Aldama remite al Supremo los correos con la inmobiliaria del piso que su socio pagaba a la expareja de Ábalos

Una serie de advertencias remitidas por la inmobiliaria al socio de Víctor de Aldama sobre posibles acciones legales por impago del alquiler del piso ocupado por Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, forman parte de los documentos presentados en el proceso judicial que revisa supuestas irregularidades en la compra de mascarillas. Según informó Europa Press, el empresario Aldama presentó ante el Tribunal Supremo estos y otros correos electrónicos relativos a la reserva, los pagos y la gestión del apartamento ubicado en Torre España, en el centro de Madrid, con el objetivo de esclarecer detalles de las transacciones económicas bajo investigación.

De acuerdo con Europa Press, Víctor de Aldama, imputado en la causa, aportó como prueba escrita mensajes intercambiados entre la inmobiliaria responsable del piso y su socio Alberto Escolano. Los correos permiten verificar la reserva del apartamento para Rodríguez desde el 3 de abril de 2020 hasta el mismo día del año 2022. Además, los documentos contienen justificantes bancarios de pagos realizados a la empresa inmobiliaria, como el de mayo de 2020 por 2.901,65 euros, el de diciembre de ese año y un último en septiembre de 2021 por valor de 5.803,30 euros.

El medio Europa Press consignó que en la instrucción del caso, Jéssica Rodríguez declaró como testigo y manifestó que suponía que el exministro Ábalos sufragaba el alquiler de la vivienda donde residió tres años. En los correos aportados por la defensa de Aldama se reflejan tensiones entre la inmobiliaria y Escolano por impagos, llegando en diciembre de 2020 a notificarle la posibilidad de escalar el problema a la propiedad de la empresa si no abonaba las cantidades pendientes. Posteriormente, la inmobiliaria reiteró sus advertencias, señalando que en ausencia de pago, sería necesaria la “salida inmediata de la propiedad”.

Según detalló Europa Press, la inmobiliaria también comunicó a Escolano que la empresa había tratado de hablar con Rodríguez, quien indicó que no contaba con manera de comunicarse con él, y le notificó la rescisión del contrato de alquiler. Además, el último mensaje incluido en el expediente, con fecha 21 de diciembre de 2021, registró el envío de múltiples correos y un burofax, sin respuesta por parte de Escolano. “El siguiente paso es proceder a una demanda de desahucio puesto que no hay ningún tipo de colaboración por tu parte en lo que concierne a los pagos adeudados hasta la fecha”, advertía la inmobiliaria en ese mensaje.

En paralelo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según reportó Europa Press, informó en 2024 que existían “evidencias” de que un supuesto testaferro abonó un total de 82.298 euros para garantizar el arrendamiento de un apartamento en la Plaza España de Madrid habitado por Rodríguez. Los investigadores señalaron que, de acuerdo con los datos facilitados por la inmobiliaria, los pagos del alquiler correspondían al periodo comprendido entre marzo de 2019 y septiembre de 2021; sin embargo, Rodríguez continuó residiendo en el inmueble hasta finales de marzo de 2022.

El proceso judicial, que se desarrolla en el Tribunal Supremo, evalúa estas transacciones en el contexto de una investigación mayor sobre la compra de mascarillas por la que tanto Aldama como Ábalos están imputados. Los documentos incorporados por la defensa intentan demostrar el flujo de los pagos y la relación contractual entre los protagonistas del caso y la inmobiliaria, respaldando el relato de los movimientos económicos vinculados al alquiler del apartamento y aportando soporte para la valoración de posibles irregularidades en la gestión y financiación de la vivienda de Rodríguez.

Europa Press informó que la inclusión de los correos electrónicos, los justificantes bancarios y las comunicaciones relacionadas con posibles desalojos aumenta el volumen de pruebas documentales dentro de la causa y contribuye a precisar los mecanismos utilizados para el pago del alquiler y la prolongación de la estancia de Rodríguez en la vivienda. Los hechos evidencian la existencia de una cadena de intermediarios y pagos con origen en el entorno de Aldama y Escolano, lo que está siendo examinado por las autoridades en el marco de las demás actuaciones judiciales por las presuntas irregularidades detectadas.