Una delegación de eurodiputados pregunta al Constitucional por la ley de amnistía y las relaciones con el Supremo

Una delegación de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo se ha reunido este martes con representantes del Tribunal Constitucional (TC) para "conocer el papel" de la corte de garantías en la ley de amnistía o su relación con el Tribunal Supremo.

Así lo ha comunicado el TC en una nota de prensa, en la que explica que han sido el presidente Cándido Conde-Pumpido, la vicepresidenta Inmaculada Montalbán y el magistrado Ramón Sáez Valcárcel los que han recibido a los cinco eurodiputados de la comitiva en el Salón del Pleno de Domenico Scarlatti.

En la nota de prensa, el TC detalla que también han hablado sobre la protección de los derechos fundamentales, la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial o la situación del Estado de derecho en España.

La delegación del Parlamento Europeo ha viajado esta semana a España para analizar la legislación anticorrupción del país y otros asuntos relacionados con el Estado de derecho con el fin de redactar un informe.

Los cinco miembros de la Eurocámara son el presidente de la Comisión de Libertades, Javier Zarzalejos, del PP; el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé; la eurodiputada holandesa de Renew (liberales) Raquel García Hermida-van der Walle; Alessandro Zan, del Grupo de Socialistas y Demócratas, y la belga Assita Kanko, del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos.

Su misión es redactar un informe sobre la independencia de la Justicia en España y el marco legal para la lucha contra la corrupción, la situación de la Fiscalía General, la sociedad civil o la calidad del procedimiento legislativo.

AF PLANTEA LA "DIFÍCIL SITUACIÓN" DE LA FISCALÍA

La delegación se reunió este lunes con representantes de las asociaciones fiscales y judiciales. La mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) ha explicado este martes a Europa Press que trasladaron la "difícil situación de la Fiscalía" tras la condena del Supremo al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En este sentido, la asociación denunció el "empecinamiento" de García Ortiz "en no dimitir cuando se le abrió procedimiento penal" y su "estrategia de defensa de enfrentamiento con el tribunal".

Asimismo, plantearon que la "limitada reforma" del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal --una propuesta del Gobierno que pretende, entre otros asuntos, establecer que la Fiscalía se encargue de la instrucción penal-- "en absoluto profundiza en la independencia" del Ministerio Público "ni establece control interno o contrapeso" al fiscal general.

La AF también trasladó su preocupación por "la situación del Estado de derecho con las reformas" impulsadas por el Gobierno. Entre ellas, "el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal" de jueces y fiscales sustitutos "sin pasar por una oposición y a través de un sistema que dejará margen para la subjetividad, en detrimento de los derechos profesionales de los fiscales más jóvenes".

OPINIONES DISTINTAS EN LAS ASOCIACIONES JUDICIALES

Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) trasladó a la delegación que, "pese a las numerosas reformas" impulsadas por el Gobierno en los últimos meses, "no se han consolidado mejoras estructurales" en la justicia española, al tiempo que la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) criticó la "falta de dotación económica y de medios materiales y humanos" en los tribunales de instancia.

Roberto García Ceniceros, presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), explicó a esta agencia de noticias que no han acudido a la reunión porque no se les ha convocado.

"Cuando nos enteramos, pedimos poder asistir, y nos contestaron que la agenda ya estaba cerrada", señaló el presidente de la asociación judicial. FJI presentó por escrito su "disconformidad" y han enviado otro documento con sus alegaciones.

Por contra, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) trasladó a los eurodiputados que "la independencia judicial está garantizada en España, sin que se encuentre en peligro, como demuestran las múltiples investigaciones que se realizan sin novedad en ámbitos diversos, como el político, económico o social".