PP lanza una ofensiva parlamentaria con 30 medidas y la reprobación de Isabel Rodríguez por su "catástrofe" en Vivienda

Las críticas desde los grupos parlamentarios del Partido Popular (PP) han incidido en la dificultad que enfrentan los jóvenes españoles para acceder a una vivienda. Según el PP, un asalariado de 22 años tendría que dedicar cerca de once años completos de su salario para comprar un piso de 90 metros cuadrados y, además, el esfuerzo económico de los jóvenes que optan por el alquiler alcanzaría al 92,3% de sus ingresos. En este contexto de lo que denominan “emergencia social” por la crisis habitacional, el PP ha llevado a ambas cámaras legislativas una ofensiva política para censurar a la ministra Isabel Rodríguez y presentar un paquete con más de 30 propuestas que buscan dar respuesta a los problemas de acceso a la vivienda, según informó Europa Press.

Tal como reportó Europa Press, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, pronunció declaraciones en las que criticó al Gobierno de Pedro Sánchez por, en sus palabras, “proteger a los delincuentes y no proteger a los millones de jóvenes” con problemas para alquilar o comprar. Fúnez planteó la necesidad de mayores garantías para los propietarios e inquilinos, y recordó que el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, mantiene el objetivo de construir un millón de viviendas para moderar los precios de alquiler. El PP ha tramitado mociones tanto en el Congreso como en el Senado, que están previstas para su debate en los plenos de la próxima semana.

En el Senado, la portavoz popular Alicia García ha concretado que la moción exige la reprobación de Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, a raíz de lo que describen como el fracaso de la Ley de Vivienda y su gestión en ese ámbito. Entre los argumentos presentados en la moción figuran su “enfoque sesgado, ideológico y radical”, tanto como la “manifiesta incompetencia en el desempeño de su labor” y la “incapacidad palmaria para la construcción de los consensos necesarios”; también señalan “falta de compromiso con la verdad” y críticas al “fomento, protección y amparo hacia las conductas delictivas que representan la okupación y la inquiokupación”, en referencia a la ocupación ilegal de viviendas y otros fenómenos similares. El PP solicita apoyo a la iniciativa de reprobación los próximos 17 y 18 de febrero.

El documento presentado en el Senado evidencia, siempre según lo recogido por Europa Press, que el acceso a una residencia propia se ha convertido en un objetivo distante para una amplia franja de la población española, incluidas familias, jóvenes y trabajadores. El texto indica que el problema de la vivienda avanzó desde la posición dieciocho a la primera entre las preocupaciones ciudadanas desde el inicio del mandato de Pedro Sánchez, basándose la argumentación en datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El coste medio de una vivienda de 90 metros cuadrados superaría los 167.940 euros, lo que, sostiene el PP en el texto, hace inviables tanto la compra como el alquiler para un creciente número de ciudadanos.

Sobre la ocupación irregular, la moción recoge que entre los años 2018 y 2024 los delitos vinculados al allanamiento y usurpación de inmuebles aumentaron un 34,5%, estimando el Institut Cerdà en 78.800 el número de viviendas ocupadas en el país, con una cifra de alrededor de 230.000 personas implicadas en esa situación en 2024. El PP utiliza estos datos para reforzar la denuncia de que sus adversarios políticos han promovido un marco legal que, a su criterio, ha perjudicado la seguridad jurídica y ha posibilitado el aumento de estos fenómenos.

En el Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado una moción consecuencia de interpelación urgente en la que reclama al Ejecutivo la adopción de una serie de actuaciones. Detalla que, para responder a las dificultades de acceso a la vivienda, debe impulsarse la construcción de un millón de pisos nuevos en el plazo de cuatro años, combinando la acción pública y la inversión del sector privado. Los populares piden, además, que el conjunto del suelo público gestionado por la Administración General del Estado quede disponible para el alquiler asequible, priorizando así la oferta dirigida a quienes experimentan mayor dificultad en el acceso.

Como parte de las propuestas principales, según Europa Press, el plan del PP incluye reducir el IVA aplicado a la compra de la primera vivienda nueva, disminuyéndolo del 10% al 4%. El partido sugiere también que los jóvenes dispongan de una bonificación o exención sobre el Impuesto sobre la Renta (IRPF) durante los cuatro primeros años de su vida laboral, con la intención de facilitar tanto el ahorro como el acceso a una casa propia.

Al presentar la iniciativa ante los medios, Sergio Sayas, portavoz adjunto del PP en el Congreso, señaló la necesidad de aumentar la oferta de viviendas, asegurar la protección jurídica tanto de inquilinos como propietarios y facilitar el regreso a la vivienda asequible para la población en general. Sayas definió el paquete de medidas de su partido como un esfuerzo para revertir la situación generada, en su opinión, por políticas erradas del actual gobierno.

La moción popular sostiene que la situación de escasez de viviendas no se origina en factores coyunturales, sino como resultado directo de las regulaciones y decisiones legislativas impulsadas por el actual Ejecutivo. Según el texto, los cambios normativos habrían producido “anomalías evidentes” como el aumento de la ocupación y la inquiokupación, a la par que han restringido la seguridad jurídica en el entorno inmobiliario.

El PP insiste, según recopiló Europa Press, en que la falta de viviendas tiene consecuencias transversales en la sociedad, ya que la considera “la mejor política de natalidad” al posibilitar la emancipación temprana y el desarrollo de una planificación familiar. Entre los objetivos explícitos del paquete legislativo propuesto destaca la movilización de recursos públicos y privados para moderar precios y hacer efectivo el derecho a la vivienda.

Europa Press documentó que, desde la dirección del PP, se considera que el debate parlamentario sobre estas propuestas pondrá en evidencia tanto “el fracaso de las catastróficas políticas” del Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia de vivienda como las alternativas que el principal partido de la oposición presenta para responder a la actual crisis habitacional detectada por sus portavoces.