De acuerdo con la información consignada por Europa Press, la denuncia de los presuntos abusos se realizó en agosto de 2022, varios años después de los hechos que habría vivido la víctima desde su infancia. El proceso judicial examina episodios que, según la acusación, se habrían producido mientras la joven pasaba fines de semana alternos con su padre biológico, V.M.G., en la provincia de Cuenca, tras establecerse su paternidad legal en 2011. Tanto la duración de los hechos relatados como el momento de la denuncia resultan relevantes en el desarrollo del proceso, que se sustancia estos días ante la Audiencia Provincial.
Según informó Europa Press, la Fiscalía solicita una condena de seis años de prisión para V.M.G., quien enfrenta cargos por un delito continuado de abuso sexual cometido contra su hija. El escrito de acusación sostiene que los hechos comenzaron cuando la menor tenía doce años, poco después de iniciarse una convivencia paternofilial regular con el acusado, anterior a 2011. Durante los encuentros de fines de semana alternos, la menor y su padre compartían trayectos en automóvil en los cuales, describe la acusación, se produjeron los episodios denunciados.
El Ministerio Público detalla que V.M.G., haciendo uso de la confianza propia de la relación paternofilial recién instaurada, habría desviado su vehículo hacia caminos apartados durante estos viajes. En esos lugares, según consta en el escrito, el acusado realizaba tocamientos a la joven por debajo de la ropa, específicamente en su pecho y región genital. La Fiscalía también describe conductas como la exigencia de abrazos, contacto manual con los genitales del acusado y la solicitud de otras acciones de índole sexual. Europa Press cita el escrito: "careciendo su hija, por su corta edad, de cualquier capacidad o posibilidad de evitar tal situaciones".
La acusación sostiene que estos hechos sucedieron de manera habitual y prolongada, manteniéndose al menos hasta que la víctima cumplió quince años. Europa Press reportó que la paternidad se declaró formalmente en 2011, punto de partida de una relación personal más estrecha entre ambos y que, según el Ministerio Público, fue instrumentalizada por el acusado para perpetuar los presuntos abusos durante los encuentros paterno-filiales.
Europa Press explicó que la denuncia formal fue presentada por la víctima en agosto de 2022, por lo que el proceso judicial tiene como uno de sus ejes la valoración de la declaración, el relato de los hechos y el contexto de la denuncia. La Fiscalía atribuye a estas conductas el carácter de delito continuado de abuso sexual conforme a los artículos 183.1 y 4 apartado d), 191, 192 y 74 del Código Penal, en la redacción vigente en el momento de los hechos. No obstante, la calificación de los hechos podría enmarcarse, para beneficio del acusado, en la actual figura de delito de agresión sexual del artículo 181.1 y 4 apartado e), después de la modificación introducida por la llamada 'Ley del solo sí es sí'.
En cuanto a las consecuencias penales que solicita el Ministerio Público, Europa Press precisó que, además de la pena de seis años de prisión, la acusación reclama para V.M.G. otros seis años de libertad vigilada, la inhabilitación para ejercer la patria potestad sobre la menor durante todo ese tiempo y la imposición de la prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima por siete años. Entre las medidas de carácter civil, la Fiscalía pide una indemnización de 2.000 euros para resarcir a la joven por los daños sufridos.
El juicio oral correspondiente a esta causa se celebra, de acuerdo con Europa Press, durante la jornada del jueves 5 de febrero en la Audiencia Provincial de Cuenca. El proceso examina tanto las pruebas disponibles como los testimonios de las partes en función de los hechos acontecidos y de su marco legal, ajustándose a la legislación vigente en materia de delitos sexuales y de protección de menores.
La investigación de los hechos, conforme publicó Europa Press, ha girado en torno a la figura del acusado y la naturaleza de la relación entre ambos, así como las circunstancias y periodicidad en que presuntamente ocurrieron los abusos. Las autoridades judiciales tienen previsto analizar cómo influyó la minoría de edad de la denunciante en su capacidad de reaccionar ante los hechos y el impacto que la denuncia tardía pudo tener en la instrucción y la obtención de pruebas.
Dentro del proceso, el tribunal valorará si procede la doble sanción de privación de libertad y libertad vigilada, como propugna la Fiscalía, así como las consecuencias accesorias relativas al ámbito familiar y las relaciones de contacto y comunicación entre el acusado y la víctima, conforme lo previsto en la legislación penal y de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Todos estos elementos forman parte de las cuestiones que la Audiencia Provincial deberá resolver a partir de las pruebas y los testimonios presentados en la vista, según detalló Europa Press.
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