Decenas de jubilados protestan ante la sede del PP en Madrid por votar contra el decreto que recogía subida de pensiones

Las diferentes asociaciones de pensionistas han advertido que solo suspenderán las movilizaciones si el Parlamento resuelve el "bloqueo" de las medidas sociales que afectan a cerca de 10 millones de personas mayores, concediendo un plazo hasta el 20 de febrero para atender su demanda de revalorización de las pensiones. El medio Europa Press informó que las protestas arrancaron tras la votación en el Congreso el pasado martes, cuando se derogó el decreto ley ómnibus que incluía la subida del 2,7% de las pensiones y otras medidas de protección social.

Según detalló Europa Press, decenas de jubilados se concentraron este viernes frente a la sede nacional del Partido Popular, en la calle Génova de Madrid, en rechazo al voto en contra del grupo popular contra el mencionado decreto. Los manifestantes, que vestían chalecos con el lema "Pensiones dignas" y portaban pegatinas de "Ni un paso atrás", ocuparon uno de los carriles de la céntrica vía. El bloqueo en la Cámara Baja, que se produjo gracias a los votos de PP, Vox y Junts, resultó en la caída de la revalorización anual de las pensiones que ya se aplicaba, así como de la prórroga de la prohibición de desahucios y de los cortes de agua y luz para personas vulnerables.

Leopoldo Pelayo, portavoz de la Coordinadora de Pensionistas de Madrid, justificó la concentración señalando en declaraciones a Europa Press que las principales coordinadoras de pensionistas del Estado rechazan la postura del Partido Popular en el Parlamento y denuncian el veto a la subida de las pensiones. Pelayo recordó que, mientras no se resuelva la situación, continuarán manifestándose en las calles. Además, culpó al PP no solo del actual estancamiento, sino también de haber limitado previamente el crecimiento de las prestaciones al establecer el 0,25% de incremento anual y "empobrecer" a quienes reciben una pensión tras la implantación del factor de sostenibilidad.

Durante la protesta, Pelayo subrayó que los colectivos darán como plazo hasta el 20 de febrero para levantar el bloqueo legislativo y permitir que diez millones de pensionistas reciban el aumento correspondiente. De no ser así, las entidades volverán a convocar protestas el 23 del mismo mes. En declaraciones recogidas por Europa Press, Pelayo criticó al PP por, según él, implementar políticas de "terrorismo social" que profundizan las necesidades en los hogares de las personas mayores.

El Partido Popular defendió su voto contrario argumentando que el decreto ómnibus mezclaba asuntos no relacionados y pretendía, según sus portavoces, "mantener las okupaciones ilegales". A su juicio, el Gobierno debería presentar una norma específica centrada únicamente en el aumento de las pensiones, sin emplear a los pensionistas como "rehenes". Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, se dirigió al jefe del Ejecutivo con un mensaje directo: "Si le preocupan los pensionistas, revalorizamos las pensiones mañana mismo", manifestó en un acto electoral realizado en Figueruelas, Zaragoza, el día siguiente a la votación.

El desacuerdo parlamentario impactó de inmediato en la entrada en vigor de la revalorización del 2,7% para las pensiones y dejó sin efecto otras protecciones que el decreto contenía, como la prohibición de desalojos y la prórroga en los suministros básicos, medidas diseñadas para personas y familias en situación de vulnerabilidad.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, declaró que el Gobierno intenta recuperar el contenido íntegro del decreto para volver a presentarlo en el Congreso. De acuerdo con sus palabras, reproducidas por Europa Press, la intención es aprobar el mayor número posible de disposiciones al considerar que benefician tanto a la economía como al conjunto de los ciudadanos.

Las protestas no se limitaron a Madrid ni al colectivo de pensionistas. De acuerdo con Europa Press, el miércoles anterior distintos grupos participaron en una manifestación frente a la puerta del Congreso en contra de la derogación del escudo social y de la moratoria antidesahucios. Entre los participantes se encontraban integrantes del Sindicato de Inquilinas de Madrid, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), y el propio colectivo de pensionistas. Estos portavoces anunciaron la convocatoria de nuevas movilizaciones, que comenzarían el 30 de enero con una manifestación frente a la sede central del Partido Popular, a quienes responsabilizan del bloqueo de las políticas sociales en cuestión.

En el País Vasco, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria también desarrolló manifestaciones frente a las sedes del PP en las diferentes capitales vascas, mostrando su indignación por el rechazo a la subida de las pensiones incluida en el decreto. De acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, dicho colectivo reiteró su compromiso con la continuidad de las protestas y advirtió que, de persistir el conflicto parlamentario hasta el 20 de febrero, se movilizarán nuevamente.

Las acciones coordinadas entre colectivos de mayores y organizaciones afines reflejan una estrategia que busca presión sostenida para que el Parlamento revierta la actual situación legislativa y garantice el incremento de las pensiones, junto a otras medidas del denominado escudo social. Las organizaciones han hecho circular comunicados en todo el territorio español, instando a sus miembros y a la población afectada a mantener la movilización hasta que sus reivindicaciones sean atendidas.