Condenado a 15 meses de internamiento un menor por intentar agredir sexualmente a un compañero en un viaje escolar

El dictamen judicial establece que el menor condenado debe cumplir una indemnización de 17.400 euros a favor de la víctima, suma por la que responderán de forma solidaria no solo el propio joven, sino también sus representantes legales y el colegio involucrado. Con esta resolución, la medida de responsabilidad civil alcanza tanto al núcleo familiar como a la institución educativa, en cumplimiento del artículo 61.3 de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. El caso se originó tras los hechos acontecidos durante una excursión escolar en Málaga y concluyó con la imposición de 15 meses de internamiento en régimen cerrado, junto a otras restricciones dictadas por la autoridad judicial.

Según publicó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la Sección de Menores del Tribunal de Instancia de València, a través de su titular en la Plaza número 2, emitió la sentencia el 11 de febrero. Además del internamiento, la resolución establece que, al finalizar este periodo, el menor estará sujeto a dos años de libertad vigilada. Como parte de las medidas complementarias, se determinó que el joven debe participar en un programa de educación sexual y de igualdad, cuyo objetivo radica en prevenir la reincidencia y fomentar conductas respetuosas dentro del entorno escolar y social.

La sentencia señala la prohibición expresa para que el condenado se acerque a la víctima, a su domicilio, a su lugar de trabajo o a cualquier otro lugar donde pudiera encontrarse. Igualmente, no podrá comunicarse con ella directamente ni mediante ninguna tecnología o persona intermediaria, estipulándose una duración de cuatro años para estas restricciones. Tal como detalló el TSJCV, estas disposiciones buscan salvaguardar la integridad y tranquilidad del afectado tras lo acontecido durante la estancia en Málaga.

El origen de estos hechos remonta al curso escolar 2022-2023, cuando un grupo de alumnos del colegio concertado Nuestra Señora del Loreto de València participó en un viaje a la provincia de Málaga organizado por la institución educativa. Durante esa actividad, se produjo el incidente por el que la familia de la víctima denunció que su hijo, estudiante de segundo de ESO en ese momento, fue objeto de una tentativa de agresión sexual atribuida inicialmente a varios compañeros, según consignó el medio.

En relación con la investigación, el TSJCV informó que, en junio pasado, la Audiencia Provincial de Valencia resolvió el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto de dos menores que habían estado bajo indagación por parte de la Fiscalía a propósito de los mismos hechos. Esta decisión ratificó lo dispuesto previamente por el Juzgado de Menores número dos de València en febrero. Otros dos menores identificados en la denuncia original se consideraron inimputables dada su situación legal y edad, mientras que el proceso continuó únicamente en torno al menor que ahora recibe condena, reportó el tribunal.

El colegio Nuestra Señora del Loreto, al recibir la notificación judicial, difundió internamente un mensaje dirigido a las familias y al personal docente, según indicó el TSJCV. La institución justificó esta acción en su propósito de mantener información clara y transparente ante la gravedad y repercusión del caso en la comunidad educativa y en cumplimiento de su política interna de comunicación en situaciones excepcionales.

El dictamen contempla todos los mecanismos previstos en la legislación aplicable, habilitando a las partes interesadas a presentar recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. Según remarcó el Alto Tribunal valenciano, la responsabilidad solidaria también se extiende de forma subsidiaria a la aseguradora del centro educativo, conforme a lo que estipula la normativa penal de menores en relación con las obligaciones civiles derivadas de delitos cometidos por personas no adultas.

Las medidas de protección en favor de la víctima y los requerimientos formativos y de control para el condenado responden, según el tribunal, a criterios de reparación, prevención y reeducación, considerados prioritarios en estos procedimientos. El proceso judicial y las acciones adoptadas abarcan tanto la esfera penal como la civil, subrayando la corresponsabilidad de las familias y del entorno escolar en la tutela y salvaguarda de los menores bajo su cargo.