La Fiscalía no recurre el archivo de la causa contra tres gerentes del SAS por contratos de emergencia en pandemia

La Fiscalía de Sevilla ha decidido no recurrir el archivo de la causa contra la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y sus antecesores Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas Ortega, por posible prevaricación en contratos sanitarios de emergencia durante la pandemia entre los años 2021 y 2023.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio Público tras finalizar el plazo a las 12.00 horas de este martes, 3 de febrero.

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza 13 de Sevilla decidió en un auto dictado el pasado 22 de enero decretar el "sobreseimiento provisional y archivo" de las actuaciones derivadas de las presentadas por el PSOE andaluz y por Podemos Andalucía, que han ejercido la acusación popular contra la actual gerente del SAS, Valle García, y sus antecesores Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas Ortega, por considerar que "no existen indicios de la perpetración de delito". No obstante, ambos grupos anunciaron su intención de recurrir la decisión del tribunal, tal y como han confirmado a esta agencia fuentes cercanas al caso.

De hecho, el PSOE-A anunciaba que recurriría la decisión al entender que los hechos denunciados "requieren de una investigación completa que está lejos de haber concluido" porque se "mantiene el delito de prevaricación". "Estamos, por tanto, ante un posible delito de prevaricación que debe de ser investigado hasta el final", según el PSOE-A, que consideraba entonces que la sanidad pública "merece que se investigue hasta el último euro pagado de más y, desde la prudencia que exige el desconocimiento aún del contenido íntegro del auto, que no ha sido notificado formalmente todavía al partido)", entiende que el proceso "no ha terminado".

En audio, también se pronunciaba la vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, quien indicaba que el partido recurriría el auto de archivo "porque se ha probado lo que venimos denunciando durante todo este tiempo, que con la excusa de la pandemia utilizaron un modo de contratación para favorecer a la sanidad privada". "Hay indicios sólidos y pruebas claras, eso nadie lo pone en duda, ni el juez, de que hay irregularidades probadas y que se pagó más por lo mismo", indicaba.

En el mencionado auto, consultado por Europa Press, se comunicaba que "no existen diligencias que resulten relevantes o pertinentes por cuanto serían inútiles en orden a acreditar unos hechos que, en sí mismos carecen de relevancia penal".

"NO EXISTEN ELEMENTOS QUE AVALEN EXISTENCIA DE DELITO"

En este sentido, el juez rechazaba la petición del PSOE-A de recabar un informe pericial de la Intervención General del Estado "por cuanto no existen elementos o principios de prueba que avalen razonablemente la posible exitencia de delito, y prolongar más la instrucción vulneraría el sistema constitucional de derechos y libertades que impide, no sólo una investigación prospectiva, sino también que cualquier ciudadano pueda verse sometido a una investigación sin verdadero fundamento".

Asimismo, el juez argumentaba que "la existencia del delito tiene que apoyarse en otros elementos de intenso valor incriminatorio y en este caso no se detectan" más allá de los reparos expresados por la Intervención General de la Junta, que además decidió que "no procedía un propuesta de informe de actuación".

Sobre la prórroga de la contratación de emergencia más allá de la pandemia, el magistrado sostenía que "no puede concluirse que la finalidad fuera elusión de las normas de orden público de la contratación, sino que respondían a necesidades perentorias derivadas de la necesidad de la continuidad de la prestación, sin modificación de lo contratado, dado el grave retraso generado por la crisis sanitaria".

"POSIBLES IRREGULARIDADES EN LA CONTRATACIÓN"

La causa se abrió tras una denuncia interpuesta en septiembre de 2024 por treintena de parlamentarios del PSOE-A contra los dos citados exgerentes del SAS "por posibles irregularidades en la contratación a través del procedimiento de urgencias en los años 2021-2023". La denuncia del PSOE-A, a la que posteriormente se sumó Podemos, cifraba en 242 millones de euros el valor de los contratos cuestionados.

El juzgado de instrucción acordó, el 1 de octubre de 2024, incoar diligencias previas "por la existencia de un posible delito de prevaricación administrativa". Posteriormente, en noviembre de 2025, los diputados del PSOE-A presentaron una "ampliación de querella" por "posibles irregularidades en la contratación a través de procedimiento de urgencias por el SAS en el año 2024" contra su actual directora gerente del SAS, Valle García.

Además de Valle García y sus dos antecesores en calidad de investigados, en la causa también han comparecido como testigos el exdirector económico del SAS José Antonio Miranda y el exdirector de asistencia sanitaria y resultados en Salud Hipólito Luis Carlos Martínez Hervás el pasado mes de noviembre.