
Diez vecinos de la calle Tribulete número 7 del barrio de Lavapiés han ratificado ante la jueza de Instrucción número 17 de Madrid una querella colectiva contra un fondo de inversión por presunto acoso inmobiliario, relatando las amenazas y coacciones que sufren desde hace dos años para forzar su salida del inmueble.
La jueza María Isabel Garaizabal Ariza investiga si las actuaciones denunciadas por los residentes --relacionadas con obras en el edificio, molestias, intervenciones policiales y actuaciones de empresas gestoras-- pudieron constituir una estrategia de presión para forzar el abandono de las viviendas, supuesto que podría encajar en el tipo penal de acoso inmobiliario.
Los residentes aseguran que desde la compra del inmueble por parte de la sociedad propietaria se han sucedido amenazas verbales e indirectas, así como coacciones y obras que, según denuncian, buscan hacer "inhabitable" el edificio para facilitar una operación de carácter especulativo. Todos ellos viven en régimen de alquiler.
Durante su declaración judicial, los vecinos han relatado que las intervenciones en el inmueble comenzaron en noviembre de 2024 y que, desde entonces, se ejecutan trabajos que "empiezan pero no se terminan", con andamios permanentes, boquetes abiertos y actuaciones que consideran especialmente agresivas.
Según su testimonio, las obras han provocado ruido constante, filtraciones de agua, humedades y episodios de inseguridad por la posible caída de cascotes. También denuncian cortes recurrentes de suministros y la superación de los límites de ruido permitidos, además de supuestas deficiencias en las medidas de seguridad.
"La incomodidad para vivir es brutal y la incertidumbre constante", han señalado a Europa Press algunos afectados, que describen el miedo que tienen a transitar por zonas comunes y ansiedad en familias con menores. De hecho, aseguran que muchas familias con niños ya han abandonado el edificio por la situación.
Los vecinos cifran en unas 30 las personas que se han marchado en los últimos meses. Actualmente, calculan que permanecen unas 25 personas repartidas en 15 viviendas, en un inmueble que anteriormente estaba completamente ocupado.
Los denunciantes solicitaron al Ayuntamiento de Madrid que ejerciera el derecho de tanteo y retracto --que otorga prioridad a los inquilinos para adquirir el inmueble-- con el objetivo de evitar la operación, aunque aseguran que su petición no prosperó.
Los afectados, organizados con el apoyo de colectivos y sindicatos de inquilinos, reclaman la paralización de las obras hasta que se ajusten a la normativa vigente y se garantice la seguridad del edificio y de sus residentes.
Durante la comparecencia, la magistrada preguntó específicamente por el alcance de las obras, sus horarios y su continuidad, después de que los vecinos denunciaran que los trabajos no se concluyen y dejan zonas abiertas o deterioradas durante largos periodos.
La magistrada acordó en diciembre la admisión a trámite de la querella presentada contra una gestora vinculada a un fondo de inversión y varias empresas y responsables relacionados con la gestión de la propiedad.
El próximo jueves, comparecerán los querellados. Además, la jueza ha fijado para el 3 de marzo la comparecencia como testigos del portero del edificio y del arquitecto Pablo García Bachiller.
Entre los señalados figuran sociedades como Elix Servicios Inmobiliarios SL, Inmho Gestión de la Propiedad SLU y distintos directivos y responsables operativos.
La jueza aprecia indicios de delito y ordenó la apertura de diligencias previas al considerar que los hechos denunciados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de acoso inmobiliario".
Asimismo, requirió a la Policía Municipal de Madrid que remita todos los informes de intervención realizados en el inmueble entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, y al Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid el expediente completo de las obras ejecutadas en el edificio desde su inicio hasta la actualidad.
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