La AN propone juzgar al capitán del 'Villa de Pitanxo' y a dos directivos de la armadora por homicidio imprudente

La investigación judicial tras el hundimiento del pesquero gallego ‘Villa de Pitanxo’ en las aguas de Terranova, Canadá, reveló aspectos determinantes en la tragedia, como que solo existía una escalera desde la cubierta hasta los puntos de acceso a las balsas salvavidas, la cual resultó inutilizable en el momento de la evacuación. Esto forzó a la tripulación a buscar rutas alternativas bajo condiciones críticas, aumentando la dificultad para abandonar el barco. Según reportó Europa Press, el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno propuso enviar a juicio al capitán de la embarcación y a dos directivos de la empresa armadora bajo acusaciones de homicidio imprudente y delitos contra los derechos de los trabajadores, tras la muerte de 21 personas el 15 de febrero de 2022.

De acuerdo con Europa Press, el auto emitido por el juez señala como principales acusados al administrador de Pesquerías Nores Marín, José Antonio Nores Rodríguez; al director de Flota, José Antonio Nores Ortega; y al capitán Juan Enrique Padín. Los tres enfrentarán cargos por 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y un delito contra los derechos de los trabajadores. En la resolución judicial, la empresa armadora quedó como responsable civil subsidiaria y la aseguradora como responsable civil directa. El análisis del siniestro detallado en el auto sostiene que varios factores contribuyeron al hundimiento, incluidos la sobrecarga del buque sin control adecuado y la falta de medidas de precaución ante el deterioro de las condiciones meteorológicas.

El auto recoge, según difundió Europa Press, que el capitán tomó la decisión de continuar con la maniobra del buque pese a las adversidades climáticas, sin valorar otras opciones más seguras. Esta decisión influyó directamente en el resultado del hundimiento. A esto se suma que la orden de abandono del barco llegó demasiado tarde, cuando las posibilidades de salvación para la tripulación ya se habían reducido a mínimos. El magistrado reseñó que la tardanza en dar la alarma impidió una evacuación organizada que podría haber resultado más efectiva.

En el relato contenido en la resolución judicial, se destaca también que muchos marineros no estaban familiarizados con los procedimientos de salvamento, ni con los riesgos característicos de la navegación en aguas frías del Atlántico Norte. El propio navío no contaba con autorización para operar en zonas con formación de hielo y los tripulantes carecían de formación específica frente a la hipotermia. Además, el magistrado documentó que los trajes de inmersión no fueron revisados conforme a la normativa vigente, por lo que su estado era dudoso y podían no encontrarse aptos para proporcionar la protección necesaria en un naufragio en aguas gélidas.

Entre los datos presentados por el juez, se indicó que de las 21 víctimas mortales, 12 no fueron localizadas y las restantes fallecieron por ahogamiento o hipotermia. Tres personas lograron sobrevivir tras ser rescatadas en una de las balsas salvavidas, entre ellos el propio capitán. El auto también refleja que un brote de COVID-19 afectaba a la tripulación: ocho marineros se encontraban contagiados, según informó el capitán durante la travesía, lo que pudo influir negativamente en la capacidad de reacción colectiva ante la emergencia.

Europa Press detalló que el órgano judicial otorgó un plazo de diez días a Fiscalía y acusaciones particulares para presentar sus escritos de acusación o solicitar el sobreseimiento. Las conclusiones de la Fiscalía, añadidas en los últimos días, coinciden con los argumentos de la acusación sobre las responsabilidades del capitán y los directivos de la armadora Pesquerías Nores Marín. Fiscalía subrayó que tanto el capitán como los responsables de la empresa disponían de facultades decisorias y permitieron que se trabajase en "condiciones inseguras, con inobservancia de medidas preventivas y con grosero desprecio para la vida y la integridad física de los tripulantes".

En el informe final recogido por Europa Press, la Fiscalía ponía especial énfasis en la sobrecarga del ‘Villa de Pitanxo’, que transportaba tanques de combustible instalados sin las autorizaciones legales pertinentes. Este exceso vulneró los criterios reglamentarios de estabilidad, incidiendo de modo directo en las posibilidades de supervivencia si se producía una inundación, sobre todo dadas las adversas condiciones meteorológicas al momento del accidente.

La Fiscalía reprochó que el capitán incumplió sistemáticamente las obligaciones asociadas a su puesto, al no implementar medidas preventivas al realizar maniobras arriesgadas bajo fuerte temporal, y evaluó de manera insuficiente el estado del barco en la etapa final antes de que se hundiera. De acuerdo al dictamen presentado, “dio la orden de abandono del buque demasiado tarde, al no ser consciente de la gravedad de la situación. Cuando se dio, las probabilidades de salvarse eran muy reducidas”.

En relación con las responsabilidades de los armadores, el ministerio público argumentó que la empresa no cumplió con las directrices sobre salud y seguridad laboral, ni con la habilitación adecuada de las rutas de evacuación del barco. También puso énfasis en la ausencia de una escalera de estribor prevista en el plano de salvamento, la cual constituía un requisito exigido por la normativa marítima vigente, según el escrito entregado a la Audiencia Nacional.

El conjunto de pruebas y argumentaciones recogidas en el auto sustenta la decisión de llevar a juicio tanto al capitán como a los principales responsables de la empresa armadora. Según consignó Europa Press, el caso se dirige hacia la apertura de juicio oral, donde se determinarán posibles responsabilidades penales y civiles derivadas del naufragio que supuso la pérdida de 21 vidas en aguas internacionales.