la autopsia demuestra que “el golpe le rompió el cráneo y le provocó falta de aire”, lo que le causó la muerte de forma inmediata.

Por último, lamentaron que existan instituciones y sectores que, según su percepción recogida por Europa Press, se han esforzado en sustentar un relato alternativo a lo que muestran las pruebas periciales y las imágenes. Expresaron su preocupación por la falta de reconocimiento de errores y por la escasa asunción de responsabilidades, reivindicando la necesidad de que las autoridades mantengan la supervisión activa sobre estos procedimientos para evitar que sucesos de este tipo vuelvan a repetirse.

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