El Congreso acuerda por unanimidad no indemnizar a Ábalos al estar suspendido de derechos cuando lo pidió

Al analizar el informe emitido por los servicios jurídicos del Congreso, queda señalado que la suspensión de derechos asociada a la condición de diputado implica la pérdida total de prerrogativas y beneficios, lo que incluye la posibilidad de solicitar la indemnización por cese. El exministro José Luis Ábalos formuló su solicitud de esta prestación tras renunciar a su escaño, pero en el momento de presentar la petición, ya se encontraba inhabilitado por una resolución judicial. De acuerdo con Europa Press, la Mesa del Congreso denegó por unanimidad dicha solicitud, considerando la incompatibilidad de derechos y la situación jurídica del exparlamentario.

Europa Press detalló que el informe de los letrados subraya la imposibilidad de conceder la indemnización a Ábalos porque la suspensión de derechos la excluye expresamente. Al dejar el escaño como diputado, Ábalos había manifestado su intención de acogerse a la jubilación y señaló públicamente que se sentía "desprovisto" de sus derechos y deberes, además de “privado de todo ingreso y protección social”, según recogió la agencia. Después de la confirmación por parte del Tribunal Supremo de la medida de prisión provisional vinculada al denominado 'caso Koldo', el exdirigente socialista comunicó su decisión de abandonar el Congreso.

Los diputados que cesan en su cargo suelen tener derecho a percibir una indemnización equivalente a una mensualidad de la asignación constitucional por cada año completo de mandato, siempre y cuando no obtengan otras fuentes de ingresos públicos o privados. En el caso de Ábalos, quien fue diputado sin interrupción desde abril de 2009, el monto total podría haber rebasado los 57.200 euros. Europa Press explicó que el Congreso tenía dudas sobre la posibilidad de que Ábalos mantuviera ese derecho, dado que en noviembre pasado, tras su ingreso en prisión preventiva, la Mesa lo suspendió de todos sus derechos parlamentarios, lo cual conllevó la perdida de salario y la prohibición de votar.

El informe jurídico al que accedió Europa Press indica que ninguno de los parlamentarios suspendidos en el pasado ha cobrado esta indemnización. El texto señala, además, que la renuncia al acta no restaura los derechos perdidos previamente y, en consecuencia, no genera acceso a prestaciones ligadas a la condición de diputado. Los letrados establecen que la suspensión alcanza a la totalidad de prerrogativas, beneficios y derechos relacionados con la función parlamentaria.

Los servicios jurídicos insisten en que la indemnización por cese se concede para cubrir las dificultades que puede afrontar un diputado al reincorporarse a la vida laboral fuera del Parlamento, siendo, por tanto, incompatible con cualquier otra fuente de ingresos, incluidas la pensión de jubilación u otros emolumentos públicos o privados. Europa Press remarcó que esta prestación se paga mensualmente y queda interrumpida si el beneficiario comienza a recibir cualquier otro ingreso de índole pública o privada. En palabras del informe: “Ambas retribuciones (indemnización y pensión) son incompatibles y su combinación, contraria a la finalidad expresada por el Reglamento de pensiones parlamentarias”.

La Mesa del Congreso formalizó su decisión este martes, desestimando la petición de Ábalos por unanimidad, y este mismo órgano nombrará a su sucesora en el escaño, la siguiente en la lista por la provincia de Valencia correspondiente al PSOE de 2023, según comunicó Europa Press.

Dentro del mismo reportaje, Europa Press recordó que el caso más reciente de indemnización por cese otorgada a diputados correspondió a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, quien renunció a su asiento en la cámara baja en junio pasado, dos semanas antes de ingresar en prisión preventiva por su supuesta implicación en la trama de cobros ilícitos vinculada también a Ábalos. El Partido Popular propuso entonces impedir que Cerdán percibiera esta prestación, argumentando que el exdiputado no había informado de su participación accionarial en la empresa Servinabar. Finalmente, el PSOE y Sumar avalaron el informe jurídico que permitió a Cerdán acceder a la prestación.

El medio apuntó, además, que la clave distintiva del caso Cerdán es la conservación de todos sus derechos parlamentarios en el momento de abandonar el Congreso. Cerdán dejó el cargo antes de su ingreso en el centro penitenciario de Soto del Real y cobró aproximadamente 19.000 euros durante seis meses hasta diciembre. Los servicios jurídicos del Congreso afirmaron según Europa Press que la percepción de la indemnización está vinculada a la vigencia de los derechos como diputado, situación que Ábalos no mantenía cuando presentó su solicitud.

El informe legal preparado para la Mesa sostiene que la suspensión de derechos bloquea todas las prerrogativas, incluida la solicitud de la prestación discutida. Además, indica que la finalidad de la indemnización por cese radica en minimizar el impacto económico de la salida del Parlamento, pero resulta incompatible con la percepción de jubilación. La resolución adoptada este martes por la Mesa, con base en ese informe, niega definitivamente la indemnización reclamada por Ábalos tras su cese, tema que generó debate en la Cámara y cuya resolución ahora establece que los casos con derechos suspendidos no pueden acogerse a este beneficio parlamentario.