La Fiscalía no recurre el archivo de la causa contra tres gerentes del SAS por contratos de emergencia en pandemia

La cuantía de 242 millones de euros se convirtió en uno de los principales puntos de debate tras la denuncia presentada contra los máximos responsables del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por supuestas irregularidades en contratos realizados mediante procedimientos de urgencia durante los años de pandemia. La denuncia inicial, presentada en septiembre de 2024 por un grupo de parlamentarios del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía (PSOE-A) e impulsada posteriormente también por Podemos Andalucía, apuntaba directamente contra la actual gerente del SAS, Valle García, así como contra sus antecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas Ortega. Según informó Europa Press, la Fiscalía de Sevilla dejó vencer el plazo legal para recurrir el archivo de la causa, dictado por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en plaza 13 de Sevilla el pasado 22 de enero, lo que exime a los investigados de responsabilidad penal en el marco de este procedimiento.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la resolución judicial comunicó el "sobreseimiento provisional y archivo" de las actuaciones emprendidas a raíz de las denuncias presentadas por PSOE-A y Podemos. Esta decisión llegó tras dictaminarse que no existían indicios de la comisión de delito alguno por parte de Valle García, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas Ortega en relación a la gestión de contrataciones sanitarias de emergencia durante la pandemia, comprendidas entre los años 2021 y 2023. Las fuentes del Ministerio Público consultadas por el medio confirmaron que la Fiscalía no presentó alegaciones tras finalizar el plazo establecido a las 12:00 horas del martes 3 de febrero.

El auto judicial al que tuvo acceso Europa Press fundamenta el cierre del sumario en una ausencia de elementos incriminatorios relevantes. El documento destaca que “no existen diligencias que resulten relevantes o pertinentes, por cuanto serían inútiles en orden a acreditar unos hechos que, en sí mismos, carecen de relevancia penal”. De este modo, la magistratura estimó que proseguir con la investigación habría vulnerado derechos constitucionales y evitó acceder a la petición del PSOE-A de contar con un informe pericial de la Intervención General del Estado, alegando que “prolongar más la instrucción vulneraría el sistema constitucional de derechos y libertades que impide no sólo una investigación prospectiva, sino también que cualquier ciudadano pueda verse sometido a una investigación sin verdadero fundamento".

La resolución también incorporó el argumento de que la prórroga de los contratos de emergencia, más allá de los periodos críticos de la pandemia, respondía a necesidades asociadas a la continuidad asistencial y no obedecía a una intención de eludir la normativa de contratación pública. El juez expresó que, si bien la Intervención General de la Junta había planteado ciertos reparos, no emitió una propuesta formal de informe de actuación, situación que restó peso a los posibles indicios de delito.

A pesar del archivo provisional, PSOE-A y Podemos insisten en la reapertura de las diligencias. Según consignó Europa Press, ambos grupos anunciaron de forma inmediata su intención de ejercer su derecho a recurrir, argumentando que el presunto delito de prevaricación todavía requiere una investigación completa. Los representantes socialistas sostienen que la sanidad pública andaluza necesita que se esclarezca el destino de cada euro invertido durante la pandemia y mantienen que los hechos descritos ante la justicia “no han sido debidamente investigados”. La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, afirmó que el partido recurriría el auto al considerar que “se ha probado lo que venimos denunciando durante todo este tiempo, que con la excusa de la pandemia utilizaron un modo de contratación para favorecer a la sanidad privada”. Márquez añadió: “Hay indicios sólidos y pruebas claras, eso nadie lo pone en duda, ni el juez, de que hay irregularidades probadas y que se pagó más por lo mismo”.

En el transcurso del proceso judicial, el tribunal fundamentó su posición asegurando que “la existencia del delito tiene que apoyarse en otros elementos de intenso valor incriminatorio y en este caso no se detectan”, considerando insuficientes los elementos presentados. La decisión de rechazar la emisión de un informe pericial se sustentó en la falta de pruebas que avalaran razonablemente la posible comisión de un delito, según informó Europa Press.

La investigación inicial arrancó después de que una treintena de representantes del PSOE-A denunciara “posibles irregularidades en la contratación a través del procedimiento de urgencias en los años 2021-2023”. Posteriormente, en noviembre de 2025, los diputados socialistas ampliaron la querella para agregar contrataciones realizadas mediante el mismo mecanismo en 2024 y señalaron como investigada a Valle García, actual titular de la dirección del SAS. Además de las personas mencionadas, el proceso judicial incluyó el testimonio de José Antonio Miranda, exdirector económico del SAS, y de Hipólito Luis Carlos Martínez Hervás, exdirector de asistencia sanitaria y resultados en Salud, quienes comparecieron en noviembre.

En este contexto, la Fiscalía sevillana decidió no dar continuidad al caso ni interponer recurso contra el archivo, lo cual, según detalló Europa Press, deja sin efectos penales las acusaciones contra los tres responsables del SAS en el periodo señalado. Con el procedimiento judicial archivado, la continuidad del asunto queda ahora en manos de la iniciativa de PSOE-A y Podemos, que continúan insistiendo en la necesidad de esclarecer las contrataciones públicas de emergencia vinculadas a la pandemia.