La Justicia ve cumplido el fallo que declaró no urbanizable el Algarrobico, en Almería, tras 10 años de litigio

El Ayuntamiento de Carboneras culminó el procedimiento legislativo para restaurar el grado más elevado de protección ambiental a los terrenos situados en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, luego de que el Boletín Oficial de la Provincia de Almería publicara la normativa urbanística completa sobre la modificación parcial de su Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), una acción determinante tras una década de litigios. Según informó Europa Press, esta etapa ha significado la total ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que declaró estos suelos como “no urbanizables”, poniendo fin al proceso impulsado por distintas organizaciones ecologistas.

El TSJA archivó la pieza de ejecución destinada a dar cumplimiento a la resolución dictada en 2016. El fallo afectaba directamente al paraje sobre el que se localiza el hotel de 411 habitaciones y una veintena de plantas, proyecto impulsado por Azata del Sol bajo una licencia cuya revisión se contempla, aunque sigue formalmente activa. La Sala de lo Contencioso-administrativo tomó esta decisión tras examinar las acciones implementadas por el Ayuntamiento de Carboneras y verificar que no existe ninguna cuestión pendiente relativa a la protección urbanística de los sectores afectados, según consignó Europa Press.

De acuerdo con el medio, la sentencia de 2016 —ratificada por el Tribunal Supremo en 2018— anuló la calificación de ambos sectores involucrados, ST-1 (El Algarrobico) y ST-2 (El Canillar), como urbanizables. El Tribunal ordenó su nueva clasificación como suelo no urbanizable de especial protección, atendiendo a las categorías definidas por la normativa autonómica y municipal. De esta forma, el ST-1 fue reclasificado con protección C1, correspondiente a áreas naturales de interés general, mientras que el ST-2 quedó establecido con protección B1 y B2, asociado a áreas naturalezas con valores generales y áreas seminaturales reservadas a usos tradicionales, especificó Europa Press.

El Ayuntamiento de Carboneras debió adaptar su normativa urbanística tras sucesivas indicaciones judiciales. El texto aprobado, publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia el 12 de enero pasado, incluyó la incorporación de los cambios en la memoria general, las normas y los planos urbanísticos del PGOU. Según señaló el alcalde Salvador Hernández en su solicitud al TSJA a finales de enero, la administración municipal publicó la aprobación definitiva de la modificación parcial del PGOU en cumplimiento estricto de lo ordenado por los tribunales.

La modificación parcial fue precedida por una serie de incidentes en el proceso de ejecución que, según argumentó el Ayuntamiento, no podían atribuirse a la corporación local. La administración subrayó que se trató de sucesos ajenos a su voluntad, aunque otras partes, entre ellas algunos grupos ecologistas, los calificaron de maliciosos o excesivos. Pese a ello, la sala judicial ratificó la necesidad de publicar el “contenido íntegro” de la nueva normativa para concluir la ejecución de la sentencia, detalló Europa Press.

La causa judicial se inició tras el recurso promovido por agrupaciones ecologistas, incluidas Salvemos Mojácar, Ecologistas en Acción y Greenpeace. Según publicó Europa Press, este recurso cuestionó el acuerdo del pleno celebrado el 11 de agosto de 2009, en el que se modificó la clasificación de los sectores en cuestión, lo que supuso admitir usos urbanísticos entonces incompatibles con la protección ambiental de la zona. La acción de los colectivos derivó en la sentencia de 2016 que revocaba ese acuerdo y devolvía a los suelos del parque natural su calificación de máxima protección legal.

Además del Ayuntamiento, la propia organización Greenpeace solicitó también el archivo del procedimiento, considerando que se había dado cabal cumplimiento a lo dispuesto por los órganos judiciales. El Tribunal examinó que la publicación y las reformas acometidas reflejan con precisión lo exigido, por lo que la sala estimó extinguido el objeto del proceso después de que todos los cambios normativos aparecieron publicados en los boletines oficiales.

De acuerdo con Europa Press, el hotel cuya construcción motivó la controversia nunca llegó a finalizarse. Con 411 habitaciones y varias plantas, la estructura permanece inacabada al estar ubicada sobre suelos que han recuperado ahora el estatus de zona protegida, conforme a las directrices de los tribunales y a las sugerencias emitidas por la Junta de Andalucía. El proceso de revisión de la licencia municipal sigue abierto, pero los cambios aprobados impiden cualquier desarrollo urbanístico en el área afectada.

La decisión del TSJA cierra así un expediente que se prolongó durante al menos diez años, poniendo término a las disputas legales en torno a uno de los enclaves más emblemáticos del litoral andaluz desde el punto de vista de la conservación medioambiental, según la información recogida por Europa Press. El Ayuntamiento debe mantener los terrenos bajo el régimen de protección especial que corresponde a las áreas naturales incluidas en el parque, con limitaciones para el uso y desarrollo futuro conforme a la normativa vigente.