Piden 17 años de cárcel para un acusado de agresión sexual, exhibicionismo y venta de drogas en A Coruña

El Ministerio Público detalló que, además de las penas de prisión solicitadas, ha propuesto que el procesado deba abonar al joven una indemnización de 3.000 euros, como parte de las medidas solicitadas en respuesta a los hechos ocurridos en el partido judicial de A Coruña. También se contempla la aplicación de restricciones que incluyen la prohibición de comunicarse y de aproximarse a menos de 200 metros de la víctima durante trece años, así como la obligación de someterse a libertad vigilada por un periodo de diez años tras la condena principal. Estas condiciones forman parte del paquete de sanciones impulsado por la Fiscalía ante la gravedad de la acusación por agresión sexual a un menor, además de otros delitos vinculados.

Según reportó el medio, el juicio está teniendo lugar en la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña, desarrollándose a puerta cerrada para resguardar la identidad e integridad del menor implicado. La Fiscalía solicitó un total de 17 años y seis meses de prisión para el acusado, desglosados en base al escrito de acusación: doce años por la presunta agresión sexual cometida contra el joven menor de edad, un año más por un delito de exhibicionismo y provocación sexual, y cuatro años y medio por tráfico de estupefacientes. La petición fiscal incorpora, también, la imposición de una multa por el delito contra la salud pública, ascendiendo a 377,98 euros.

El escrito fiscal, según consignó el mismo medio, describe que los incidentes ocurrieron entre febrero y marzo de 2024 en la vivienda del acusado, situada en el partido judicial coruñés. El relato del Ministerio Público indica que el acusado habría sometido al menor a actos de índole sexual aprovechando la relación de confianza que mantenía con el joven y su acceso frecuente al domicilio. Los hechos denunciados incluyen agresión sexual, exposiciones de contenido sexual y la venta de sustancias ilegales a través de transacciones realizadas desde el domicilio del encausado.

El Ministerio Público también propuso, para el delito de exhibicionismo y provocación sexual, la medida accesoria de libertad vigilada durante cinco años, una vez cumplida la correspondiente pena de prisión. Esta solicitud se suma a la pretensión de mantener alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima para proteger al menor de nuevos contactos con el acusado, tal como aparece en la documentación presentada ante la Audiencia Provincial.

La Fiscalía precisó que la suma total de los años de privación de libertad solicitados responde a la acumulación de los delitos imputados. La estrategia judicial, según publicó el medio, parte de la individualización de cada conducta ilícita, acompañada de las medidas accesorias de protección y vigilancia para prevenir reincidencias. Entre las restricciones exigidas figura la prohibición de aproximarse al menor y cualquier tipo de contacto personal, postal o digital, con vigencia durante trece años, sumándose a la intervención de libertad vigilada en dos modalidades —diez años por el principal delito sexual y cinco años adicionales por el delito vinculado al exhibicionismo ante el menor—.

La vista oral comenzó este lunes en la sede judicial coruñesa bajo condiciones especiales de privacidad, conforme a lo solicitado tanto por el Ministerio Público como por las partes intervinientes, dada la naturaleza de los delitos y la necesidad de garantizar el anonimato y bienestar de la víctima menor de edad. Los detalles del desarrollo del juicio, así como las pruebas y testimonios presentados, se mantienen bajo reserva para el público, según las directrices acordadas por el tribunal.

La acusación por venta de drogas, según detalla el mismo escrito, se relaciona con operaciones ilícitas realizadas por el encausado, quien habría distribuido sustancias estupefacientes desde su residencia. Por este delito, Fiscalía sumó una petición de cuatro años y seis meses de cárcel para el procesado, además de la sanción económica ya mencionada. La integración de todos estos cargos impulsa una solicitud judicial de carácter acumulativo, según recoge el medio, destinada a condenar con varias penas privativas de libertad y medidas restrictivas de distinto alcance.

Con la celebración a puerta cerrada, el tribunal busca salvaguardar los derechos del menor y preservar el rigor del procedimiento penal, dado el impacto que hechos como los investigados pueden tener en la vida de la víctima. Las partes presentaron sus alegatos en una audiencia que incluirá la intervención de peritos, testigos y otras pruebas admitidas, conforme al protocolo de enjuiciamiento por delitos sexuales y contra la salud pública, explicó el medio.

La decisión final sobre la culpabilidad y la correspondiente imposición de penas dependerá de la valoración de las pruebas y testimonios aportados durante la vista, así como de la ponderación de las circunstancias agravantes y atenuantes que pudieran concurrir en el proceso. Desde el inicio del juicio, tanto la Fiscalía como la defensa han insistido en la necesidad de aplicar las garantías jurídicas de protección a víctimas menores, para quienes se han diseñado protocolos y medidas específicas ante procedimientos judiciales de natura sexual en España, reseñó el medio local.

La Fiscalía recalcó, según la información publicada, la gravedad de los hechos imputados, y subrayó el carácter integral de las medidas propuestas, cuyo objetivo es evitar toda reiteración de conductas similares por parte del acusado y proteger al menor ante eventuales situaciones de riesgo derivadas de los contactos previos. La resolución del tribunal determinará la viabilidad de todas las sanciones y restricciones solicitadas en acusación, así como el alcance real de la indemnización propuesta en favor de la víctima.